La Fiscalía investiga si la cesión de locales públicos para el 9-N constituye delito
La Fiscalía Superior de Cataluña, a instancias de la Fiscalía General del Estado, ha abierto diligencias de investigación para determinar si el uso de locales públicos por parte de la Generalitat de Cataluña para la celebración de la consulta del 9N puede ser constitutiva de delito.
Así, el objetivo es investigar si la cesión de espacios municipales, como centros educativos públicos u otros locales de las administraciones públicas, para colocar las urnas sería delito en un marco de suspensión del Tribunal Constitucional.
Esta misma semana, el Constitucional acordó de forma unánime suspender la consulta tras admitir el recurso presentado por la Abogacía General del Estado, así como todas las actuaciones relacionadas con ella.
Pero el viernes el Govern aseguró que no soltará la batuta del 9-N pese al ofrecimiento del Ejecutivo central de no actuar contra el proceso participativo si es impulsado por la sociedad civil. El president Artur Mas garantizó a la entidades del Pacte Nacional pel Dret a Decidir que será su Ejecutivo quien estará al frente de la convocatoria de este domingo, aunque dejará el protagonismo a los voluntarios en la última parte del proceso.
