El Gobierno retrasa a finales de julio la reforma del aborto para ahorrársela a Felipe VI
La reforma del aborto, que ha sufrido ya varios aplazamientos desde que Alberto Ruiz-Gallardón la anunciara como cosa hecha para otoño de 2012, vuelve a verse postergada. El proyecto, que finalmente se aprobó en diciembre de 2013, necesita el visto bueno final del Consejo de Ministros antes de pasar a las Cortes. El trámite estaba previsto para este próximo viernes, pero el hecho de que Felipe VI vaya a presidir la próxima reunión del Gobierno de Mariano Rajoy aconseja esperar una semana más.
Justicia insiste en su respuesta oficial. Esto es, que el texto “se sigue revisando” hasta el último momento antes de llegar a Moncloa. Sin embargo, fuentes del PP explican lo contrario: que el proyecto de ley ya está listo y ha salido del Ministerio de Gallardón para recaer en la mesa de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Es en la sede de Génova donde más pegas se han puesto al proyecto. De hecho, miembros de la cúpula del PP explicaron a eldiario.es que se había “invitado” a Gallardón a que volviera a leerse el texto para rebajar sus pretensiones.
La reforma de la ley de plazos ha generado tantas discrepancias dentro del Partido Popular que algunos incluso aspiran a que el Gobierno deje dormir el proyecto y que no llegue a aprobarse. El interés del PP por recuperar los votos perdidos –en las últimas elecciones europeas se dejaron 1,5 millones– choca con el cariz conservador de la norma que impulsa Gallardón. Si finalmente el texto llega a las Cortes, otras fuentes del grupo parlamentario dejan caer que se buscaría la manera de prolongar al máximo la tramitación, según Europa Press.
Tampoco en el de Rajoy
Pese a la excusa de Justicia, Moncloa se inclina por firmarla el 25 de julio. De esta forma, evita el trago al rey, que presidirá este viernes en la Zarzuela la celebración del llamado Consejo de Ministros Deliberante. Horas después, se celebrará la habitual reunión del equipo en Moncloa, de modo que en Zarzuela no se tomará ni discutirá ninguna decisión. Sin embargo, la coincidencia entre la aprobación del aborto y la presencia del rey desaconseja que sean el mismo día.
Un portavoz de la Casa Real desvincula completamente las dos reuniones del viernes y recuerda la separación de poderes consagrada en la Constitución. De esta forma, Zarzuela insiste en que Felipe VI presidirá una reunión “estrictamente institucional” que no tiene ninguna función ejecutiva. “Los Gobiernos toman las decisiones cuando consideran conveniente”, responden ante la inconveniencia de que coincidan las fechas.
La siguiente ocasión en la que el Gabinete se reunirá –por última vez antes de irse de vacaciones– es el 1 de agosto, lo que también la convertía en una fecha propicia para sofocar la polémica ante la opinión pública. Con gran parte de los españoles en plena operación salida, podía ser la jornada adecuada para cumplir el objetivo del Gobierno de no hacer ruido. De hecho, la aprobación del anteproyecto ya se hizo un 20 de diciembre. El problema es que la última reunión de los ministros antes del verano es cuando el presidente tiene por costumbre comparecer personalmente ante la prensa.
Cuando los periodistas han podido preguntar directamente a Rajoy por la reforma que más dolores de cabeza ha causado en el Ejecutivo y en su partido, el presidente ha optado por ser esquivo y no pronunciar ni siquiera las palabras “aborto” o “interrupción del embarazo”. Entonces, el aborto se convierte en “el asunto por el que me pregunta” o “ese tema tan delicado”. Así lo hizo cuando compareció en Moncloa a finales de diciembre. En esa ocasión, el presidente intentó poner distancia con su propio compromiso electoral y evitó cualquier referencia concreta.
Sólo una semana antes, su ministro de Justicia había vendido el anteproyecto como una defensa “de los derechos del nasciturus” y hasta como una forma de “liberar a la mujer” que coloca la legislación “a la vanguardia del siglo XXI”. Una semana después, Rajoy se cuidaba de ser tan entusiasta como su ministro de Justicia y se limitaba a insistir en que la reforma se negociaría una vez llegara a las Cortes.
