Al Gobierno se le atragantan sus dos leyes más ideológicas
El Gobierno tiene problemas para sacar adelante sus dos promesas electorales con más carga de ideología. El Consejo de Ministros no ha aprobado este viernes la nueva ley educativa de José Ignacio Wert tal y como se esperaba hasta este jueves. La vicepresidenta ha confirmado que la ley no ha podido pasar el trámite de la comisión de subsecretarios. Tampoco la reforma de la ley del aborto está siendo fácil para Alberto Ruiz Gallardón, que ya la ha aplazado tres veces desde que es ministro y ha puesto nerviosos a varios dirigentes de su propio partido.
La explicación formal para el frenazo de la LOMCE es que quedan flecos en la memoria económica y quiere aumentarse la dotación de la Formación Profesional gracias a los fondos europeos. Soraya Sáenz de Santamaría ha pasado de puntillas por otros aspectos polémicos de la ley, como son la enseñanza de la religión y la supresión de Educación para la Ciudadanía. Ha preferido destacar que el objetivo fundamental es atajar el fracaso escolar y mejorar la preparación de los alumnos para tener más probabilidades de encontrar un trabajo después.
Wert, que dijo “ser como un toro y crecerse en el castigo” cuando se enfrentó con las Comunidades Autónomas con lengua propia, tiene dos semanas más para limar asperezas ante el rechazo frontal de la comunidad educativa. Aunque la vicepresidenta situó a padres, profesores y alumnos en el eje de los cambios, la propuesta de Wert ha conseguido poner de acuerdo tanto a los padres de la escuela pública como a los de la concertada.
La otra reforma en la que pesan los principios ideológicos, la del aborto, también está siendo un dolor de cabeza para el Ejecutivo. El empeño de Alberto Ruiz Gallardón en eliminar el supuesto por malformación fetal y endurecer las condiciones para interrumpir los embarazos ha puesto muy nerviosos a varios dirigentes del PP. El más sonado ha sido la espantada de Celia Villalobos al escuchar a la diputada Beatriz Escudero defender la doctrina del ala más radical del partido. Como el portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, y Rafael Hernando, que también han querido distanciarse en el caso de los abortos por malformación. La aportación más polémica al debate que vive el PP ha sido la de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior y ferviente miembro del Opus Dei, que afirmó que ETA y el aborto “tienen algo que ver pero no demasiado”.
Gallardón prometió que el proyecto estaría listo en otoño de 2012. Después, el asunto fue postergado a diciembre y en Navidades habló de que estaría listo en primavera. El último plazo es después del verano. Con el último aplazamiento, ya son tres las veces que Gallardón ha dado largas a la reforma lo que le mereció una bronca del cardenal Rouco Varela. El responsable de los obispos demostró publicamente su enfado como protesta “por el inexplicable retraso de este Gobierno en su protección al derecho a la vida”.
La vicepresidenta tampoco ha querido poner fecha a los cambios ni salirse de la cantinela de que se tendrán en cuenta las recomendaciones de la ONU sobre las personas discapacitadas y la doctrina del Tribunal Constitucional. De hecho, ha tenido mucho cuidado en no pronunciar “malformación fetal” y ha evitado respaldar las palabras de la diputada Escudero. La diputada conservadora se quejó de que se “protejan más los embriones de cefalópodos que los humanos”.
“El proyecto es de Justicia y, cuando llegue al consejo, será del Gobierno”, ha declarado la número dos de Rajoy para poner distancia en este tema. La vicepresidenta también ha preferido olvidarse de que ella misma firmó en 2010 el recurso del PP ante el Tribunal Constitucional junto a otros 50 diputados.
