El Gobierno esconde 5 millones para escuchas y seguimientos en el mismo decreto de la Ley del Cine
Un mismo Real Decreto aprobado el 15 de mayo por el Consejo de Ministros sirvió para modificar la Ley del Cine y para aprobar también créditos extraordinarios con destino a siete ministerios, entre ellos el de Interior. Así, en apenas cinco párrafos, el Ejecutivo aprobó una partida extra de 10 millones para la “potencialización tecnológica y de los sistemas de información y comunicación” de los servicios de Información. Solo un informe del Consejo de Estado desvela parte del destino de ese gasto: 4 millones de euros para un sistema de geolocalización de teléfonos móviles y 1,09 para comprar dispositivos de seguimiento electrónico y de grabación de conversaciones “en ambientes hostiles”.
Ninguno de estos objetivos del gasto aparece en el Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo, destinado a modificar La Ley del Cine y en el que el Gobierno de Mariano Rajoy decidió incluir “varios créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado”, así como otras “medidas de carácter tributario”. En el preámbulo, el Ejecutivo plantea la necesidad del crédito a Interior “para combatir la amenaza (yihadista), neutralizar o minimizar los riesgos de acciones criminales terroristas contra nuestros ciudadanos y la atomización de los riesgos”. Argumenta el aumento de atentados yihadistas dentro y fuera de Europa.
Además de los sistemas de seguimiento y escucha, 1,1 millones de euros irán destinados al software y el hardware asociado a la implementación de una herramienta de inteligencia que integre todos los datos de las investigaciones contra el terrorismo y la “radicalización” que llevan a cabo los servicios centrales y los periféricos del Cuerpo Nacional de Policía. Este es otro de los objetivos del que el Gobierno consideró innecesario informar en su heterogéneo decreto-ley.
La frase con la que el Ejecutivo despacha el motivo de la partida extraordinaria –“potencialización tecnológica y de los sistemas de información de las unidades citadas”- contrasta con el desglose que se realiza del presupuesto extraordinario que el decreto-ley dedica a otros ministerios distintos del de Interior. Solo para los 9,6 millones con destino a sufragar los gastos del rescate del buque Oleg Naydenov, que naufragó frente a las costas canaraias, el Gobierno emplea el doble de espacio que para los 10 millones que irán a parar al departamento de Jorge Fernández Díaz.
Bajo los términos de la partida para Interior que revela el Consejo de Estado en su informe están sofisticadas herramientas capaces de ubicar a un individuo a través de su teléfono celular o de grabar de forma secreta conversaciones en lugares cuyo acceso es imposible para los agentes.
Abuso del decreto-ley
El artículo 86 de la Constitución califica los decretos-ley como “disposiciones legislativas provisionales” reservadas a circunstancias de “extraordinaria y urgente necesidad”. La oposición ha criticado que el Gobierno de Mariano Rajoy esté batiendo un récord al gobernar por medio de esta figura, que le permite ahorrarse el trámite parlamentario. A pesar de estar reservados para situaciones extraordinarias, el 33% de las iniciativas legislativas que han pasado por la mesa del consejo de ministros en esta legislatura son decretos-ley, un récord en democracia. En total, 73 por los 143 proyectos de ley que se llevan aprobados. En número totoal de decretos-ley, el de Rajoy solo está por detrás del primer Ejecutivo de José María Aznar.
El 4 de julio de 2014 el ejecutivo forzó al máximo la fórmula del decreto ley. Ese día se aprobó el decreto 8/2014 de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Ese texto contenía la friolera de 170 artículos y once anexos. Su aprobación supuso modificar de un plumazo y sin pasar por el parlamento (lo haría después para su convalidación) 26 normas con rango de ley.
Los 15 decretos-leyes con mayor número de materias legisladas desde 2008
Al incluir un número tan abundante y dispar de materias en un mismo decreto-ley, el Gobierno no solo consigue difuminar el posible impacto de los créditos extraordinarios, sino que reduce el ya de por sí abultado número de decretos-ley con los que está ejerciendo la labor de Gobierno.
La Ley General Presupuestaria establece que Hacienda deberá enviar al Consejo de Estado para su dictamen las modificaciones en los presupuestos en varios casos, entre ellos, “cuando se trate de créditos extraordinarios o suplementarios que afecten a operaciones financieras del Prespuesto”. El 11 de mayo, Hacienda envió su plan al Consejo de Estado y dos días después, la comisión permanente del órgano consultivo, falló sobre las modificaciones presupuestarias.
En el caso de Interior, el Consejo de Estado dice que “no hay nada que objetar a la finalidad” que se persigue con la partida extraordinaria, “reforzar la capacidad de las unidades de las áreas de Información y lucha contra el terrorismo”. Por otra parte, asegura que “clara parece también la inexistencia de crédito en los presupuestos del presente ejercicio para hacer frente a las obligaciones referidas”.
“Igualmente, no suscita objeción al Consejo de Estado la cifra de 10 millones de euros que se propone como importe del crédito extrordinario, que ha sido calculada por el Ministerio del Interior y a la que ha prestado su conformidad la Dirección General de Presupuestos”. En cuanto a su urgencia, el Consejo de Estado considera que está “justificada por el reciente aumento de atentados terroristas”. Las fuentes parlamentarias consultadas explican que este análisis del Consejo de Estado es muy similar al que realiza en estos casos, sin capacidad para poder contrastar la información que le entrega el Ministerio de Hacienda, procedente a su vez de la que ha facilitado el departamento para el que van a ir destinados los créditos extraordinarios.
Por otra parte, el Ministerio del Interior pretende tener listo el 10 de diciembre un sistema informático para detectar “terroristas” y otro tipo de delincuentes antes de que tomen un avión o cojan un tren, como informó eldiario.es. El proyecto no pasaría de ser una vasta y eficiente base de datos si los objetivos de la herramienta fueran individuos con antecedentes. Sin embargo, a quien Interior aspira a identificar es a personas que todavía no han cometido un delito, por lo que no duda en incluir en la oferta pública que lanza la exigencia de que la herramienta construya el “perfil demográfico y sociológico” de los pasajeros. Para nutrir la base de datos, Interior quiere servirse de las redes sociales y de la “huella digital” de los pasajeros.
Promedio de materias legisladas por decretos-leyes
