El Gobierno impone a la Generalitat un control de gastos semanal para impedir pagos para el referéndum
El Ejecutivo de Mariano Rajoy aumenta el control sobre las actuaciones del Gobierno de Carles Puigdemont. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha aprobado este viernes un acuerdo por el que obliga a la Generalitat de Cataluña a informar semanalmente sobre los expedientes iniciados o tramitados de pago para evitar que se aprueben gastos relaciones con el referéndum del 1 de octubre. La información deberá ser remitida al Ministerio de Hacienda.
El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha explicado que en caso de que la Administración catalana no dé información cada semana sobre las partidas de gasto podrían dejar de recibir el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Méndez de Vigo ha recordado que la Generalitat ha recibido más de 67.000 millones de euros desde la puesta en marcha de este mecanismo de financiación y que para 2017 Cataluña podría cobrar unos 3.600 millones. “La entrada en vigor de este acuerdo es inmediata. Será el ministerio de Hacienda el encargado de velar por su cumplimiento”, ha explicado el ministro portavoz.
Los funcionarios que están sujetos a esta obligación son “los interventores de las consejerías, los responsables económico-financieros de los organismos y entidades de la administración catalana, el director general de Presupuestos y el director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro”.
Méndez de Vigo no quiso entrar en “las posibles sanciones” que podría acarrear para los funcionarios “negar la información o la falta de firma en alguna partida de gasto” pero hizo “una llamada a la cordura” para que “el dinero se dedique a garantizar los servicios públicos y en defensa del interés general” y no para “un referéndum que es ilegal”.
La exigencia del Ejecutivo central con esta “actuación preventiva”, como la denómino el portavoz del Gobierno, responde a la nueva estrategia de secretismo que se impuso la Generalitat tras el concurso fallido para las urnas, que quedó desierto en su primera fase sin que ninguna empresa pudiera formalizar su oferta económica. Por contra, sí que se han sucedido varios actos simbólicos pero en los que no se ha firmado nada oficial, como el compromiso por el referéndum de los altos cargos de abril o el acto en el TNC de hace dos semanas.
La normativa aprobada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos también es un posicionamiento paralelo a la resolución del Tribunal Constitucional que admitía a trámite la denuncia el recurso del Gobierno a los presupuestos catalanes contra la parte de los presupuestos de la Generalitat para 2017 que incluían partidas para la convocatoria de un referéndum de independencia.
La suspensión dictada por el TC y el recurso del Gobierno afectan a la disposición adicional 40, que recoge la convocatoria de un referéndum, y a tres partidas presupuestarias que suman 5,8 millones y que hacen referencia a “procesos electorales y consultas populares” y a “procesos de participación ciudadana”.
Petición de comparecencia del ministro de Hacienda
Los grupos parlamentarios de ERC y PDeCAT han registrado conjuntamente este viernes una petición de convocatoria urgente de la Diputación Permanente del Pleno del Congreso para que comparezca el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras la advertencia sobre la posible retirada del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a Cataluña, según informa Europa Press.
Una medida que, según la diputada portavoz de ERC en la comisión de Hacienda del Congreso, Ester Capella, “vulnera” la Constitución, la ley que precisamente el Ejecutivo “pretende hacer cumplir”. Así, según ha defendido la diputada, atenta contra el artículo 2 de la Carta Magna que reconoce y garantiza “el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y la solidaridad entre ellas”, algo que incluye “la autonomía financiera y la capacidad de ejercerla”.
Por su parte, el portavoz económico del PDeCAT en el Congreso, Ferran Bel, ha denunciado que esta medida “constituye una agresión contra los servicios públicos catalanes y contra las personas que viven en Cataluña”.
“No es de recibido vincular la financiación de los servicios públicos esenciales a la no utilización de las urnas. Las urnas siempre son la solución y nunca un problema”, ha enfatizado.
