La Audiencia Nacional rechaza dejar en libertad a Sànchez y Cuixart
La Audiencia Nacional ha rechazado dejar en libertad a los líderes ANC, Jordi Sànchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, como había solicitado sus defensas, que en la vista de este viernes han alegado que la aplicación del 155 por parte del Gobierno central cambia la situación política en Catalunya y reduce el riesgo de reiteración delictiva. La Fiscalía, por su parte, ha insistido en que deben continuar en prisión provisional.
Tras escuchar a los abogados y a los fiscales, los cinco magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional -María José Rodríguez Dupla, Ángel Hurtado, José Ricardo de Prada, Julio de Diego y Antonio Díaz- han decidido rechazar su puesta en libertad.
Los magistrados elaborarán ahora un auto en el que exponen una decisión que no se ha tomado por unanimidad. Uno de los cinco jueces, José Ricardo de Prada, ha discrepado y emitirá un voto particular contra la decisión de rechazar el excarcelamiento.
Las defensas de Sànchez y Cuixart pidieron una vista para defender que sus clientes debían salir de prisión, donde llevan desde el pasado 16 de octubre acusados de un delito de sedición. La juez que instruye la causa es Carmen Lamela, que la ha unido la causa que investiga por rebelión al Govern, y que ha acabado con Oriol Junqueras y siete consellers en prisión incondicional.
Los abogados argumentaron que sus clientes, lejos de impedir el trabajo de la comisión judicial durante la operación contra el referéndum, facilitaron la salida de los agentes de la Consellería de Economía el pasado 20 de septiembre.
El 155 cambia la situación política
Durante la vista han insistido en este argumento, y han esgrimido también que el cambio de situación política en Catalunya, como consecuencia de la aplicación del 155, imposibilita que su cliente incurra en reiteración delictiva, con nuevos movimientos para apoyar el proceso independentista.
Las defensas ha alegado también que no existe riesgo de fuga, porque tanto Sànchez como Cuixart han acudido a las dos citaciones de la jueza Lamela, y tienen familia y trabajo en España. Aseguran también que no hay riesgo de destrucción de pruebas. Los abogados han criticado durante la vista que la jueza no ha argumentado suficientemente las razones para decretar la prisión provisional.
En respuesta al último recurso que presentaron, la Fiscalía insiste en que los líderes sociales del independentismo convocaron manifestaciones para “impedir” el trabajo de la comisión judicial durante la operación policial contra el referéndum, además de “impedir el normal ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas”.
El escrito también apuntó a que “tampoco se puede entender como manifestación pacífica, el impedir la salida de la comisión judicial cuando había terminado su registro en el Edificio de Economía y Hacienda al grito de ”no sortireu“ (no saldréis)”.
