El Gobierno disfraza de Pleno sobre la corrupción el debate sobre sus leyes de regeneración
El Gobierno cree haber encontrado el truco que le permita hablar de corrupción desde la tribuna del Congreso sin aceptar la exigencia de la oposición de que se celebre un Pleno extraordinario en el que el presidente del Gobierno haga autocrítica sobre la que afecta a su partido. Se trata de adelantar en lo posible el debate sobre dos proyectos de ley que llevan más de un año en la Cámara y no se han convertido aún en leyes.
Los continuos casos de corrupción que han afectado al PP han impedido el acuerdo previo con el PSOE, pero tanto en el Gobierno como en el partido tienen claro que es urgente dar una respuesta más allá de las últimas peticiones de disculpas de Mariano Rajoy.
Medidas por la regeneración congeladas
El plan del Ejecutivo, que pondrá en marcha el grupo del PP, es agilizar los trámites para los proyectos sobre el control de la actividad financiera de los partidos y las exigencias de conducta pensadas para los altos cargos. Ambas medidas, anunciadas por Rajoy en el debate sobre el estado de la nación de hace dos años, se convirtieron en propuestas de resolución en el siguiente debate.
Alfonso Alonso culpa al PSOE de que ambos proyectos no hayan avanzado en la Cámara desde que el Gobierno los aprobó en Consejo de Ministros en diciembre de 2013. Insiste en que el último plazo fijado para que se conviertan en leyes es antes de que termine este año. Los parones del diálogo entre ambos partidos durante los últimos meses parecieron solventados tras el verano, cuando acercaron posturas con los nuevos responsables del PSOE y el acuerdo parecía inminente.
Los últimos casos de corrupción, en el que el PP ha sido el principal protagonista, han disuadido a Pedro Sánchez, por lo que los socialistas ya han anunciado sus propuestas por libre. Conscientes de que la negativa del PSOE a escenificar un pacto formal contra la corrupción perjudica más al PP, los conservadores han prometido que sacarán adelante sus iniciativas gracias a su mayoría sin esperar el apoyo de los demás.
No a “poner apellidos a la corrupción”
Los asistentes a la Junta de Portavoces se reúnen este jueves a primera hora para atender la exigencia de la Izquierda Plural y el PSOE de celebrar un Pleno extra la próxima semana. Con toda seguridad, el PP vetará la petición y se escudará en el debate de totalidad que podría celebrarse dentro de tres semanas. Cualquier otra opción le parece “seguir el juego” al PSOE y dar facilidades para que se convierta en una sarta de acusaciones directas contra Rajoy que aprovecharían todos los partidos de la oposición. En sus palabras, “Sánchez quiere poner apellidos a la corrupción, nuestro error ha sido confiar en un acuerdo”.
Pero un debate de totalidad ni siquiera supone ver al presidente del Congreso en la tribuna. Aunque puede intervenir siempre que quiera, la defensa de los proyectos no tiene por qué recaer en él. Pero dada la necesidad de Rajoy de convencer a los ciudadanos de que el problema le preocupa, hay muchas posibilidades de que lo haga él mismo.
O de que la tarea recaiga en su número dos. La vicepresidenta es la principal artífice de ambos proyectos, junto al de la Ley de Transparencia, la tercera gran pata de las medidas por la regeneración. El riesgo al que se enfrenta Soraya Sáenz de Santamaría es tener que escuchar todos los reproches que los grupos parlamentarios quieren hacerle al presidente en persona.
