La Fiscalía recurre a la Ley de Amnistía para oponerse a la entrega de los presuntos torturadores
Primer revés a la posible extradición a Argentina de varios antiguos miembros de las Fuerzas de Seguridad franquistas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional rechaza la entrega porque los delitos que presuntamente cometieron los exagentes no están suficientemente descritos en la orden de Interpol, algunos no existen en el Código Penal español y, además, la Ley de Amnistía española actúa de cortafuegos ante la exigencia de responsabilidades penales por los mismos.
Estos son los argumentos que el fiscal Carlos Bautista exhibe en el informe entregado hoy al juez Pablo Ruz, de guardia esta semana en la Audiencia Nacional. En él, dice que el convenio bilateral de extradición firmado entre España y Argentina exige que el país requiriente haga “un relato de hechos y circunstancias precisas de tiempo y lugar de comisión”. Fuentes de la Fiscalía explicaron a eldiario.es que no entra a valorar el auto de la jueza Servini sino el resumen que del mismo hace la orden de Interpol.
Servini reclama a Juan Antonio González Pacheco, ‘Billy el Niño’; José Ignacio Giralte, Jesús Muñecas y Celso Galván por homicidio agravado, privación ilegal de la libertad calificada por la aplicación de torturas y sustracción de menores. De éste último no existe un delito análogo en el Código Penal español, según las citadas fuentes.
Asimismo, el fiscal considera que la detención preventiva de los exmiembros de las Fuerzas de Seguridad no es “necesaria”. Será el juez Pablo Ruz quien decida finalmente sobre los posibles arrestos. Para fallar sobre la extradición deberá aguardar al trámite administrativo. Este pasa porque una vez incoado el expediente, el Ministerio de Justicia español requiera al Gobierno argentino la solicitud formal de extradición, para lo que el Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner tendrá 40 días desde que sea informado por vía diplomática.
Si el Gobierno argentino sigue adelante, la pelota caerá en el tejado del Ejecutivo de Mariano Rajoy, en concreto en el Ministerio de Justicia. Alberto Ruiz Gallardón podrá entonces denegar el trámite de la extradición o dejar que el proceso siga adelante en la Audiencia Nacional. Ruz decidirá entonces, con el informe negativo de Fiscalía, sobre la posible entrega. Una negativa dejaría casi sentenciada la entrega a Argentina, ya que al no tratarse de un proceso penal se complica la personación de los torturados y por tanto la presentación de un recurso a la decisión del magistrado.
