García Margallo: “No soy un fanático del 155, pero no puede haber urnas el 1-O”
El exministro de Exteriores y diputado del Partido Popular, José Manuel García Margallo (Madrid, 1944), acaba de publicar el libro 'Por una convivencia democrática', de la editorial Deusto, donde ofrece su propuesta de reforma constitucional para que “los ciudadanos españoles actualicen los pactos constitucionales y se ratifiquen los principios básicos de convivencia”. En todo caso, el exministro apunta que la legalidad solo permite dar pasos alrededor de “una reforma constitucional, una ley oficial de lenguas, que colmase el vacío entre el articulo 3 de la Constitución y la legislación autonómica, y un nuevo sistema de financiación”.
Uno de los ministros más polémicos durante la anterior legislatura de Mariano Rajoy, señala que “está en política para hacer cosas y no para perpetuarme en un sillón”, a la vez que admite que conocía los riesgos que suponía en su partidos opiniones como la necesidad de entablar un diálogo permanente con la Generalitat o pedir una modificación del sistema de financiación autonómica.
García Margallo asegura que ante el reto de los independentistas hay que “ponerse incondicionalmente detrás del Gobierno” y que no “se puede caer en la pasividad”, ya sea para aplicar el artículo 155 de la Constitución o en caso de que los políticos catalanes puedan ser inhabilitados: “La Fiscalía tiene que actuar y si en Catalunya hay una conducta castigada con la inhabilitación, hay que aplicarla”.
En su reforma de la Constitución mantiene igual el artículo octavo. ¿No somos ya una democracia lo suficiente madura y europea para que el Ejército no deba ser garante de la integridad territorial y el orden constitucional?
El artículo octavo se ha interpretado siempre mal. El Ejército no es garante por sí, ya que está a las órdenes del Gobierno de la nación y es un instrumento más para garantizar la unidad y la independencia de España. No veo ninguna necesidad de cambiar ese artículo. Se interpretó por los separatistas que el poder militar era autónomo y exento del poder civil, pero no es el caso.
También propone recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad de la reforma de los estatutos de autonomía. ¿Es una forma de reconocer el pecado original del PP por el recurso de inconstitucionalidad una vez que el Estatut catalán ya estaba aprobado?
En todo caso sería reconocimiento del pecado original del PSOE porque fue el partido que eliminó el recurso previo de inconstitucionalidad. Es el origen de muchos de los problemas. El contencioso catalán en su forma actual arranca con una sentencia sobre el Estatut de Pasqual Maragall porque se interpreta que el Tribunal Constitucional corrige un texto que había sido pactado entre las Cortes y las instituciones catalanas y refrendado por el pueblo soberano, ese es el origen del conflicto y no tanto por los artículos impugnados por el Constitucional, que son 14 de 223 y de escasísima importancia.
Pero lo que lleva a los ciudadanos catalanes a manifestarse es el recurso de inconstitucionalidad propuesto por el Partido Popular que tumba el Estatut.
Sí, pero usted me ha preguntando por el recurso previo. Si hubiéramos tenido recurso previo, la sangre no habría llegado al río ni se hubiese tenido que revisar un texto que había sido refrendado por los ciudadanos.
¿La gestión de Mariano Rajoy y el PP en el problema catalán ha sido una fábrica de creación de independentistas como le acusan desde algunos partidos?
No comparto en absoluto esa acusación. El independentismo en Cataluña arranca de lejos, en los 80 Jordi Pujol pone en marcha una operación que él define de construcción nacional enfocada a adoctrinar a las nuevas generaciones en el pensamiento nacionalista. Va madurando con el paso del tiempo y se acelera con la crisis económica. Artur Mas encuentra rentable centrarse en la independencia y no hablar de lo que pasa con la Educación y la Sanidad para luego exigir el concierto fiscal. Mas sabe que es imposible constitucionalmente, pero lo utiliza como excusa perfecta para romper y pasar del autonomismo al independentismo, además de cargarse su partido que tenía la centralidad en Cataluña.
Usted asegura que entregó hace más de tres años su plan de reforma constitucional y hace más de diez años un nuevo modelo de financiación autonómica al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. ¿Por qué cree que no le hizo caso?
Es una pregunta para Rajoy. Consideró que no era el momento oportuno para abordar una reforma constitucional, aunque no entró a juzgar la calidad ni la profundidad de la propuesta.
Usted dedica todo el primer capítulo del libro al liderazgo. ¿Ha echado en falta el liderazgo de Rajoy en esta crisis territorial?
No, no lo creo. Para ser honestos me refiero a la Unión Europea y al Plan Juncker, donde se establecen cinco escenarios sin que se tome partido por ninguno de ellos.
El exministro de Exteriores Josep Piqué señala que usted es un personaje necesario que puede incomodar. ¿Le ha pasado factura en el PP?
He mantenido mis criterios propios. Entiendo que estoy en política para hacer cosas y no para perpetuarme en un sillón. Sabía los riesgos y el coste que suponía cuando dije que había que asumir un diálogo con la Generalitat y discutir con el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, o que había que modificar el sistema de financiación porque era pésimo. En los partidos políticos se interpreta que el debate interno es fuente de división que desagrada al electorado. Hay cierta restricción mental a decir las cosas que uno piensa si no son compartidas por el mando.
En su libro apunta, como Francesc Cambó, que el problema catalán se puede encauzar. ¿Es posible con una mayoría independentista en el Parlament de Catalunya?
Es posible con cualquier tipo de mayoría. Para encauzar el problema lo que primero hay que hacer es diagnosticarlo. Cambó decía que hay dos realidades que son indiscutibles: una identidad catalana y un componente esencial hispánico de esa identidad. De esos dos fenómenos caben distintas posturas: el asimilacionismo, la eliminación de la identidad catalana como pretendían José Antonio Primo de Rivera o Francisco Franco, y el secesionismo, que es negar el componente hispánico de la identidad catalana. La Constitución de 1978 y el Estatut de autonomía intentaron conciliar los dos aspectos.
Ahora habrá que reintentarlo otra vez y convencer al autonomismo catalán que se ha pasado al independentismo. Hay otra opción que es no hacer nada y seguir con una guerra de nervios permanente, que es lo que creo que no debe ocurrir.
Usted propuso la aplicación del artículo 155 de la Constitución para que el Gobierno interviniera durante 24 horas las competencias del gabinete del president Artur Mas con el objetivo de dar órdenes directas a los mossos para impedir la votación del 9N. ¿Propone la misma opción para el 1-O?
No soy un fanático del 155, pero no puede haber urnas el 1-O. La situación del 9-N permitía una aplicación selectiva y parcial del artículo 155. Sabíamos que las urnas y las papeletas se estaban haciendo en una cárcel de Lleida por lo que la operación consistía en ordenar a la Generalitat la requisa de esas urnas. En caso de desobediencia, a través del 155 se pondrían a los mossos a disposición del Ministerio del Interior durante 24 horas para realizar esta operación.
Al mismo tiempo, se iniciaban conversaciones con la Generalitat sobre aquellos temas que se pueden discutir dentro del marco legal y que son causa de desafección en Catalunya: la reforma constitucional, las inversiones en infraestructuras, una ley oficial de lenguas, que colmase el vacío entre el articulo 3 de la Constitución y la legislación autonómica, y un nuevo sistema de financiación.
Ahora que estamos en una situación excepcional hay que ponerse incondicionalmente detrás del Gobierno y dejar al Ejecutivo que escoja con absoluta discrecionalidad entre las diferentes opciones posibles: desde el artículo 116, que regula los estados de alarma y excepción, al 155, la ley de seguridad nacional o el recurso de inconstitucionalidad.
¿No cree que la posible inhabilitación de políticos independentistas va a provocar que se encienda más el conflicto?
Nos pasamos la vida en el País Vasco diciendo que no se podían adoptar medidas contra el mundo de ETA porque iba a provocar una reacción violenta y hubo tiempos de absoluta pasividad. El presidente José María Aznar probó que cerrando el periódico Egin y encarcelando a Herri Batasuna no pasaba absolutamente nada. No hay opciones si alguien comete un delito. La Fiscalía tiene que actuar y si en Catalunya se da una conducta castigada con la inhabilitación, hay que aplicarla. No podemos tener un derecho a la carta, esto no es un menú libre.
¿Estaría a favor de un referéndum de independencia de Cataluña si se celebrara en toda España?
Estaría de acuerdo con un referéndum que actualice los pactos constitucionales para que el pueblo español ratifique los principios básicos en los que se fundamenta la Constitución: la soberanía es del pueblo español en su conjunto y no de una parte, la unidad de España, la integridad del territorio, la igualdad de los españoles en derechos y deberes independientemente del lugar de residencia y la solidaridad interterritorial. Es necesario que el pueblo español, que no votó en el 78, ratifique estos pactos.
En el libro habla de una realidad catalan que merece ser reconocida, pero ¿cuántas realidades deben reconocerse en España?
No me refería a realidades nacionales. En España hay 17 identidades que son regiones y nacionalidades, no naciones. El reconocimiento de la identidad se hace con reconocimiento del autogobierno de las comunidades autónomas. En este tema no hay que tocar absolutamente nada. No se discute que se reconozca la identidad cultural. Algunas comunidades tienen singularidades en materia de lengua y cultura, de derecho civil y de fiscalidad. Algunos de esos rasgos singulares se pueden desarrollar a través de una ley oficial de lenguas y una mejora del sistema de financiación.
Hay cierta tendencia a culpar de la situación actual de tensión continua al café para todos, la idea de que todas las comunidades deben tener los mismos derechos y deberes. ¿Está de acuerdo?
Eso ya es una realidad, estamos donde estamos sin posibilidad de marcha atrás. Llorar por la leche derramada no nos lleva a ninguna parte.
Usted propone una ley oficial de lenguas más como un elemento de reconocimiento y un bálsamo emocional para Cataluña que como una solución.
Si España se fractura, lo hará por comunidades que tienen una lengua propia, es un tema muy sensible que hay que cuidar mucho. Cambó decía que “el alma del pueblo es la lengua”. Hay que reconocer una serie de derechos de los administrados y obligaciones de las administraciones, como el modelo de Quebec en Canadá. Esto puede ir desde la entrada en la enseñanza de los alumnos, de manera que un niño de Castilla y León pueda elegir estudiar catalán, a que la acción cultural del Estado promocione a todas las lenguas, algo que ya se hace.
También habla del problema de Educación y apunta a evaluaciones estandarizadas y homogéneas. ¿No teme que lo acusen de intentar españolizar a los alumnos?
El informe sobre la Educación en las Comunidades Autónomas es terrorífico. No tiene sentido que el contenido de Geografía, Matemáticas o Historia sea diferente en cada comunidad, sin olvidar que la Historia es el material más inflamable para difundir el pensamiento nacionalista. Si homologas los títulos, tienes la posibilidad de homogeneizar los curricula y sería partidario de hacerlo a nivel europeo.
En su reforma de la Carta Magna propone constitucionalizar el derecho al asilo, la prohibición de las expulsiones colectivas y la trata de seres humanos, velar por la imparcialidad de los jueces y recoger el derecho a la doble instancia judicial, actualizar la definición jurídica de matrimonio, incorporar la conciliación de la vida familiar y profesional, garantizar las prestaciones sanitarias o preservar el principio de igualdad. ¿Está usted seguro de que su partido es el PP?
Claro que sí. El partido Popular está en la Internacional de Centro y en el Partido Popular Europeo, que no está precisamente en la derecha. Mis propuestas recogen el principio de compensación social.
