Gobierno y PSOE tratan de normalizar la primera intervención de una autonomía con el 155
El Gobierno y el PSOE están tratando de rebajar el impacto de la primera intervención de una comunidad autónoma por parte del Ejecutivo central que han pactado como respuesta al desafío independentista del Govern de Carles Puigdemont. Tanto Moncloa como los socialistas han coincidido en el mensaje de que “el artículo 155 de la Constitución no es para suspender la autonomía sino para devolverla a su legalidad”. “Muy, muy, limitada”, “breve”, “quirúrgica” son algunos de los adjetivos que utilizan para definir la intervención en Catalunya en la que han trabajado codo con codo Mariano Rajoy y Pedro Sánchez y que han cerrado en sus aspectos más técnicos la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la exministra Carmen Calvo.
“El artículo 155 de la Constitución no supone suspender la autonomía de Catalunya, sino que es un medio complementario de los medios de control ordinarios que fijó la Constitución”, aseguró el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en su intento por explicar la fórmula por la que se va a despojar a la autonomía catalana de determinadas competencias.
“No queremos que se toquen las leyes, sino que Cataluña siga sintiéndose cómoda en su autogobierno”, dijo en esa misma línea Calvo. Gobierno y PSOE insisten en que recurrir al precepto constitucional que nunca antes se había activado se limita a recuperar la “legalidad y la normalidad” en Catalunya. Por eso los socialistas enfatizan que su colaboración con el Gobierno ha servido para suavizar las intenciones iniciales del Gobierno en determinadas decisiones. Así, se anotan el tanto de haber conseguido que Rajoy se comprometa a la celebración de elecciones en enero, un plazo que en Ferraz ven muy razonable.
Los tres objetivos a la hora de aplicar este mecanismo constitucional definidos por el Gobierno son “asegurar la neutralidad institucional: las instituciones de la Generalitat están al servicio de los secesionistas en lugar de todos los catalanes; garantizar el mantenimiento de los servicios públicos y la recuperación económica, que en estos momentos está seriamente en duda; y preservar los derechos de los catalanes”.
Aunque el Gobierno y el PSOE no ha querido detallar las medidas que serán desveladas tras el Consejo de Ministros extraordinario de este sábado, durante varias semanas han insistido en la necesidad de aplicar un precepto constitucional tan extremo ante la deslealtad de la Generalitat y el desafío secesionista.
Intervención “limitada” para elecciones en enero
Solo ha trascendido que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez cerraron el acuerdo para la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución con la pretensión de que la intervención sea “la mínima posible” con el fin de convocar unas elecciones en Catalunya con fecha prevista para enero, según publicó eldiario.es en exclusiva.
Las dificultades para la aplicación de una medida que no había sido tomada nunca en España es una realidad que admiten tanto en el PSOE como en el partido del Gobierno. El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, puntualizó que el artículo 155 no es “una fórmula mágica porque tiene sus dificultades al no haberse aplicado nunca y por eso hay que hacerlo con mucha prudencia”.
Esta cautela ha llevado a Moncloa y los socialistas a diseñar una intervención que afecta solo a las atribuciones de los responsables de la Generalitat. Ni el Gobierno ni el PSOE quieren entrar a especificar si la medida supondría la destitución del president de la Generalitat o alguno de sus consellers, aunque fuentes de Hacienda señalaron que el vicepresidente económico y presidente de ERC, Oriol Juqueras, “tendría que irse porque es el culpable de ahuyentar a las empresas” de Catalunya.
Fuentes socialistas consideran que los miembros del Govern quedarían “adulterados” una vez que se les despojen determinadas atribuciones por lo que entienden que abandonarían sus puestos. No obstante, Ferraz no quiere dar detalles de esos extremos porque consideran que corresponde al Ejecutivo hacerlo.
Entre las atribuciones que se han barajado que podría asumir el Gobierno central estarían la convocatoria de elecciones autonómicas, que corresponde al president Puigdemont; la recaudación de los impuestos autonómicos, a pesar de que el ministerio de Hacienda tiene ya tutelados los gastos de la Generalitat; arrogarse la gestión de los colegios en el departamento de Educación con el fin de garantizar la apertura de espacios electorales en las elecciones autonómicas, y que los Mossos d'Esquadra estén bajo las órdenes del Ministerio del Interior para garantizar el orden público, aunque la gestión del tráfico seguiría controlada por la Generalitat.
Aunque hay ciertos recelos tras la actuación de los Mossos durante la jornada del referéndum del 1 de octubre, en el Gobierno no hay dudas de que los funcionarios cumplirán con las órdenes que les lleguen desde la Administración central.
“Los funcionarios estamos para servir a los ciudadanos y estoy completamente seguro de que atenderán a los requerimientos que se les hagan. Se trata de mantener los servicios en Catalunya y los funcionarios tiene un papel muy importante que jugar”, explicó el ministro portavoz del Gobierno. Sin embargo, en algunos sectores del PSOE temen que en la práctica el 155 sea inaplicable. Carmen Calvo ha insistido en que su participación busca precisamente que las medidas sean “eficaces” y evitar que se produzca lo mismo que el 1-O.
El Parlament es otro de los asuntos que han estado sobre la mesa. PP, PSOE y Ciudadanos consideran que está “suspendido” por la actuación de las fuerzas independentistas, que tienen mayoría absoluta y han cancelado la actividad parlamentaria. No hay ninguna actividad en la Cámara catalana desde el pasado 10 de octubre, cuando Puigdemont declaró pero suspendió los efectos de la independencia.
Recuperar la normalidad de esa institución es otra de las prioridades del acuerdo. Algunas fuentes consideran que las medidas del 155 pueden conllevar directamente su disolución en el caso de que el Govern quede de facto destituido, dado que no habrá a quién controlar ni qué legislar. Sin embargo, otros dirigentes consideran que no es necesario dado que la cercanía de las elecciones ya supone su prácticamente inmediata disolución.
Reticencias en el PSC y rechazo del resto de fuerzas
A pesar de la apariencia de normalidad que quieren trasladar socialistas y conservadores, el 155 es percibido con dramatismo en otras fuerzas políticas, incluso en algunos sectores del PSC. El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, amenazó incluso con darse de baja del partido si Sánchez apoya la aplicación. Aunque fue advertido por algunos de sus compañeros de filas de que fue un error ser tan taxativo, en el PSC justifican que los alcaldes den respuestas de este tipo por la presión que sufren tanto del resto de grupos municipales como en las calles.
No obstante, el tono ha subido a escasas horas de la aprobación de las medidas. La portavoz adjunta del PSC, Alicia Romero, advirtió este mismo viernes de que su partido no da un “cheque en blanco” al PSOE. “Si resulta que acaba habiendo un pleno [en el Senado] en que se plantea el 155, queremos ver qué tipo de intervención. Miquel Iceta ha dicho que daría apoyo al PSOE, pero no con todos los elementos ni en todas las circunstancias”, avisó la diputada. En Ferraz sostienen que ha habido una sintonía total con el PSC durante toda la negociación.
La posición del PSOE respecto a Catalunya le ha distanciado de Unidos Podemos, que ha dejado “en suspenso” su participación, por ejemplo, en la comisión de estudio del modelo territorial que han impulsado. Los de Pablo Iglesias y su confluencia catalana han centrado en Sánchez buena parte de sus críticas por la intervención que el Gobierno va a llevar a cabo en Catalunya si Puigdemont no convoca antes elecciones.
El Govern, que usó el requerimiento previo a la activación del 155 para dejar claro que no ha declarado la independencia de Catalunya, amaga con hacerlo ahora, después de que su respuesta fuera insatisfactoria para el Gobierno de Rajoy. Puigdemont tiene incluso el aval del PDeCAT. ERC y la CUP han presionado al president catalán para que acelere el procès ante la negativa de Rajoy a sentarse a negociar.
