Interior dice que no ordenó a la Policía retirar banderas republicanas en la proclamación de Felipe VI
¿Quién ordenó que desaparecieran las banderas republicanas al paso de la comitiva real el día de la proclamación de Felipe VI? Las informaciones que partieron de la Dirección General de la Policía y del Ministerio del Interior en las horas previas parecían no dejar lugar a dudas. Sin embargo, una respuesta por escrito del Ejecutivo central al diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares vuelve a intentar diluir las responsabilidades de una decisión contra la que cargó parte de la oposición y distintos colectivos sociales. Según dicha respuesta, “la retirada de banderas republicanas a lo largo del recorrido no formaba parte del objeto del operativo”.
Como se publicó en numerosas informaciones y vídeos como el de arriba, efectivos del Cuerpo Nacional de Policía pertenecientes a distintas unidades identificaron a numerosas personas que portaban banderas u otros elementos tricolores. Lo hicieron agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos como antidisturbios, y otros de la Brigada Provincial de Información.
A esta última brigada pertenecían los policías que se personaron, por ejemplo, en la redacción de eldiario.es reclamando que se retirase una bandera republicana de una ventana que un grupo de trabajadores había decidido colocar a título personal. Desde la calle, los policías señalaron la bandera republicana en cuanto fue mostrada por la ventana y varios agentes de paisano se personaron en la oficina un minuto después para pedir que fuera retirada.
La identificación del responsable político del que partió la orden no es baladí a efectos judiciales. Una jueza de Madrid investiga al director de la Policía, Ignacio Cosidó; al jefe superior de Madrid, el comisario Alfonso Fernández; y a la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, por delitos contra los derechos fundamentales, individuales y de detención ilegal. El pasado 10 de octubre, la titular del Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid, María Belén Sánchez, admitió a trámite la querella interpuesta por varios miembros de la Coordinadora 25S, ordenando las primeras diligencias.
La Policía informó la víspera de la proclamación que contaba con un informe de la Abogacía del Estado recomendando que se prohibiera lucir banderas republicanas. Horas más tarde rectificó asegurando que el informe no partía de la Abogacía del Estado, sino de los servicios jurídicos de la propia Policía. En ese escrito, según las informaciones recogidas por varios miembros, se aludía a la Ley de Seguridad Ciudadana y se esgrimían argumentos de mantenimiento del orden público para ordenar la retirada de los símbolos republicanos. Según informaron fuentes policiales, se trataba de aplicar la norma que se sigue, por ejemplo, en jornadas de enfrentamientos deportivos. En esos casos, aseguraban, se evita que las aficiones se mezclen o que miembros de una comparezcan con camisetas o banderas de su equipo allí donde se concentra la afición contraria.
A requerimiento de la Coordinadora 25S, la jueza solicitó a la Dirección General de la Policía el supuesto informe a la Abogacía del Estado, que contestó a la instructora que no había elaborado tal documento. La abogada Doris Benegas, en representación de los querellantes, pidió entonces a la magistrada que se dirigiera directamente a la Abogacía del Estado y a la Delegación del Gobierno. En una providencia dictada el pasado 7 de noviembre, a la que ha tenido acceso eldiario.es, el juzgado reclama a Cifuentes “toda la documentación relativa a las órdenes y medios acordados en materia de seguridad y organización de los actos relativos a la abdicación y entronación del nuevo jefe del Estado”.
La jornada de proclamación de Felipe VI se saldó con 11 detenidos y decenas de identificados. Sólo por la mañana, y en relación con el paso de la comitiva real, se detuvo a cuatro personas que, según la Policía, habían intentado arrojar objetos al recorrido o habían mostrado banderas republicanas. Un total de 41 personas fueron identificadas por agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Por la tarde se produjeron los hechos más graves, relacionados con la concentración convocada por la Coordinadora 25S en la Puerta del Sol. Hubo siete detenidos y cinco heridos durante la carga policial contra los concentrados.
La querella de la Coordinadora 25S asegura que, durante la mañana del 19 de junio, “los agentes apartaron de la vía pública cercana al tránsito del cortejo a toda persona con algún símbolo por pequeño que fuera de republicanismo o antimonárquico”. En este sentido, el escrito precisa que los medios de comunicación difundieron ampliamente “cómo una mujer fue interceptada en la Gran Vía por llevar una chapita en el vestido”. Una mujer, añade, “fue inmovilizada por intentar sacar una bandera republicana, cogiéndole del cuello le tiraron al suelo tumbándole boca abajo”. A otro de los denunciantes, los agentes “le tiraron al suelo y le esposaron en la Gran Vía por sacar una pañoleta republicana al paso del cortejo real”.
A otras nueve personas se las retuvo durante dos horas por, simplemente, “estar en la lista de activistas”, según el texto de la querella. A un individuo, que la denuncia identifica como “reportero gráfico”, se le detuvo y condujo a una plaza cercana, junto con otros detenidos, y se le dijo que era “por orden de la Delegación del Gobierno”.
“Posibles riesgos”
La respuesta del Gobierno al diputado Gaspar Llamazares dice que dichas actuaciones “fueron realizadas tras una evaluación exhaustiva de la información de la que se disponía previamente y de los posibles riesgos que pudieran amenazar la seguridad el día de la celebración, teniendo en cuenta la experiencia adquirida a través de la realización de dispositivos de seguridad de características similares”.
En esa misma respuesta, el Gobierno asegura que “se está considerando la oportunidad de acordar una fórmula de reconocimiento unitario y extensivo a todos los integrantes de los diferentes cuerpos policiales –unos 7.000–, servicios de protección civil y emergencias y asistenciales, que hicieron posible, con su contribución, que los actos se desarrollaran sin incidentes que comprometieran la seguridad de las autoridades participantes y del público asistente”.
La respuesta escrita lleva fecha del 11 de septiembre. Finalmente no se acordó dicha fórmula de reconocimiento, y la Dirección de la Policía optó por condecorar a la escala de mando de la Seguridad Ciudadana, la misma responsable del dispositivo que no pudo evitar los actos violentos acaecidos en Madrid al término de las Marchas de la Dignidad el 22 de marzo anterior.
Entre estos mandos está, el jefe de la UIP, para el que sus propios subordinados habían exigido la destitución por su actuación aquel día. Todos ellos fueron condecorados con la Medalla al Mérito Policial con distintivo rojo, pensionada con el 10 por ciento del sueldo de por vida. El reglamento reserva la medalla roja a los agentes que han puesto su vida en peligro en acto de servicio. A pesar de ello, el director operativo, Eugenio Pino, reservó la medalla a tres de sus más estrechos colaboradores, que ocupan despachos próximos al suyo en la Dirección de la Policía, por la preparación de los fastos.
