Galicia, territorio único de bomberos privados
Quinientos bomberos llevan años clamando para que se les rescate. La paradoja se da en Galicia, la única comunidad que mantiene privatizado el servicio de extinción y de emergencias a través de consorcios provinciales que financian a la mitad la Xunta y cada una de las cuatro diputaciones. Tres empresas se reparten 23 parques comarcales distribuidos por todo el territorio que, como el resto del dispositivo que según la Xunta está integrado por 7.000 efectivos, también se han visto desbordados esta semana por la oleada de incendios que sacude la comunidad.
Aunque el grueso de la extinción en los montes de Galicia compete a los agentes forestales y a los medios aéreos y terrestres, esta red de instalaciones comarcales presta labores de apoyo con sus exiguas plantillas además de ocuparse de las emergencias de su territorio: cada parque cuenta con unos 20 efectivos que se distribuyen las guardias de tres en tres. La cuadrilla de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), por ejemplo, no ha parado en los últimos días. Sus efectivos han realizado jornadas ininterrumpidas de 24 horas la pasada semana para aplacar las llamas en el monte Xiabre en uno de los grandes incendios del verano iniciado en Caldas de Reis y que se descontroló. Y ha servido de apoyo en otros fuegos que se han repetido en la comarca.
Sus 17 bomberos están contratados por la empresa Matinsa, una filial de Fomento de Construcciones y Contratas, el gigante que controla Esther Koplovitz y en el que Carlos Slim entró este año como accionista. En el último contrato en 2013, Matinsa se hizo con la gestión de cuatro de los servicios en la provincia de Pontevedra por un período de ocho años prorrogable y un importe total de 21 millones de euros.
El controvertido sistema de gestión privada, sin parangón en ningún otro lugar de España (salvo una experiencia en Villares de la Reina en Salamanca), nació con el Gobierno de Manuel Fraga en los primeros años 2000. Entonces, una empresa carrocera, Veycar, que vendía vehículos a la Xunta pasó a prestar el servicio completo tras ganar concursos públicos y empezó a contratar personal. Ahí empezaron a consolidarse los primeros bomberos privados que hay en España.
La fórmula se ha perpetuado pese las protestas continuas del personal de las emergencias. Esta misma semana la Plataforma Intersindical de Bomberos de Galicia, donde están representadas todas las centrales, suspendió la huelga indefinida que mantienen los parques privatizados para no perjudicar la lucha contra el fuego.
Junto a Veycar, Seganosa y Celta Prix fueron las otras subcontratas que recibieron parques. Esta última firma, dedicada también a la gestión de residuos urbanos, presentó suspensión de pagos en 2012 -cuando gestionaba tres estaciones- acuciada por los impagos de las administraciones. Sus trabajadores habían denunciado reiteradamente que la empresa les restringía incluso ciertos desplazamientos para no gastar gasolina. Las guardias las hacían los bomberos de dos en dos.
El último pliego de condiciones del concurso público amplió los requisitos a tres y situó a Matinsa al frente de los parques que gestionaba Celta Prix. Los trabajadores aseguran que en las salidas a los accidentes lo tienen muy complicado para sacar a los ocupantes de los vehículos. Sin contar con que el parque queda vacío cada vez que hay una emergencia.
Aparte de las condiciones económicas –los bomberos privados cobran unos 1.300 euros al mes– pagas extraordinarias incluidas frente a los funcionarios que perciben casi el doble, su carrera se estira hasta los 67 años: no se pueden jubilar a los 60 como lo hacen los del sector público.
El modelo ha enseñado sus costuras en distintas crisis que ha sufrido la comunidad, porque sus sistemas de comunicaciones no son compatibles con los que usan los bomberos municipales del sistema público con los que coinciden en algunos fuegos. Los colores de los cascos, que en el cuerpo sirven para distinguir las categorías profesionales y también a los mandos en medio del humo, tampoco coinciden porque los parques utilizan su propia gama.
En el accidente de tren de Angrois, los bomberos de Santiago denunciaron la descoordinación absoluta con sus compañeros de los parques privatizados. El pasado mayo, en un gran fuego de la conservera Fandicosta en Moaña, a las afueras de Vigo se repitieron los problemas. Los bomberos de Vigo acusaron al Gobierno gallego de impedirles desplazarse a un incendio gigantesco de una nave industrial que tenía desbordados a cuatro bomberos de un parque privado tratando de evitar que ardiesen dos tanques de 10.000 litros de amoníaco. Finalmente fueron los bomberos de Vigo los que evitaron la catástrofe.
La privatización tiene además problemas jurídicos que los sindicatos han puesto sobre la mesa. Un bombero contratado por una empresa privada no tiene la condición de agente de autoridad y es discutible que pueda obligar a alguien a desalojar su vivienda o cortar carreteras, por ejemplo. En la mayoría de sus actuaciones el conflicto se resuelve porque están acompañados de policías o guardias civiles.
A las protestas de los sindicatos y del personal de las Emergencias en Galicia se han unido en los últimos meses las diputaciones de A Coruña, Lugo, y Pontevedra, ahora gobernadas por coaliciones de izquierdas. Pese a que el PSOE contribuyó a extender el modelo privado –los últimos parques de Lugo se adjudicaron a Veycar bajo la presidencia del socialista José Ramón Gómez Besteiro–, ahora los tres organismos provinciales son partidarios de revertir la privatización.
Por primera vez en 15 años, el Partido Popular ha aceptado abrir el debate sobre su propio modelo. La Xunta que preside Alberto Núñez Feijóo ha pedido a las diputaciones que aporten informes jurídicos y económicos sobre las consecuencias de rescatar la gestión.
Entretanto, la Diputación de Ourense, gobernada por el popular José Manuel Baltar sigue con sus planes para renovar las adjudicaciones de tres estaciones (Valdeorras, Xinzo y Verín) a través de un concurso que contempla una cuarta en O Carballiño.
Mientras, las plataformas de bomberos del resto de España miran de reojo, temerosos de que el Partido Popular pretenda extender el modelo privatizado al resto del país. En la mayoría de comunidades las leyes de emergencias lo prohíben expresamente con cláusulas que garantizan que el sistema de gestión ha de ser público.
