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Manuel Fraga recibió donaciones en persona para financiar al PP

Manuel Fraga, en un cartel de campaña de 1989.

Antonio Ruiz del Árbol

Manuel Fraga Iribarne recibía personalmente donaciones en sus encuentros con empresarios y particulares para la financiación del Partido Popular, implicándose directamente en tareas de recaudación. Tanto José María Aznar como él mismo aseguraron en multitud de ocasiones que nunca habían ejercido este papel, con el fin de desligarse de la actividad de los tesoreros del PP, implicados todos ellos en casos de financiación ilegal. Un cheque a nombre de Fraga demuestra que no fue así.

El documento forma parte de los papeles que durante 25 años ha escondido el primer tesorero del PP, Rosendo Naseiro, y que estos días está desvelando en exclusiva eldiario.es. La actividad como recaudador del PP de Fraga queda acreditada con el cheque cruzado a su nombre por el que recibió medio millón de pesetas en abril de 1989. Así lo atestigua también que dos días más tarde ese cheque fuera ingresado en la cuenta a nombre del Partido Popular en el Banco de Vitoria.

Según señalan fuentes conocedoras de los procedimientos de financiación en aquella época, aquella era una de las cuentas abiertas por la formación conservadora para acoger los dineros que se dedicaban a los pagos del gasto electoral de los comicios gallegos de diciembre de 1989, en los que Fraga resultó ganador. Unas elecciones, las primeras que ganó el PP en su historia, donde el partido incumplió la legislación electoral al gastar en su campaña más del doble del límite permitido.

La fotocopia del cheque de Banesto a nombre de Fraga y el recibo de ingreso fueron guardados por el entonces tesorero nacional, Rosendo Naseiro. Forma parte del lote de documentos desvelados estos días por eldiario.es. El tesorero guardó ambos documentos como prueba de que el mismísimo presidente del partido, Manuel Fraga, participaba en las tareas de recaudación de donativos. Naseiro, ante notario, también implicó en esas tareas al sucesor de Fraga, José María Aznar, al que responsabilizó de ser la persona que supervisaba y daba todas las directrices en materia de financiación del partido.

Estos documentos también hacen buenas las declaraciones realizadas ante el Congreso de los Diputados en 1990 por Ángel Sanchis, tesorero de Alianza Popular entre 1982 y 1987. “Hemos recibido dinero los partidos políticos de señores que lo dan”. Sanchis, imputado en su día en el caso Naseiro y ahora en el caso Gürtel, admitió haber enviado miles de cartas solicitando fondos y haber organizado cenas para “esquilmar a los amigos, a los conocidos y a los conocidos de los amigos”. “No sé dónde está el problema. Recibir dinero era perfectamente legal. No lo he negado nunca”.

Descontrol

A pesar de las reiteradas declaraciones de las sucesivas direcciones del partido prometiendo control y transparencia sobre los ingresos que recibían de particulares y empresas a través de donaciones, las sucesivas imputaciones de los tesoreros y las noticias sobre el uso de contabilidades alternativas demuestran que, si alguna vez hubo voluntad de hacer limpieza, los buenos propósitos nunca culminaron con éxito.

En las auditorías internas que encargó el tesorero Rosendo Naseiro en los primeros años del PP queda claro que la supervisión sobre los donativos era tremendamente laxa. En la de Barcelona se asegura que “se han recibido 6.136.425 pesetas de donativos en 1989. El control de la recepción es débil, ya que no se emplean documentos prenumerados con original y copia, para recibirles”.

En la auditoria realizada en la sede provincial de Vizcaya puede leerse: “Se han obtenido 522.256 pesetas por donativos en 1989. Es decir, un 8% de todos los ingresos. En nuestra opinión estos ingresos pueden incrementarse a pesar de las dificultades que se exponen en la sede (que se realizan en Madrid, que somos una minoría, etc…). No se emplean recibos prenumerados y duplicados para el cobro de los donativos”.

En abril de 1990, tras el estallido del caso Naseiro, el nuevo presidente del PP, José María Aznar, encargó a Alberto Ruiz-Gallardón, entonces responsable del comité de conflictos de la formación popular, que elaborara un informe en el que debía analizar los pormenores del caso y redactar una “Propuesta de Normas Éticas de la Actividad Política”. Fue el primer “código ético” con el que el partido intentó atajar un caso de corrupción, del mismo modo en que lo hizo años después cuando estalló el caso Gürtel.

El informe de Gallardón afirma que entre el 30 de mayo de 1989 y el mes de abril de 1990 el PP había recibido donaciones por 20,3 millones de pesetas y que estas cantidades “corresponden a donantes conocidos e identificados, que por evidentes razones de discreción no se relacionan en este informe”.

Los deseos de veracidad, regeneración y ética que debían impulsar el informe de Gallardón quedan en entredicho. Ahora sabemos por los papeles que guardó Naseiro que entre marzo de 1987 y diciembre de 1988 la dirección de Alianza Popular ingresó sin ningún tipo de control ni de identificación 140 millones de pesetas (la mitad de esta cantidad, en efectivo) en una cuenta opaca abierta en el Banco de Fomento.

También conocemos que en 1989 la Tesorería Nacional del Partido Popular envió a Manuel Fraga 500 millones de pesetas para financiar la campaña electoral de los comicios gallegos de ese año. Rosendo Naseiro, que en aquel ejercicio era el jefe de las finanzas del partido, aseguró en un documento titulado “Comentario al cierre del ejercicio económico de 1989” que había mandado “aportaciones por 500 millones de pesetas de la Tesorería Nacional al partido de Galicia para atender los gastos de precampaña y campaña Gallegas”.

Más tarde, el propio Naseiro remitió el balance oficial del ejercicio para su fiscalización por el Tribunal de Cuentas del Estado, en el que solo se consignaban 199 millones de pesetas para este gasto de esos comicios.

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