El Gobierno quiere evitar que el Congreso debata las medidas más duras de la intervención en Catalunya
La complicada tramitación del artículo 155 de la Constitución no terminará el viernes con el Pleno del Senado que aprobará la intervención de la Autonomía de Catalunya. En los días y semanas posteriores, el Consejo de Ministros deberá aprobar y publicar en el BOE cada una de las medidas concretas que quiera aplicar. El Gobierno planea usar siempre que pueda la figura del decreto no legislativo, lo que le permitirá eludir el precepto constitucional que obliga al Congreso a convalidar los decretos sí legislativos.
La inédita activación del artículo 155 ha puesto a todos los actores políticos ante la tesitura de transitar por una senda inexplorada hasta ahora en España. Y los obstáculos jurídicos que se van salvando para permitir la intervención de Catalunya, o para intentar evitarlo, dejan paso a unos nuevos.
Este martes se ha constituido formalmente la comisión mixta del Senado que debe debatir, redactar y enviar al Pleno el documento definitivo con las medidas para las que la Cámara Alta dará luz verde al Gobierno. “A partir del Senado se desarrollarán las medidas por parte del Gobierno”, señalan a eldiario.es fuentes del Gobierno. ¿Y cómo se desarrollarán dichas medidas? “Según el caso, eso lo tendrán que ver los subsecretarios”, responden desde el Palacio de la Moncloa.
Fuentes jurídicas aseguran a eldiario.es que, al recibir el aval del Senado, el Gobierno puede esquivar los decretos-ley y recurrir a figuras que eviten el debate y posterior votación en el Congreso.
PP, PSOE y Ciudadanos suman una amplísima mayoría, pero ninguno quiere que una sesión en un Congreso muy fragmentado retrase la adopción de las medidas, permita a los grupos parlamentarios tomar medidas jurídicas no contempladas y se vuelva en contra de los intereses del Ejecutivo en el caso de aquellas más duras, como la intervención de TV3 o Catalunya Ràdio, la congelación de algunas de las competencias del Parlament (como el control al Govern) y de su presidenta, Carme Forcadell, o la destitución del president, Carles Puigdemont, para que Rajoy asuma sus funciones.
El Gobierno evitaría así debatir en el Congreso unas medidas que ha pactado con el PSOE y Ciudadanos sin contar con el resto de partidos, muy críticos todos con la aplicación del artículo 155. Pese a que Mariano Rajoy aseguró en la noche del 1 de octubre que se comprometía a iniciar una ronda de contactos con “todos los partidos”, el presidente del Gobierno solo ha convocado al Palacio de la Moncloa a Pedro Sánchez y a Albert Rivera.
Paralizar las medidas en la Justicia
El regate del Gobierno al Congreso evita también al PSOE el tener que apoyar una a una todas las medidas acordadas con el PP. Y que puedan surgir dudas entre quienes defienden la intervención de Catalunya. La única votación será la del Senado y será “en bloque”. El Ejecutivo será el encargado de transformarlas en decretos (o la figura que se determine en cada caso).
Los partidos que rechazan la intervención buscan fórmulas legales para intentar paralizarla, aunque algunos reconocen las dificultades que se van a encontrar.
Lo inédito de la aplicación del artículo 155 de la Constitución deja sin precedentes a los que asirse para intentar retrasar, modificar e incluso detener la intervención de la Generalitat por el Gobierno central. El abanico de opciones es amplio. Desde los conflictos de competencia que tendría que resolver el Tribunal Constitucional a posibles recursos de los grupos parlamentarios o las denuncias de aquellas personas que sean directamente afectadas por las decisiones del Gobierno.
