La Fiscalía evitó que el juez Andreu decidiera sobre la extradición de los policías franquistas
La primera orden de detención dictada en la historia contra cuatro exmiembros de las Fuerzas de Seguridad franquistas permaneció durante al menos 48 horas en un cajón de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, sin que los graves delitos que en ella se describen fueran trasladados al juez de guardia. Ese retraso motivó que el caso no recayera en el magistrado Fernando Andreu y que finalmente haya sido el siguiente en el turno de guardias, Pablo Ruz, quien haya incoado el expediente de extradición contra Juan Carlos González Pacheco y Jesús Muñecas, tras comprobar que José Ignacio Giralte y Celso Galván ya han fallecido.
Fuentes de la Audiencia Nacional han asegurado a eldiario.es que la orden entró en Fiscalía el viernes y que se esperó hasta el lunes para redactar el informe en el que el Ministerio Público informaba al juez Ruz de su postura contraria a la detención de los tres expolicías y el antiguo guardia civil. Y se hizo así a pesar de que distintos magistrados coinciden en que cualquier orden que incluye una medida que afecta a la libertad reviste carácter de urgencia y debe ser trasladada por el fiscal de guardia al juez de forma inmediata. La guardia de Andreu finalizó a las 8 de la mañana del lunes.
Este diario consultó en tres ocasiones desde el jueves pasado, 19 de septiembre, hasta el lunes 23 a fuentes oficiales del Ministerio del Interior si la orden de Interpol había llegado, obteniendo siempre una respuesta negativa. Este miércoles volvió a preguntar a las mismas fuentes oficiales sobre el momento exacto en que Interpol España recibió la comunicación. La única respuesta obtenida fue: “Recientemente”. Hasta el martes por la mañana, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no confirmó públicamente que España ya tenía en su poder la orden de detención, cuatro días después de que la recibiera Interpol España, según las fuentes jurídicas consultadas.
La petición de extradición por parte de Argentina escapa así a un juez con amplia experiencia en asuntos de jurisdicción internacional. En 2009, Fernando Andreu imputó al ministro de Defensa israelí, Benjamin Ben-Eliezer, y a otros seis militares por un delito contra la Humanidad, en relación con un bombardeo en Gaza de 2002, que provocó 14 muertos. El asunto fue archivado por la Sala de lo Penal, que estimó el recurso de la Fiscalía.
Andreu intentó igualmente investigar el genocidio en Ruanda y llegó a dictar orden de detención contra miembros del Gobierno de ese país africano, también con el desacuerdo con la Fiscalía. En la actualidad instruye el caso Bankia y contra el criterio del Ministerio Público decidió abrir una pieza separada para investigar la venta de preferentes por las cajas de ahorro que habían sido el origen de la entidad.
El recorrido de la “noticia roja”
El periplo de la orden de detención contra los cuatro presuntos torturadores comenzó el miércoles anterior, 18 de septiembre. Ese día, la jueza argentina María de Servini encomendó a Interpol el “arresto preventivo” de los cuatro exagentes con el fin de tomarles declaración sobre los hechos descritos en su auto, un relato de numerosas torturas a jóvenes militantes de la izquierda durante los estertores del franquismo.
Tras la orden de la jueza Servini, Interpol Argentina remitió la “noticia roja” -como califica el organismo internacional a las órdenes de detención y entrega-, a su central internacional en Lyon. Allí, la orden pasó un primer filtro centrado en analizar si una “noticia roja” responde a la persecución de un ilícito penal y no a otras motivaciones, como por ejemplo, la represión ideológica. El escrito superó ese trámite y fue difundido a todas las sedes que Interpol tiene repartidas por el mundo, incluida la española, ubicada en el complejo de Canillas, el ‘cuartel general’ del Cuerpo Nacional de Policía.
A diferencia de otras órdenes, ésta provocó un secretismo que impidió conocer su contenido a cualquier policía no perteneciente a la cúpula del Cuerpo, según relataron a eldiario.es varias fuentes policiales. Interpol España aplica en todas las “noticias rojas” un segundo filtro, tras el de Lyon, a todas las órdenes de detención que le llegan. Tras examinar los hechos que describía y la identidad de los individuos para los que solicitaba el arresto, Interpol España tomó una decisión: “No se graba”. Eso significa que la orden de detención no se incorporaría a los archivos informáticos de la Policía que permitirían a cualquier agente conocer que los reclamados están en busca y captura. ‘Billy el Niño’ y los demás estaban a salvo.
Policías que han estado en contacto con ese procedimiento durante años aseguran a eldiario.es que en situaciones excepcionales, cuando el contenido de la “noticia roja” les genera dudas, dan traslado a la Audiencia Nacional y quedan a la espera de que un juez decida ordenar el arresto. Por el contrario, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, dijo el viernes a primera hora de la tarde que la orden de detención contra los presuntos torturadores se pondría en conocimiento de la Audiencia Nacional, a través de la Fiscalía, “como ocurre en todos los casos”.
El lunes, el fiscal designado para informar al juez fue Carlos Bautista, que se ausentó así de la última sesión del juicio por el 'caso Faisán'. En su escrito, Bautista alude a la falta de de descripción de los hechos en la orden de detención y la Ley de Amnistía. Este miércoles, el juez Pablo Ruz, una vez fue informado por Fiscalía de la orden de Interpol y de su postura contraria a las detenciones, incoó el expediente de extradición. Igualmente, ordenó a Interpol que informara a Argentina de que dos de los agentes reclamados han fallecido y quedó a la espera de que la Justicia de ese país tramite, vía diplomática, la petición de extradición.
Fuentes jurídicas explicaron que no hay plazo de tiempo máximo para el trámite porque los requeridos no se encuentran detenidos. Cuando llegue la solicitud desde Buenos Aires, el juez Ruz citará a los dos presuntos torturadores que aún viven. ‘Billy el Niño’ y el ex golpista Muñecas tendrán que comparecer en el despacho del magistrado, que les notificará la orden de extradición. Podrán hacerlo en compañía de un abogado y con los documentos que deseen incorporar al expediente. Entonces, el magistrado podrá ordenar su arresto preventivo hasta que se resuelva el mismo. Aún si lo hiciera y después acordara la extradición de González Pacheco y Muñecas, ésta no podría materializarse sin el acuerdo del Consejo de Ministros.
