El Gobierno catalán recurrirá al TC el pago de la escolarización privada en castellano

El Consell Executiu de este martes ha aprobado presentar un recurso de conflicto de competencias ante el Alto Tribunal, después de la negativa al requerimiento hecho al Gobierno central y de que el Consell de Garanties Estatutàries dictaminase que este decreto vulnera competencias de la Generalitat.

La Generalitat entiende que la decisión del Ministerio “supone una invasión y un detrimento de las competencias propias en materia de educación y lengua”, y alega que el Gobierno central no tiene capacidad para establecer este mecanismo.

Además de este argumento, el Ejecutivo catalán considera que la implantación de este mecanismo supondrá “una separación de los alumnos por razón de lengua”, hecho que es contrario al régimen lingüístico de la enseñanza en Cataluña reconocido en el Estatut y la Ley de Educación.

El decreto otorga al Estado la facultad de sustituir a las comunidades autónomas cuando estas no garantizan la enseñanza en castellano en una proporción razonable, y establece que los alumnos que así lo soliciten serán escolarizados en centros privados y que el coste de tal escolarización irá a cargo de las arcas de la comunidad autónoma en cuestión, en este caso, de la Generalitat.