Gobierno Chile replica quejas de exjefes FFAA por trato a violadores de DD.HH.

El Gobierno de Chile afirmó hoy que “la democracia no se lesiona cuando actúa la justicia”, en respuesta a una carta que un grupo de oficiales retirados publicó este viernes protestando por supuestas injusticias que afectan a violadores de los derechos humanos que cumplen condena.

“Lo que estos años ha habido es un esfuerzo por más verdad, más justicia y más reparación. Ese es el único camino posible, lo que necesita nuestra democracia”, declaró la ministra portavoz del Gobierno, Paula Narváez, al ser preguntada por la carta que los militares publicaron en el diario El Mercurio.

La declaración de los exresponsables castrenses sale a la luz en víspera de un nuevo aniversario del golpe de Estado que encabezó el general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973 para derrocar al Gobierno constitucional de Salvador Allende, quien murió como consecuencia de ese levantamiento

Los dieciséis oficiales que firman la misiva -todos ellos exjefes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros- demandan “no poner en riesgo los logros” alcanzados en materia de entendimiento cívico militar tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

A juicio de los exoficiales, supone “un importante retroceso” hechos como “la apertura de nuevos procesos no sólo vinculados a muertes o desapariciones, sino también con denuncias de todo tipo, y la falta del debido proceso que sufren cientos de militares y carabineros”.

También se quejan de “las penas cada día más altas a condenados muchas veces sólo por presunciones, el ensañamiento para mantener presos a personas ancianas, y el anunciado del cierre del penal Punta Peuco”.

Punta Peuco es una cárcel construida especialmente para violadores de los derechos humanos condenados y se prevé que la presidenta Michelle Bachelet anuncie pronto su cierre y el traslado de los condenados a prisiones comunes, lo que les supondría la pérdida de algunos privilegios de los que actualmente gozan.

Esa prisión tiene habitaciones individuales, canchas de tenis, lugares para hacer asados y otras comodidades, y su cierre fue una promesa electoral de Bachelet.

Los exjefes militares sostienen en la carta difundida hoy que el castrense es “el único sector que ha asumido sus culpas en el ayer”, al tiempo que consideran “grave” que se les discrimine abiertamente.

Mientras “otros actores de la tragedia del pasado -agregan- disfrutan de un Chile donde para ellos están todos los caminos y espacios abiertos, sin que hayan respondido por sus propias culpas”.

“¡Para qué decir de aquellos que optaron por la vía armada y que ganaron la impunidad!”, añaden.

La declaración de los exresponsables castrenses fue desaprobada por el Gobierno.

“El llamado que hacemos es a cuidar nuestra democracia”, respondió el Ejecutivo a través de la ministra Paula Narváez.

La carta de los militares fue rechazada en duros términos por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), cuya presidenta, Lorena Pizarro, la consideró “una amenaza soterrada a la democracia”.

“Ante la cobardía, la felonía y la sedición les gritamos en su cara: ¡verdad y justicia!”, agregó Pizarro durante un acto en homenaje a las víctimas de Pinochet celebrado hoy en el Cementerio General de Santiago.

La dirigente de la AFDD consideró que la carta “es grave y peligrosa (...) una apología al terrorismo”, y tachó a sus autores de “tropa de cobardes sediciosos”.

“Esperamos, exigimos y demandamos un pronunciamiento de las autoridades”, enfatizó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

En medio de esta situación, el diputado José Antonio Kast, candidato ultraderechista a la Presidencia de Chile, presentó hoy un plan para la reconciliación de los chilenos que contempla la retirada de la estatua del derrocado presidente Salvador Allende situada frente al palacio de La Moneda e dar marcha atrás en el proyectado cierre de la prisión especial de Punta Peuco.

Kast también cuestiona la existencia de la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Derechos Humanos y aboga por revisar las pensiones y otros beneficios otorgados a las víctimas de la dictadura.

“No vamos a hacernos cargo de este tipo de provocaciones”, comentó al respecto la ministra Paula Narváez, quien llamó a los candidatos “a ser responsables, cuidar las acciones y respetar a las figuras históricas” de Chile.

“Afortunadamente la democracia no se lesiona, ni las instituciones tampoco, cuando actúa la justicia” subrayó la portavoz del Ejecutivo.

Durante la dictadura, según cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados y más de 300.000 debieron exiliarse.