Gallardón propone reducir el número de aforados a menos de 30
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón propone una reducción drástica del número de afiliados. Según sus cálculos, quienes cuentan con un fuero especial ante la Justicia pasarían de las actuales 17.621 personas (280.159 si se tienen en cuenta los aforamientos parciales de las fuerzas de seguridad) a 22, además de los miembros de la familia real.
En una entrevista en el diario El País, Ruiz-Gallardón explica que el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial en el que trabaja Justicia propone limitar los aforamientos al presidente del Gobierno, los de las comunidades autónomas, los presidentes del Congreso y del Senado, y los titulares del Tribunal Constitucional y el Supremo. En total, 22 personas. A ellos se sumarían los miembros de la familia real sometidos a fuero especial, que, aunque Gallardón no lo concreta, son en la actualidad los reyes, la princesa de Asturias (y su consorte, cuando lo tenga) y el rey saliente (cuando exista, como ahora, la figura).
En cualquier caso, la propuesta de Gallardón se enfrenta con importantes escollos para salir adelante. Como el propio ministro reconoce, una ley orgánica, como es la del Poder Judicial, no puede modificar aforamientos que están incluidos en la Constitución y los estatutos de autonomía. Por tanto, a partir del propósito establecido en la ley sería necesario, según el ministro, que los partidos abordaran un “pacto de regeneración” que incluyera la reforma de los estatutos de autonomía y de la Constitución para hacer efectiva la reducción de los aforamientos.
Según la propuesta de Ruiz-Gallardón, perderían su fuero ministros, diputados, senadores, consejeros autonómicos, parlamentarios autonómicos, jueces y fiscales. A la hora de justificar su propuesta, el titular de Justicia reitera que el aforamiento no constituye un privilegio y que incluso “puede ser una merma del derecho a la revisión de una condena condenatoria”. Sin embargo, reconoce que dado que la sociedad española lo “percibe” como un privilegio, el legislador debe adoptar algún tipo de respuesta.
