Gallardón quiere que la Justicia pueda prohibir informaciones que condicionen los procesos judiciales

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha considerado hoy que sería “preocupante” que la resolución adoptada por un juez o un jurado popular pueda verse “condicionada” como consecuencia del “prejuicio formado en la opinión pública” durante la instrucción sumarial o la celebración del juicio.

Ruiz-Gallardón ha inaugurado este martes en la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) un foro sobre “El papel de los medios durante los procesos penales”, que ha contado con la participación de representantes de la justicia y del periodismo.

Este miércoles, en los pasillos del Congreso, ha afirmado: “Por lo tanto, nosotros tenemos que adoptar medidas, lo haremos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dirigidas a limitar lo máximo posible cualquier tipo de perturbación sobre las actuaciones sumariales”, ha aseverado Gallardón, para insistir en que, “en ningún caso, se establecerá ninguna medida limitadora del derecho a la información”. Además, ha subrayado la importancia de otra medida sugerida por la comisión de juristas basada en que las causas bajo secreto de sumario no se puedan prolongar “indefinidamente”, ya que ello acaba “perturbando” el buen fin de las mismas.

“El periodista es un historiador de la realidad diaria cuya primera preocupación es la verdad”, dijo en el acto de la APM, y resltó que el ejercicio del periodismo suscita en numerosas ocasiones un conflicto entre derechos fundamentales.

Los “juicios paralelos” son uno de los “puntos neurálgicos” sobre el que hay que adoptar una solución legislativa al conflicto entre el derecho a la información y el derecho a la tutela judicial efectiva, ha apuntado.

“Es un tema espinoso donde lo políticamente correcto puede no casar necesariamente con las soluciones que necesita nuestra sociedad”, opina el ministro.

“Solicito que se piense también en los derechos de los ciudadanos imputados, encausados y defendidos. Tenemos que pensar en ellos. La tutela judicial efectiva puede verse severamente perturbada si esa opinión pública es capaz de trascender en la conformación de un prejuicio que puede modificar una resolución”, ha advertido.

Ha recordado que la comisión de expertos encargada de elaborar la propuesta del Código Procesal Penal reguló la revelación de contenidos declarados secretos por parte de los medios de comunicación. Aunque no optó por “un mecanismo de sanción inmediato”, sí apostó por una fórmula “avanzada” mediante la cual el juez de garantías podía requerir al medio que cesara la publicación de esa información en aras de garantizar “un juicio justo”.

En el borrador también se regula la captación y difusión de imágenes en la sala al inicio de una audiencia pública y en qué supuestos prohibirla, para la protección del orden público, para la seguridad nacional, para la vida privada de las partes, cuando intervienen menores de edad o cuando es de interés para la justicia.

Ruiz-Gallardón ha explicado además que el borrador incluye “una medida transformadora”, que es la limitación de la duración del secreto del sumario, para evitar que su prolongación indefinida produzca un vacío informativo que sea ocupado por la especulación.

El ministro ha resaltado la importancia del debate entre juristas y periodistas para enriquecer la labor del legislador y del Gobierno con la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal o Código Procesal Penal que el Gobierno presentará el próximo mes de octubre.

Entre los juristas, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, ha destacado que “no hay ningún derecho fundamental absoluto”.

Bravo ha detallado que, de acuerdo como el informe de la comisión de expertos, el tribunal podrá requerir a un medio de comunicación el cese de la publicación de informaciones que supongan un ataque a derechos fundamentales a la presunción de inocencia o a la intimidad.

Entre los periodistas, tanto el director de La Razón, José Antonio Álvarez Gundín, como el subdirector de El País, José Manuel Romero, han expresado su desacuerdo con los artículos de la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal elaborada por el comité de expertos que hacen referencia al ejercicio del periodismo al considerarla “restrictiva”.