Gobierno prevé llevar el viernes al Consejo la Ley de Seguridad Privada que aumenta el control sobre detectives privados

Fue el 12 de abril cuando el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, compareció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros junto a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Según anunció, la nueva Ley contemplará que las empresas de detectives privados tendrán que hacer informes incluyendo los resultados de sus investigaciones que estarán disponibles “en todo momento” para jueces y policías.

Esta será una de las principales novedades de la nueva ley que incrementa “el control sobre la actividad de los detectives privados” con nuevas obligaciones que consisten en “documentar los encargos en un contrato escrito” y en que “además del libro-registro que ya llevan”, tendrán que elaborar un informe permanentemente actualizado, en el que conste el cliente, el encargo, los medios utilizados y los resultados obtenidos“.

Ese informe “estará en todo momento a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la Autoridad Judicial”, precisaba el anteproyecto en el que además se obliga a estas empresas a “presentar una memoria anual de actividades al Ministerio del Interior”.

Fernández Díaz explicó que la modificación de esta Ley tiene por objeto evitar que se repitan hechos como la grabación de la conversación entre la presidenta del PP, Alicia Sánchez Camacho, y la ex novia del hijo de Jordi Pujol en el restaurante La Camarga de Barcelona.

PROHIBIDO MATERIALES QUE ATENTEN CONTRA LA INTIMIDAD

Precisamente, la nueva Ley incluirá la prohibición de usar servicios materiales o técnicos “que atenten contra el derecho a la intimidad, la imagen o el secreto de las comunicaciones”. “Los informes deberán conservarse archivados cinco años y las imágenes se destruirán un año después de su finalización salvo que estén inmersas en una investigación judicial”, explicó el ministro del Interior.

También se contemplan nuevos servicios que hasta ahora no estaban regulados o necesitaban actualizarse. Es el caso de los servicios de videovigilancia de los inmuebles, la gestión y respuesta de alarmas, vigilancia de polígonos, urbanizaciones o zonas comerciales, servicios de planificación y la vigilancia perimetral de las prisiones siempre bajo la dirección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Sobre este último punto, el ministro del Interior aseguró en su momento que esta iniciativa también ha sido solicitada por Cataluña, única comunidad autónoma que cuenta con las competencias penitenciarias transferidas.