El Gobierno lanza el segundo gran golpe al desafío independentista
El Gobierno de Rajoy librará desde hoy la segunda gran batalla en su ofensiva para frenar la celebración de un referendum independentista en Cataluña. El Consejo de Ministros aprobará este viernes un recurso de inconstitucionalidad que cuenta ya con el aval del Consejo de Estado.
El ejecutivo no ha dejado correr el tiempo y ha sido el propio Rajoy el encargado de activar la maquinaria: el pasado miércoles firmó de su puño y letra la petición de un dictamen que el Consejo de Estado ha elaborado en tiempo récord, abriendo la puerta a la paralización de la norma aprobada en el Parlament.
El reglamento que Moncloa quiere frenar no hace mención expresa al desafío independentista. Se trata de una reforma de las normas que rigen el funcionamiento de la cámara autonómica catalana y que permitiría la aprobación de leyes en solo 24 horas y sin apenas burocracia. Lo que Rajoy y Puigdemont se disputan es el acceso de la cámara catalana al factor sorpresa; la posibilidad de sacarse una ley de la chistera que coja al contrario con el pie cambiado.
Solo con que el Constitucional admita a trámite la propuesta del Gobierno, la norma catalana quedará suspendida de facto. Moncloa se ha encargado de explicitar esa petición, bajo el amparo del artículo 161.2 de la Carta Magna.
La maniobra del Gobierno es la segunda de envergadura contra el proceso iniciado por el Gobierno de Puigdemont con el objetivo de conseguir la desconexión de Cataluña. El pasado viernes, Moncloa anunciaba la aprobación de una orden por que se exigía al Gobierno de Puigdemont la rendición de cuentas semanales a fin de aclarar que no se estaban desviando fondos para financiar la consulta. Solo siete días después, Rajoy vuelve a actuar pero en el terreno jurídico.
El Constitucional tendrá que reunir a su plenario a principios de semana. Fuentes del alto tribunal aseguran que probablemente la decisión de admitir o no a trámite la petición del Gobierno se tomará el próximo martes. Las mismas fuentes aseguran que tras el dictamen favorable del Consejo de Estado, “lo más probable es que se paralice la norma catalana de manera unánime”.
