El Gobierno dice ahora que “lo razonable” es que Ruz termine de investigar la presunta caja B del PP

Minutos antes de que fuera conocida esta mañana la decisión de la Audiencia Nacional de dictar la libertad bajo fianza de Luis Bárcenas, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado en Antena 3 que “lo razonable” es que sea el juez Pablo Ruz quien finalice la instrucción del caso Gürtel, incluida la pieza separada que indaga en la presunta financiación irregular del Partido Popular.

“El juez Ruz ha hecho una instrucción complejísima y prolongada en el tiempo por los asuntos que han ido apareciendo y, por lo tanto, lo razonable es que el juez Ruz finalice esa instrucción. En ese sentido, tanto la Fiscalía como el Gobierno, ya que el juez pide informes tanto a la Agencia Tributaria como a la Administración General del Estado, nuestra intención es ayudar al máximo para que pueda finalizar, con toda la información que necesita, la instrucción que está llevando a cabo”, ha asegurado el titular de Justicia.

Estas declaraciones se producen después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con mayoría de vocales propuestos por el PP, decidiera hace un mes incluir la plaza que ocupa Ruz de forma provisional en la Audiencia Nacional en un gran concurso que pretende acabar con la interinidad en la carrera judicial. Esta decisión fue adoptada a pesar de que, según la propuesta alternativa del vocal Álvaro Cuesta, la ley permite prorrogar a Ruz en su puesto tanto tiempo como necesite la instrucción.

Con la decisión del CGPJ, Ruz solo podría continuar como juez de refuerzo y siempre que lo autorice el magistrado que gane la plaza en concurso. Con toda esta polémica, Pablo Ruz ha decidido no continuar más allá de marzo, según fuentes próximas al magistrado.

Hace apenas una semana trascendió que José de la Mata es el juez con más posibilidades de ocupar el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de cuantos aspiran a la plaza que hoy ocupa Ruz. De la Mata reúne los requisitos de la convocatoria y es el más antiguo en el escalafón de los aspirantes. El magistrado, ahora destinado en la Audiencia Provincial de Madrid, ocupó un cargo de responsabilidad en el Ministerio de Justicia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La entrevista de Catalá, que se produce dentro de la nueva estrategia del Ejecutivo de exponer a los ministros a los medios de comunicación con mayor frecuencia de lo que se había hecho hasta ahora, dejó otro titular sorprendente. En contra de lo que ha acreditado en sus autos el juez Ruz, Catalá ha dicho que el juez no encontró en su registro de la sede central del PP ningún documento que antes no le hubiera entregado el Partido Popular.

“Hasta donde yo sé, los abogados del PP habían entregado al juez Ruz toda la documentación que fue a buscar y que comprobó que ya tenía entregada en la sede de su juzgado”, ha asegurado Catalá. En abril del pasado año, el juez Ruz recibió el informe de la policía con las conclusiones del análisis de la documentación incautada en Génova. Con ese informe en su poder, el 7 de abril dictó un auto en el que aseguraba que después del registro se podía afirmar, “aún con mayor fundamento”, que hay indicios de la existencia de una “corriente de pagos y cobros continua en el tiempo, ajena al circuito económico financiero y al margen de la contabilidad remitida por el Partido Popular al Tribunal de Cuentas”.

Y añadía que, “entre otros extremos pendientes de indagación, [esa caja B] habría sido utilizada en el presente caso para atender a determinados pagos al arquitecto Gonzalo Urquijo, responsable de la empresa Unifica, encargada entre los años 2005 y 2011 de la ejecución de diversas obras de reforma y remodelación de la sede principal de la referida formación política”.

Esos pagos al arquitecto de Génova, continuaba el instructor, “no se habrían reflejado ni en la facturación ni en la contabilidad oficial, sino en la contabilidad paralela o 'B' de la que eran presuntos encargados los imputados Luis Bárcenas Gutiérrez y Álvaro Lapuerta Quintero”. Esas cantidades, en total 880.000 euros, salieron con cargo al “remanente de capital no contabilizado disponible en la denominada caja B del partido”. Como consecuencia de esas nuevas averiguaciones, el juez Ruz citó de urgencia como imputados a tres colaboradores del arquitecto Gonzalo Urquijo y a otras cuatro personas en calidad de testigos.

Es más, cuando el PP pidió al juez en octubre del pasado año que dejara de utilizar el término “incautados” para referirse a los documentos requisados en Génova, Ruz se negó y recordó al Partido Popular su negativa a colaborar con la investigación. El juez aludía a que la documentación no fue entregada voluntariamente y, por tanto, mantenía “íntegramente su contenido en los términos en aquel establecidos”.