El Gobierno colombiano afirma que restituye tierras en medio del conflicto

Los ministros de Agricultura, Defensa e Interior de Colombia defendieron hoy que es difícil restituir tierras a desplazados por el conflicto armado, porque el proceso se desarrolla sin que exista paz en el país, y negaron la ineficacia gubernamental de la que les acusó Amnistía Internacional (AI).

En un duro informe, la ONG, con sede en Londres, puso de relieve los resultados que por el momento arroja la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que comenzó a aplicarse en Colombia en 2011 y cuyos trabajos se prevé que duren al menos una década.

La norma pretende, entre otras cosas, la devolución de unos ocho millones de hectáreas que han sido usurpadas a 5,7 millones de personas en los 50 años de conflicto armado en el país, según los últimos datos actualizados del Centro de Memoria de Colombia.

AI concluye que la ley es defectuosa, que se aplica con mucha lentitud y que el Gobierno no garantiza la seguridad a quienes, con sentencias a su favor, regresan a territorios que siguen ocupados por quienes se las arrebataron, fundamentalmente paramilitares u otros campesinos amparados por actores armados.

En este sentido, la ONG destaca que aún hay presencia de paramilitares en esos territorios usurpados y que, para agosto de 2014, la Fiscalía había investigado al menos 35 asesinatos relacionados con el proceso de restitución.

Tras el revuelo causado en el país con este informe, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, el de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el de Interior, Juan Fernando Cristo, defendieron el modelo de restitución de tierras en un comunicado conjunto.

En él, enfatizan que Colombia “es el único país en el mundo que ha asumido el reto de restituir tierras en medio del conflicto armado” y que “el 100% de las familias que han vuelto a sus tierras se mantienen en ellas”, lo que demuestra, a juicio del Gobierno, “que existen garantías para un retorno seguro y sostenible”.

Pinzón señaló que, en el aspecto de la seguridad para quienes retornan, hasta la fecha “se han capacitado más de 12.000 miembros de la Fuerza Pública comprometidos con los procesos de restitución de tierras”.

El Gobierno resalta en el comunicado que en estos tres años se han devuelto 84.516 hectáreas y que los jueces deben dictar sentencia sobre otras 300.000 hectáreas.

En su informe AI contrasta esta cifra de devoluciones con los ocho millones de hectáreas usurpadas y señala que son algo más del 1 % del total,

Asimismo, el Ejecutivo niega que no ofrezca asistencia financiera a los retornados, pues estos campesinos “han recibido ayudas para proyectos productivos” por un valor equivalente a unos 11,5 millones de dólares.

Además, según el Gobierno, se han asignado subsidios a cerca de 2.000 familias y se han concretado acuerdos para el alivio de pasivos y la exoneración de impuestos.