El Gobierno autoriza al exdirector de la Guardia Civil a fichar por una empresa de armamento
La Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, autorizó a Arsenio Fernández de Mesa, exdirector general de la Guardia Civil, a trabajar para una filial en España (Oto Melara Ibérica) de la compañía de armas italiana Leonardo, según datos publicados en el Portal de Transparencia.
“Pedí la compatibilidad porque tenía una oferta de trabajo pero ahora mismo no estoy trabajando para la empresa”, ha explicado Fernández de Mesa en declaraciones a eldiario.es. Asegura que ha recibido “muchas ofertas de empresas nacionales e internacionales” desde su cese como máximo responsable de la Guardia Civil.
La Oficina de Conflicto de Intereses ha firmado cinco autorizaciones para que Fernández de Mesa se incorporara al sector privado: Preventia Neurotechnology, Red Eléctrica, Absylum Integral Services, como trabajador y autónomo y, la última, en Oto Melara Ibérica. De las cinco, ahora mismo solo está trabajando para Red Eléctrica, según afirma.
La autorización para la empresa de armas, fechada el 28 de agosto de 2017, se firmó apenas 9 meses después desde su cese como director general de la Guardia Civil, en noviembre de 2016. Especializada en sistemas de artillería y vehículos blindados, Oto Melara Ibérica es filial de Finmeccanica-Oto Melara (Leonardo), una de las mayores compañías de armamento y material de doble uso con sede en Italia.
Fuentes de la empresa de armas italiana también han confirmado a eldiario.es que no existe “ninguna relación laboral” entre Fernández de Mesa y Oto Melara Ibérica. Según aclaran, la política de selección de personal del Grupo Leonardo se inspira en “los principios de la ética, la profesionalidad, la preparación, el mérito y la sostenibilidad”.
Cuestionados sobre un posible conflicto de intereses, las fuentes consultadas por este medio aseguran que la compañía pone “la máxima atención en verificar la ausencia de conflicto de intereses” ante una nueva contratación.
Aunque Fernández de Mesa es diplomado en “Altos Estudios Militares” y “Altos Estudios de la Defensa” por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), no tiene ninguna experiencia profesional en el sector armamentístico, según su currículum oficial.
Una empresa contratista del Ministerio de Defensa
La ley de regulación de altos cargos aprobada en 2006 (y actualizada en 2015) establece que cuando estos últimos quieran prestar “servicios en entidades privadas afectadas por decisiones relacionadas con el cargo desempeñado” durante el periodo de dos años tras el cese “deben solicitar y obtener la autorización” del Gobierno.
El grupo Leonardo es contratista habitual del Ejército español. Un consorcio de Oto Melara con Iveco (Fiat) recibió más de 10,5 millones de euros en adjudicaciones del Ministerio de Defensa entre 2011 y 2015, según datos de la Plataforma de Contratación del Estado recopilados por eldiario.es. La mayoría de estos contratos fueron para el mantenimiento de los vehículos blindados Centauro, adquiridos por el Ejército de Tierra al consorcio italiano entre 1999 y 2006.
Los 20 contratos del Ministerio de Defensa con el consorcio OTO Melara-Iveco entre 2011 y 2015
“La Guardia Civil no ha adjudicado ningún contrato a Oto Melara”, explica Fernández de Mesa, que explica que el presupuesto de la benemérita proviene completamente del Ministerio de Interior. La Guardia Civil, que mantiene una “doble dependencia de los ministerios de Interior y Defensa”, es un cuerpo policial de carácter militar.
Este no es el primer caso en el que altos cargos del Estado pasan a trabajar para el sector armamentístico. Según reveló eldiario.es, los gobiernos de Zapatero y Rajoy autorizaron a siete ex altos cargos del Ministerio de Defensa a trabajar en empresas de armas que habían recibido adjudicaciones millonarias del Ejército.
Pedro Morenés, ex ministro de Defensa, también fue cuestionado por haber trabajado para empresas de armas antes de jurar el cargo. Las empresas a las que estuvo vinculado recibieron más de 115 millones de euros durante su etapa como ministro, según una investigación de eldiario.es.
Fernández de Mesa, del PP al sector eléctrico
La vida de Fernández de Mesa ha estado siempre ligada al PP. Empezó su carrera política muy joven, cuando se afilió a Alianza Popular con apenas 21 años en 1977. Desde entonces, sus cargos se acumulan: concejal en Ferrol, diputado en el Congreso, delegado del Gobierno en Galicia, asesor en el Ministerio de Administraciones Públicas, director general de la Guardia Civil y, ahora, consejero independiente en la compañía Red Eléctrica Española, controlada por el Estado.
Su etapa como máximo responsable de la Guardia Civil estuvo marcada por su actuación tras la muerte de 14 personas en la playa del Tarajal en Ceuta en 2014. Negó en repetidas ocasiones que agentes españoles lanzasen pelotas de goma y dispararan botes de humo contra quienes trataban de alcanzar la costa a nado.
Además, anunció “querellas criminales” contra activistas y testigos que denunciaron la actuación de la Guardia Civil por injurias y calumnias. En enero de este año, la Audiencia Provincial de Cádiz ordenó reabrir la causa en la que todavía hay 16 agentes imputados.
Las críticas a su gestión no impidieron que Fernández de Mesa dejara su cargo como responsable de la benemérita dejando un recuerdo para la posteridad. Para la galería de la Guardia Civil, decidió retratarse como los generales del siglo XIX, a pesar de su condición de civil.
En el cuadro, Fernández Mesa posa con la banda de la Gran Cruz Naval, una banda con la bandera española, un bastón y mando y un total de 14 medallas. Una vestimenta que contrastaba con la de sus antecesores en el puesto, que posaron con traje y corbata para los retratos.
Su cese como alto cargo llegó poco tiempo después de que saliese a la luz su obra de arte. Su nueva andadura laboral empezó con un puesto de consejero en Red Eléctrica Española. Sin experiencia conocida en el sector energético, el exdiputado del PP y amigo personal de Mariano Rajoy ha pasado a cobrar un sueldo bruto anual por encima de los 150.000 euros.
