La Fiscalía pide que se impute al exvicepresidente de Castilla y León por el caso Perla Negra

La Fiscalía de Valladolid ha pedido al juez instructor del caso Perla Negra que impute al exconsejero de Economía y exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, al considerar que habría cometido los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración y malversación de caudales públicos, y sin descartar el cohecho y el blanqueo de capitales.

La investigación sobre Villanueva planeó siempre sobre el caso del edificio de Soluciones Empresariales conocido como Perla Negra, y en el que, hasta el momento, se ha detectado un sobrecoste de varios millones de euros a través de dobles facturas. El exconsejero, que dejó la política poco antes de que saliese a la luz la Trama Eólica, era la mano derecha del presidente Juan Vicente Herrera, tanto es así, que el pasado 31 de mayo aseguraba en una comisión de Economía sobre la querella eólica, que tenía plena confianza en él.

El escrito de la fiscal jefe es demoledor. A lo largo de 25 páginas pone de manifiesto que fue él, como consejero de Economía, quien decididió alquilar y luego comprar un edificio sin tener competencias para ello, utilizando una sociedad pública de la Junta que tampoco estaba legitimada para esa operación, y además falseando un concurso público, entre otras cosas.

Hasta el momento, con las facturas analizadas, y los informes de la Intervención General de la Adminstración del Estado (IGAE), se habrían pagado 10 millones de más por el edificio, aunque en esta cantidad no se han incluido los 4,4 millones de una adjudicación a dedo a Unifica Servicios Integrales, el estudio de arquitectos que reformó con pagos en negro, la sede del Partido Popular en la calle Génova, o la adjudicación de distinto mobiliario para la guardería del edificio y otras dependencias, pendientes de tasación.

El edificio empezó a fraguarse en 2005, con un informe de la Agencia de Desarrollo Económico que justificaba su necesidad, por estar repartida esta en varios locales. El expediente se puso en marcha dos días después por parte del entonces director de la Ade, Rafael Delgado, principal imputado también en la Trama Eólica. Ese mismo día, Tomás Villanueva firmó el acuerdo para autorizar el expediente de concurso público iniciado por Delgado para arrendar un edificio con opción de compra. Tras un informe jurídico favorable, el concurso se licitó, pero restringió la presentación de proposiciones a 15 días, cuando lo habitual son 30.

Al concurso concurrió un único estudio, Lamela, que se hizo con la adjudicación. Pero es que meses antes, había emitido una factura a la que fue la promotora del edificio, Urban Proyecta PM3 SL, por 31.320 euros con el concepto “honorarios por la fase de concurso Proyecto Ade-Valladolid” y firmó poco después, pero antes de que se convocase el concurso, un contrato de servicios profesionales con la promotora, en el que esta manifestaba ser propietaria de unos terrenos en Arroyo de la Encomienda (localidad a 5 kilómetros de Valladolid) donde estaba previsto construir un edificio de oficinas y un aparcamiento. En esas fechas, el tereno era la constructora Mahía, la misma que formó parte del 'Caso Arroyo' y por el que el alcalde acabó en prisión, aunque los adquirió poco después. Para la fiscal, Urban Proyecta “tuvo información que sólo pudo facilitarse por quien tenía facultad de decisión: el Presidente, Tomás Villanueva y Rafael Delgado”. Pero es que además el representante de Lamela, en su declaración judicial manifestó que tuvo en su poder el pliego de condiciones el 26 de diciembre de 2005 y el concurso no se publicó hasta el 30. Por otro lado, la promotora se había constituido cinco meses antes. Aunque se firmó un primer contrato, las partes lo resicindieron, por razones como modificaciones introducidas a posteriori y valoraciones erróneas. El expediente se archivó en julio de 2006, pero cuatro días después, Villanueva, sin haber solventado objeciones sobre el precio de mercado de alquiler y compra, adjudicó a Urban el contrato, pero a través de Gesturcal, una sociedad instrumental de la Junta dedicada a la gestión de suelo y que no tenía esa competencia (adquirir inmuebles) en su objeto social, un problema que se solventó invocando que Gesturcal podría tener ese edificio como sede.

El edificio empezó a ocuparse en 2009

Para la Fiscalía, todas las condiciones sobre el alquiler y la compra del edificio, respondieron a “decisiones personales” de Villanueva aunque se canalizaron a través del consejo de administración de Gesturcal/Ade Parques aprovechando que en ambos estuvieron Rafael Delgado y la que sería vicenconsejera, también imputada, Begoña Hernández, pero “conculcan gravemente la legislación”. Ni Ade ni Gesturcal debieron tener la encomienda de Economía, y menos tratandose de empreas públicas de derecho privado. Por si eso fuera poco, en ese momento, Economía no podia comprar el edificio, sólo podía hacerlo la Consejería de Hacienda, y nunca delegó.

En conclusión, los investigados compraron a través de Gesturcal “utilizando la situación de superioridad” respecto a los miembros del consejo de administración“ y ”disfrazaron la adjudicación directa“.

La promotora “sabía que iba a ser adjudicataria y beneficiaria” y “sabía que le iba a suponer importantes beneficios, porque no se explica, desde el punto de vista empresarial, que adquiera el terreno por 12 millones de euros, cuando su adquiriente previo había pagado 600.000”, dice el escrito. Además recuerda que los miembros de Gesturcal declararon que la decisión de comprar el edificio vino de “la Consejería”, de “la Junta”, “del consejero”, y subraya que uno de ellos, Pablo Trillo, llegó a hablar con Villanueva para indicarle lo elevado del precio del alquiler y de la compra, y acudió al presidente Herrera para trasldarle su preocupación por el excesivo gasto y cometarle que las negociaciones se hacían por orden del consejero.

Por otro lado, la Fiscalía también se ha dirigido a la Junta de Castilla y León para que se pronuncie sobre una posible indemnización por el dinero supuestamente malversado, los hasta ahora contabilizados 10 millones de euros (sin contar los 4,4 de Unifica, ni de la operación de los terrenos para el polígono industrial de Portillo, que forman parte de la causa). Esta es la parte que más puede complicar la posición de la Junta, que siempre ha dicho que no hubo sobrecostes. Si la Junta mantiene que no hubo nada ilegal, la Fiscalía no podrá pedir que se reponga el dinero público.