La Fiscalía maniobra sin éxito para enterrar el caso Netanyahu entre presiones de Israel
“Lo consideramos una provocación. Estamos trabajando con las autoridades españolas para anularlo. Esperamos que se resuelva pronto”. Esta es la respuesta que ofreció el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí cuando el diario The Jerusalem Post le preguntó el pasado 14 de noviembre por la orden de la Audiencia Nacional para que las Fuerzas de Seguridad española incluyeran en sus “archivos automatizados” a Benjamin Netanyahu y seis de sus colaboradores. Para entonces, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya había remitido un escrito al juez José de la Mata para que dejara “sin efecto” su instrucción.
Esta redacción se puso en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores español para conocer en qué consistía la iniciativa de Israel, pero ero el departamento dirigido por José Manuel García Margallo prefirió no hacer comentarios. Consultada la Embajada de Israel en España, ésta eludió igualmente un pronunciamiento, al tiempo que se remitía a las declaraciones de Emmanuel Nachson, el portavoz de la Cancillería israelí.
La petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para eliminar cualquier posibilidad de que Netanyahu sea detenido si visita España es un cambio radical de criterio en el órgano dirigido por Javier Zaragoza. Y se produjo dos días después de que el Juzgado de De la Mata librara un oficio con instrucciones para ser avisado inmediatamente si el primer ministro o alguno de los otros seis querellados pise.
En realidad, se trata de la materialización de algo que el juez había advertido en junio: la reforma de la justicia universal le obligaba a archivar la causa por el ataque a la Flotilla de la Libertad, pero solo de forma provisional. Con el nuevo texto en la mano, si Netanyahu o cualquiera de los otros ponía un pie en España, podía reabrir el caso. En su auto del 10 de junio, De la Mata advertía de la gravedad de los hechos -9 muerrtos, decenas de heridos y centenares de detenidos ilegalmente- y de que no dudaría en reabrir la causa en cuanto tuviera oportunidad. Se trataba de una actuación del Ejército israelí sospechosa de constitutir un delito de torturas y otro de lesa humanidad.
Aquella resolución del juez no fue recurrida por la Fiscalía, a pesar de que tenía esa posibilidad. Sí lo hizo una de las acusaciones populares, descontenta por el hecho de que Netanyahu no resultara imputado. Pues bien, la Fiscalía no solo evitó recurrir el auto de De la Mata sino que impugnó el recurso de la acusación popular y solicitó a la Audiencia Nacional que confirmara la decisión del magistrado instructor. El 7 de julio, la Sala de lo Penal confirmó la resolución del juez, según la cual, la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberían “comunicar a este Juzgado Central de Instrucción la posible presencia en territorio español de las personas contra las que se dirige la querella”.
Cuatro meses después, la posición de la Fiscalía es otra: “La medida acordada solo puede concepturase de medida cautelar acordada contra los querellados, mediante ausente de respaldo legal y de muy difícil ejecución, al no estar contemplada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. El escrito fiscal, al que ha tenido acceso eldiario.es, lleva fecha de 5 de noviembre, esto es, dos días después de que De la Mata ordenara por primera vez a las Fuerzas de Seguridad la inclusión de Netanyahu y sus colaboradores en los ficheros policiales.
“Benjamin Netanyahu, hijo de Benzion y Zila”
La Policía contestó a esa primera orden del día 3 que los datos que obraban en su poder eran incompletos y que así no podían incluir la filiación de 'Bibi' Netanuyahu y el resto en los ficheros. El 11 de noviembre, el Juzgado les envió una relación más completa. “Benjamin Nentanyahu. n/ Tel Aviv (Israel) el 21-11-1949, hijo de Benzion y Zila” , se podía leer en el caso del primer ministro. Al día siguinete, eldiario.es adelantaba la decisión del juez y 24 horas más tarde, el escrito de la Fiscalía entraba en el despacho de De la Mata. El portavoz Nachson habló para The Jerusalem Post el día 14, cuando, según sus propias declaraciones, los contactos con España llevaban un tiempo produciéndose.
Al juez no se le ha escapado el cambio radical de la Fiscalía. En el auto en el que desestima las pretensiones del Ministerio Público afirma que su petición “resulta extemporánea”. “El fiscal no solo consintió, sino que expresamete solicitó por dos veces su confirmación. No es posible pues tener por interpuesto recurso de reforma o, para el caso, admitir la pretensión de modificación de una resolución que ha devenido en firme”, corrige al fiscal que firma el recurso, Pedro Martínez Torrijos.
El historial de actuaciones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para tumbar casos de justicia internacional que molestan a potencias extranjeras se remonta al escándalo de los cables de Wikileaks. Funcionarios de la Embajada estadounidense enviaron una información a Washington en la que relataban su encuentro con el fiscal jefe, Javier Zaragoza, el 1 de abril de 2009. Habían acudido a su despacho por la causa abierta por el entonces juez Baltasar Garzón, quien se declaró competente en investigar el caso de Guantánamo por el encierro que allí sufrieron ciudadanos de nacionalidad española.
“Zaragoza dice que la querella está bien documentada y no tendrá otra opción más que abrir el caso. Sin embargo, visiblemente molesto con el hecho de tener que enfrentarse a este asunto, dijo que no tenía prisa para proceder y que en cualquier caso él propondría que la causa no fuera asignada a Garzón. Admitió que Garzón podía reclamarla, pero insistió en que él pediría que se ocupara Ismael Moreno, que estaba siguiendo el caso de los vuelos de la CIA. Zaragoza aseguró que si Garzón obvia sus peticiones, él apelaría”. Estas supuestas afirmaciones de Zaragoza se cumplieron dos semanas después del envío del cable.
Además, según el cable, Zaragoza recomienda a los funcionarios estadounidenses que su país abra una causa por los mismos hechos, lo que imposibilitaría la aplicación de la justicia universal por parte de Garzón. “Es la fórmula que él preferiría”, escriben desde la Embajada de la calle Serrano. Y algo más: el fiscal jefe de la Audiencia Nacional citó la investigación a unos oficiales israelíes imputados por un ataque a Gaza en 2002. “Iba a pedir que se cerrara el caso en cuanto tuviera conocimiento formal de que Israel ha abierto su propia investigación”, escribieron los funcionarios estadounidenses.
