Garzón aboga por un Estado en el que “ningún euro público” financie a la Iglesia

El candidato de IU a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, quiere construir un Estado “cien por cien laico” y que ningún euro público vaya a financiar a la Iglesia católica ni a otras confesiones, tal como recoge el plan de laicidad que ha presentado hoy delante de la Catedral de la Almudena en Madrid. Garzón, que encabezará la lista de Unidad Popular en Madrid, se ha comprometido además a revisar las inmatriculaciones de terrenos y edificios realizados por la institución desde 1946.

Acompañado de Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, Garzón ha concretado algunas de las medidas que se incluirán en el programa electoral de IU-Unidad Popular para avanzar hacia el laicismo. Cuarenta años después de iniciarse la Transición, ha explicado a los periodistas el número uno de Unidad Popular (la marca con la que concurren a las elecciones), la sociedad está “perfectamente madura” para afrontar la construcción de ese Estado laico, en el que no exista “ninguna vinculación” de privilegio o discriminación con ninguna entidad religiosa.

Se trata, ha señalado, de eliminar cualquier tipo de financiación pública a cualquier confesión y “anular” todos los procedimientos que han existido para establecer “esos privilegios”.

Desamortización y final de las inmatriculaciones

Entre las medidas comprometidas por Garzón figuran la desamortización de los bienes de la Iglesia, eliminar su financiación a través de la casilla en el IRPF y anular todas las propiedades rústicas y urbanas inmatriculadas desde 1946 y que no sean legítimas.

Un sistema que ha permitido a la Iglesias católica registrar como propios miles de inmuebles y terrenos de dominio público o sin dueño conocido.

“Estamos en una sociedad moderna y el Estado no puede depender de una religión y escenarios de privilegio para ninguna religión”, ha insistido Garzón tras explicar que las inmatriculaciones, que permitió a la Iglesia registrar a su nombre numeroso patrimonio “que en muchos casos eran de propiedad pública antes de la dictadura”.

La propuesta de IU incluye la anulación de los acuerdos de la Santa Sede de 1979, que está costando a los españoles “miles de millones de euros” -ha dicho-, “sacar” la religión del sistema educativo y eliminar la financiación pública de los colegios religiosos.

Izquierda Unida quiere también acabar con los “enormes privilegios fiscales” de la Iglesia católica y derogar del Código Penal los artículos que tipifican como delito la “supuesta ofensa” a los sentimientos religiosos.

No habrá tampoco, de acuerdo con el plan laico de la formación, ceremonias religiosas en los actos oficiales que organice el Estado y ninguna autoridad pública o funcionario podrá participar como tal en actos religiosos.

Los ciudadanos, además, tendrán garantías jurídicas para ejercer el derecho de apostasía de modo que éste se pueda poner en práctica solo mediante una solicitud formal, e igualmente se facilitará que los niños puedan desvincularse, sin el consentimiento de sus progenitores, de la fe a la que hayan sido adscritos.