El Gobierno ve bien que un funcionario ayudase a Aznar en sus negocios con la Libia de Gadafi
El Gobierno no ve ningún problema en que se utilice a un funcionario para colaborar en los negocios privados de José María Aznar. El hecho de que el expresidente se sirviera del ahora diputado Pablo Casado para que ejerciera de asistente en su negocio de vender desaladoras en la Libia de Gadafi no supone ningún problema para la Presidencia del Gobierno, que es quien corre con los gastos de las oficinas de los expresidentes. FAES, el think tank presidido por Aznar, tampoco considera incompatible que un funcionario se dedique a estos menesteres.
Como ha revelado eldiario.es, Aznar eligió a Casado para que estuviera al tanto de sus negociaciones con la empresa Befesa, una filial del grupo Abengoa. Según recoge el contrato suscrito por el expresidente para ayudar en la venta de cuatro desaladoras a Libia, Casado era una de las personas autorizadas para recibir copias de cualquier comunicación de Befesa en relación con el negocio a comisión con el que Aznar ganó 100.000 euros. De haber seguido adelante, su papel de conseguidor le hubiera supuesto al expresidente una ganancia de hasta seis millones.
La oficina dedicada al servicio del expresidente Aznar está radicada en la misma sede que la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), en la madrileña calle María de Molina. A las órdenes de Aznar trabajan una secretaria y un asesor, puesto que en 2010 ocupaba Casado y del que ahora se encarga Germán Alcayde.
Antes de Casado fue Pablo Arias su hombre de confianza y asistente para todo. Arias fue elegido eurodiputado y perdió su puesto en las últimas elecciones europeas. Yerno de Manuel Pizarro y amigo íntimo de Alejandro Agag, no se ha quedado sin destino. Su puesto actual está en el Consejo de Administración del Ente Público Telemadrid.
La transparencia sobre los requisitos que debe cumplir el equipo de un expresidente del Gobierno es muy escasa. Tampoco existe ningún registro público sobre sus actividades o su sede. Ninguna dirección de contacto ni rastro alguno en internet. Según consta en el estatuto que regula este tipo de oficinas de los exmandatarios, se trata de una “atención y apoyo” y los dos puestos de trabajo forman parte de los correspondientes a la Presidencia del Gobierno.
Asistente para todo
Fuentes de la fundación defienden que esos funcionarios están “para lo que necesite el expresidente” y que esas tareas no están prefijadas, por lo que pueden ir del mero acompañamiento a un acto a gestiones administrativas. Que esas gestiones correspondieran a un negocio privado no supone, a su juicio, ningún impedimento. “No hay ningún tipo de incompatibilidad porque el expresidente ya no tenía actividad pública”, insisten.
Tampoco en la Presidencia del Gobierno ven mal el uso de recursos públicos, como es la retribución de un funcionario, para tareas destinadas a ganar dinero. Así, desde la Secretaría de Estado de Comunicación se remiten a que el estatuto sobre estas oficinas no entra en cuáles son las tareas asignadas, “siempre que no supongan una ilegalidad”.
