La Fiscalía informará al PP de que ahora debe querellarse contra Tania Sánchez en un juzgado ordinario
La decisión de Tania Sánchez de abandonar Izquierda Unida para formar un nuevo partido y dejar su acta de diputada en la Asamblea de Madrid tiene una consecuencia judicial inmediata: la querella que presentó el PP contra ella saldrá del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y deberá acabar en un tribunal ordinario. La Fiscalía del TSJM iba a fijar en los próximos días su postura sobre la admisión a trámite, pero la noticia de que Sánchez dejará de ser aforada ha provocado que detenga el análisis de la querella.
El motivo es que la Fiscalía del TSJM no quiere inmiscuirse en el trabajo que debe realizar el fiscal al que corresponda el caso, según fuentes del Ministerio Público. En este sentido, y tras conocer por los medios de comunicación la renuncia de Sánchez, la Fiscalía del TSJM se dirigirá de inmediato a la Sala de lo Civil y Penal para que oficie a la Asamblea de Madrid y esta certifique la renuncia de la todavía diputada autonómica. Cuando lo haga, la propia Fiscalía informará al querellante, en este caso el Partido Popular, de que debe dirigirse al juzgado que corresponda a Rivas Vaciamadrid, por ser el lugar donde se cometieron presuntamente los hechos que recoge el escrito.
La decisión de Sánchez retrasa inevitablemente un eventual proceso judicial contra ella y el resto de los querellados. Si el Partido Popular sigue adelante, deberá dirigirse a los juzgados correspondientes. Allí se asignará por reparto el caso a un magistrado que, a su vez, consultará al fiscal de zona sobre la posible admisión a trámite de la querella. Fuentes jurídicas señalan que la diligencia con la que se llevan los asuntos en el TSJM no puede aplicarse a un juzgado ordinario por una cuestión de medios. La decisión de la admisión a trámite se podría retrasar a después de las elecciones autonómicas, lo que no habría ocurrido de haber continuado Sánchez como aforada.
Por otra parte, el Código Ético de Izquierda Unida, aprobado en 2011, obliga a sus cargos a “asumir las responsabilidades políticas a que hubiere lugar en casos de corrupción”. Y concreta: “Con dimisión cautelar de los cargos públicos y cargos de libre designación en caso de imputación y procesamiento por delitos de corrupción política o urbanística”. La querella del PP también se dirigía contra el hermano de la política, su padre, dos funcionarios del Ayuntamiento de Rivas y el actual regidor, Pedro del Cura. La condición de aforada de Sánchez 'arrastraba' a todos ellos al TSJM.
El informe de la Fiscalía del TSJM que ha detenido la renuncia de Sánchez dependía directamente del fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, que podría haber firmado dicho informe. Lo hizo al no apreciar delito en la fuga de Esperanza Aguirre y en los dos procesos penales contra el juez Elpidio José Silva. Ahora Moix no podrá firmar el escrito, aunque el carácter jerárquico de la Fiscalía hace que todos los miembros del Ministerio Público en la Comunidad de Madrid dependan de él.
