El Gobierno amplía la justicia gratuita para contrarrestar la polémica por las tasas
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita y ha ampliado el número de personas que podrán beneficiarse. Ante la polémica levantada por la subida de las tasas judiciales y la creación de otras nuevas, Alberto Ruiz Gallardón ha decidido ampliar este derecho a colectivos como las víctimas de terrorismo, violencia machista y trata, así como a los menores y discapacitados psíquicos maltratados, independientemente de sus ingresos. También ha subido el umbral de renta mínimo para las personas con peor situación económica y se tendrá en cuenta la situación familiar.
Gallardón ha venido defendiendo hasta ahora la subida de las tasas como la única forma de garantizar “la justicia gratuita” pese a que las asociaciones de jueces alertan sobre la desigualdad que provocará esta medida. Para contrarrestar las críticas del sector, de todos los partidos políticos y de las asociaciones que defienden los derechos de las mujeres maltratadas, el titular de Justicia ha ampliado a los beneficiarios absolutos atendiendo a su vulnerabilidad y defiende que este anteproyecto da un “verdadero impulso para que el sistema siga siendo viable”.
Sin embargo, aún hay incertidumbres sobre lo que sucederá con las mujeres víctimas de violencia machista. El Gobierno no ha especificado qué sucederá hasta que entre en vigor la nueva Ley -que puede tardar meses- y, por tanto, con las mujeres que ya están teniendo que pagar las tasas que se derivan de los procesos judiciales con los que buscan desvincularse de sus maltratadores.
“Las víctimas de violencia de género no pueden esperar hasta que la Ley de Justicia gratuita esté en vigor y se convierten, gracias a la dejación del Gobierno, en dobles víctimas”, ha dicho la Secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié. El PSOE ha pedido que se elabore un decreto ley para que la nueva norma entre en vigor lo más rápido posible.
Colectivos vulnerables
A partir de ahora las víctimas del terrorismo, violencia machista y trata de seres humanos; discapacitados psíquicos, organizaciones sindicales o de consumidores y Cruz Roja no pagarán el coste de los procesos relacionados con su condición de víctima. Podrán contar con asesoramiento, defensa, procurador, pruebas periciales y actas notariales, entre otros servicios.
En cuanto a los ingresos, se ha elevado el umbral de renta mínima para la mayoría de los casos, excepto para las personas solteras. Hasta ahora, para ellas se tenía en cuenta el salario mínimo. Cuando entre en vigor, se contará que no sobrepase dos veces el IPREM. Las familias de menos de cuatro miembros no podrán ingresar entre todos más de 1.300 euros brutos mensuales (antes el tope estaba en 1.242). El umbral para las familias numerosas será de 1.500 mensuales.
El interesado tiene primero que pedir que le sea reconocido este derecho y solicitar después de qué exención en concreto quiere beneficiarse. Aunque los que más litigan en los tribunales son las grandes empresas, el Gobierno ha decidido vigilar que los nuevos beneficiarios no abusen. A partir de la tercera petición en un año, un comité investigará el caso porque lo considerará de antemano un “presunto abuso”.
