El Gobierno de Irak acelera el ritmo de ejecuciones, con 33 en sólo un mes, denuncia la ONU

La ONU condenó hoy el aumento desmesurado de la aplicación de la pena de muerte en Irak, donde a principios de esta semana se ejecutó en un acto único a 21 personas, con lo que el número total de ejecutados llegó a 33 en el último mes y a 129 desde que empezó este año.

Otras 150 personas pueden ser ejecutadas en los próximos días, según informaciones procedentes del Ministerio de Justicia iraquí.

En total, 1.400 personas se encuentran en el “corredor de la muerte” y se les podría aplicar la pena capital en cualquier momento, según informaciones recogidas por la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, y en la que basó su denuncia.

“Ejecutar a personas en grupo es obsceno, es como procesar animales en un matadero”, dijo Pillay, quien recordó que el sistema judicial iraquí sufre de numerosas deficiencias, con “condenas basadas en confesiones obtenidas bajo tortura o maltratos y procesos que no cumplen con los estándares internacionales”.

El rápido aumento de las condenas de pena de muerte y de su aplicación efectiva en los últimos años ha levantado sospechas por el trasfondo sectario que podría tener y el peligro de que convierta en un instrumento contra grupos étnicos o religiosos específicos.

Pillay enfatizó que el sistema de justicia de Irak sufre de tantos fallos que no puede garantizar ni siquiera una limitada aplicación de la pena capital, y menos decenas de ejecuciones a la vez.

Asimismo, consideró que no es válida la justificación que ofrece el Gobierno de Irak respecto a que sólo ejecuta a terroristas o culpables de otros crímenes graves, pues la legislación en la que se apoyan estas sentencias es sujeta a una interpretación demasiado amplia.

La ONU pidió por esta razón a Irak detener las ejecuciones, revisar de manera independiente los casos de quienes están en el “corredor de la muerte” y hacer públicas sus identidades y los cargos que pesan sobre ellos.

Un elemento que llama la atención es que, de una parte, los condenados no tengan la posibilidad de pedir un indulto o la conmutación de su pena, y que, por la otra, el presidente de Irak, Jalal Talabani, raramente ejerza esta prerrogativa.

A este respecto, el portavoz de Pillay, Rupert Colville, incidió en que el propio presidente nunca ha firmado una condena de muerte, las que son habitualmente rubricadas por su vicepresidente u otra autoridad competente cuando el primero está de viaje fuera del país, enfermo o indispuesto por alguna otra razón.

“Obviamente Irak sigue sufriendo de muchos actos de terrorismo y atrocidades, pero esto no justifica las ejecuciones y menos a esta escala”, recalcó.