La Fiscalía acusa de desviar fondos al ex secretario general de la Asociación Catalana de Municipios

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra el ex secretario general de la Asociación Catalana de Municipios (ACM) Josep Maria Matas y el ex “número dos” del departamento catalán de Cultura Xavier Solà por supuesto desvío fondos de dicha entidad en beneficio propio.

En su querella, el fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled acusa de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad y negociación prohibida a funcionarios al ex secretario general de la ACM Josep Maria Matas, que dimitió como coordinador de la Diputación de Barcelona a raíz de ser investigado, y al que fuera jefe de los servicios jurídicos de la ACM, Xavier Solà, que no fue renovado en su cargo en Cultura tras las últimas elecciones.

Para el ministerio público, ambos querellados utilizaron sus cargos en la ACM, entidad que en su mayoría agrupa a ayuntamientos nacionalistas, para “desviar de forma continuada fondos de la entidad a su bolsillo particular” mediante la facturación de servicios a la institución a través de empresas instrumentales.

La querella, presentada en los juzgados de Barcelona, mantiene además que Matas y Solà utilizaron sus cargos en la Fundación Privada de Vivienda Pública de Cataluña (FPHP) para procurarse “interés económico en operaciones inmobiliarias” de la entidad.

El fiscal, que incluye en su querella a otras tres personas implicadas en el presunto desvío desde las empresas instrumentales, acusa a Matas de “autoconcederse una retribución laboral desproporcionada” como secretario general de la ACM, cuyo sueldo se triplicó en seis años hasta alcanzar en 2011 los 273.800 euros.

Concretamente, el fiscal cree que Matas interpuso varias sociedades instrumentales para facturar servicios a la ACM cuyo precio se incrementaba ilícitamente o que simplemente eran “completamente irreales”, con lo que entre los años 2005 y 2009 logró desviar hacia su bolsillo un total de 476.001,23 euros.

Para ello, añade, el querellado “abusaba de su condición de secretario general de la ACM e indicaba a los proveedores que giraran sus facturas” a una empresa de su propiedad, un procedimiento que le permitió desviar fondos en servicios como resúmenes de prensa o impresión de directorios telefónicos.

Entre esos servicios facturados por Matas a la ACM figura la edición de varios manuales para los que la Generalitat concedió una subvención de 60.000 euros y la entidad municipalista otros 81.160, pero que nunca fueron “diseñados, editados ni publicados”, añade la querella.

La Fiscalía sostiene en su querella que Matas y Solà, puestos de común acuerdo y “abusando de sus cargos y facultades, decidieron sacar partido” a un convenio de colaboración firmado con el Departamento de Política Territorial, que desembolsó 2,7 millones de euros en total para financiar un catálogo de masías y casas rurales.

Las mercantiles controladas por los querellados, añade el fiscal, giraron a la ACM “facturas aparentemente derivadas de la prestación de servicios relacionados con la confección de catálogos, cuando en realidad no habían prestado ningún servicio”.

De esa forma, una de las sociedades vinculadas a Matas facturó 214.771 euros a la ACM por 72 trabajos relacionados con los catálogos y Solà hizo lo mismo por otros 65, por los que la entidad municipalista pagó 189.912 euros.

Los trabajos por los que Matas y Solà facturaron indebidamente habían sido desarrollados por los equipos redactores de los ayuntamientos y consejos comarcales o por el personal de la ACM, sin intervención alguna de las mercantiles de los querellados.

Según la Fiscalía, ha podido “establecerse con nitidez el destino final dado a los fondos ilícitamente obtenidos de la ACM”, que en el caso de Matas se destinó a pagar los créditos de sus empresas y a la adquisición de vehículos de alta gama y, en el de Solà, a la compra de una segunda residencia en Cadaqués (Girona).

La querella añade que Matas y Solà, también concejal de CiU en Vic (Barcelona), utilizaron sus cargos en la Fundación Privada Vivienda Pública, una entidad creada por la ACM para promover pisos sociales en Cataluña, para adjudicar a sus empresas servicios profesionales relacionados con esas promociones, que sin embargo nunca prestaron.

El fiscal añade que el proyecto resultó “un desastre, muy probablemente por su escasa capacidad técnica”, dado que tuvieron que recurrir a terceros para asumir las tareas encomendadas y, finalmente, sólo tres personas se interesaron por acceder a esas viviendas de protección oficial.