El Gobierno, dispuesto a suprimir el aforamiento a diputados y consejeros autonómicos
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aceptado en una entrevista concedida a Europa Press que el “número de aforados en España es muy alto” y se ha mostrado abierto a suprimir el aforamiento a diputados y consejeros autonómicos.
No obstante, Catalá admite que este aforamiento se puede revistar para determinadas figuras en el ámbito político. Sobre todo, precisó, porque la sociedad “ha evolucionado en los últimos años hacia una visión crítica del ejercicio de la política, hacia la no permisividad de ningún tipo de privilegio, hacia una mayor transparencia en la política”.
Todo esto puede llevar a plantearse “si es razonable que determinados ámbitos políticos, diputados autonómicos, consejeros autonómicos, deban tener un aforamiento para el enjuiciamiento de sus responsabilidades”. “Eso está abierto, eso es posible”, ha señalado el ministro.
Sin embargo, aún reconociendo que España tiene un grupo muy numeroso de aforados, considera que se ha generado un debate “artificial” porque, dice, “parecería que el aforamiento es un privilegio” y el ministro considera que no es así, ya que “acorta los niveles jurisdiccionales de recursos posibles”. “Quien es enjuiciado por parte del Tribunal Supremo no tiene posibilidad de hacer recursos posteriores”, aclaró.
Respecto al aforamiento de los diputados y senadores, Catalá recuerda que éste está recogido en la Constitución. “Si abrimos un escenario futuro de revisión constitucional, ésta puede ser una de las cuestiones que se planteen”, ha afirmado. “Haría falta un nivel de consenso, un reposo y un tiempo suficiente como para poder analizar no solo una pieza pequeña como es el aforamiento que está en la Constitución, sino también algunas otras cuestiones que puedan tener que ver con múltiples cuestiones”, ha añadido.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado dispuesto a modificar la Constitución en algunos casos muy concretos como la delimitación de las competencias del Estado y de las CCAA, la modificación de la actual preferencia del hombre sobre la mujer en la sucesión de la Corona y la introducción de derechos de nuevo cuño.
