El Gobierno admite que puede promover una regresión autonómica en la reforma constitucional
El Gobierno de Mariano Rajoy admite que en la comisión que estudia la futura reforma constitucional en el Congreso puede promover la devolución de competencias autonómicas al Estado. Varios ministros del Ejecutivo y dirigentes del Partido Popular han planteado una regresión autonómica como una opción viable que también debe ser estudiada en la modificación de la Carta Magna.
Durante un desayuno informativo del Forum Europa en Bilbao el ministro de Justicia, Rafael Catalá, explicó que el camino de la reforma de la Constitución no tiene que discurrir solamente en la dirección de ampliar competencias de las autonomías, de manera que la dirección contraria también es una posibilidad que debe ponerse sobre la mesa. “No sé si estamos en el momento de ampliar competencias o de fortalecer los instrumentos de colaboración y cooperación o de que el Gobierno central vuelva a asumir políticas públicas esenciales”, comentó Catalá.
El desafío secesionista en Catalunya ha abierto una nueva etapa que a, juicio del titular de la cartera de Justicia, supone que “algunas políticas que tuvieron sentido quizás en un momento inicial de consolidación del Estado de las autonomías, han puesto ahora de manifiesto disfuncionalidades y algún resultado disonante”.
Han sido numerosas las voces –dentro y fuera del Partido Popular– que han aprovechado la pulsión independentista en Catalunya para promover un cambio de rumbo en la descentralización del Estado, especialmente en competencias básicas como la Educación, con la excusa del supuesto adoctrinamiento de menores, o Interior, por el papel de los mossos durante el referéndum del 1 de octubre.
Otros partidos han señalado que la crisis fue el pistoletazo de salida de un proceso de recentralización que se inició con la aprobación en 2012 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la regla de gasto. Estas medidas obligan a seguir unas limitaciones financieras que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha criticado por inflexibles.
Las palabras de Catalá llegaron hasta la rueda de prensa tras el consejo de ministros de este viernes. El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, no quiso desmentir la posibilidad de que en la futura reforma constitucional se avance hacia una centralización.
“En esa comisión los representantes de los partidos deben ir con una mirada abierta. Hay que analizar los 40 años de la Constitución en España. Hay que ir a ver qué ha funcionado bien y qué ha funcionado mal siempre con el objetivo de mejorar y garantizar más derechos y libertades. No se puede ir con ideas preconcebidas. Yo mismo lo he planteado en la comisión de Educación, si teníamos que plantearnos las transferencias de competencias, analizar cómo han funcionado”, explicaba Méndez de Vigo al ser preguntado si el Ejecutivo compartía la propuesta que expuso el ministro de Justicia.
“Principio de lealtad constitucional”
El ministro portavoz del Gobierno fue más allá en su siguiente declaración. Méndez de Vigo añadió –con el aviso de que era “a título personal”– que en la futura Carta Magna “habría que incorporar un principio que está recogido en otras constituciones como es el de la lealtad constitucional, la Bundestreue en el caso de la Constitución de Alemania, de manera que es muy importante que todos asumamos competencias, pero también que las instituciones cumplan con sus obligaciones”.
Esté posicionamiento personal de Méndez de Vigo ya había sido lanzado por otros miembros del ala más dura del Partido Popular. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, y el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, coincidieron en proponer la “limitación de proyectos rupturistas y ruinosos para la nación y para las comunidades autónomas en España”.
Entonces tanto el Gobierno como la dirección Partido Popular se desmarcaron de la línea de los dos dirigentes, lo que llevó a Casado y Albiol a retrasar la posible inclusión de una prohibición de determinados postulados independentistas en los programas electorales de los partidos políticos a la futura reforma de la Constitución.
En ese momento, la idea de ilegalización de partidos independentistas fue más que una declaración de un dirigente o un rumor que corría por los pasillos del Parlamento. Un diputado del PSC en el Congreso apuntaba pocos días antes de la implantación del artículo 155 que esperaba que no hubiera mucho tiempo hasta la convocatoria de elecciones en Catalunya para que no se impusieran las tesis sobre la prohibición de determinados partidos.
Sin llegar tan lejos, pero consciente de que el pulso independentista ha provocado una marea recentralizadora en determinados sectores de la sociedad española, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, defendió que “se puede plantear todo lo que tenga una mayoría de acogida y seguimiento. Se puede reformar en un sentido o en otro, pero es necesario un gran grado de consenso”.
A lo que no está dispuesto el Gobierno es que la comisión de la reforma constitucional se plantee como una opción para compensar a los independentistas catalanes. Por este motivo, el ministro portavoz del Gobierno desautorizó al ministro de Exteriores, Alfonso Dastis que declaró en una entrevista en la BBC que la reforma de la Carta Magna serviría “para poder amoldarla mejor a las aspiraciones de algunos catalanes”, lo que se ha interpretado como la admisión por parte del Estado español de un posible referéndum.
Méndez de Vigo reiteró que el Ejecutivo “siempre ha señalado que el diálogo sobre una posible reforma constitucional se debe residenciar en el Congreso de los diputados” y pidió la participación de todos los partidos sin respaldar las palabras del titular de Exteriores.
La comisión territorial es parte del acuerdo entre el PSOE y el PP. El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, arrancó a Rajoy un pacto para iniciar una reforma de la Constitución en la Cámara Baja a cambio de su adhesión a la aplicación del artículo 155 que permitía la intervención de la autonomía catalana para frenar el desafío independentista.
La comisión echa a andar el próximo 15 de noviembre aunque el mecanismo constitucional que ha supuesto la destitución de los responsables del Govern catalán ha provocado que tanto Unidos Podemos como ERC, PDeCAT, Bildu y PNV hayan anunciado que no participaran en los debates de la comisión.
