González dice ahora que acaba de comprar el ático de la costa marbellí por 770.000 euros

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado este miércoles que a finales del pasado año compró el ático de Estepona del que disfrutaba hasta ahora en régimen de alquiler y se ha querido desvincular de la investigación solicitada por la juez de Estepona para conocer quién es el verdadero propietario.

Fuentes del Gobierno regional han señalado que la compraventa se ha articulado en 770.000 euros, y que el 80% del piso (566.000 euros) corresponde a su mujer, Lourdes Cavero, empresaria y vicepresidenta de CEIM, mientras que el 20% (154.000 euros) responde a González. Ambos tienen separación de bienes.

En un acto en Pozuelo de Alarcón, donde ha visitado la compañía Microsoft, González ha indicado que la investigación ordenada por una juez de Estepona a la Agencia Tributaria a instancias de la Fiscalía Anticorrupción sobre que investigue quién es el auténtico propietario de la vivienda “nada tiene que ver” con él y ha señalado que se refiere “a las obligaciones fiscales del anterior propietario”.

“Mi única relación es que era inquilino de ese inmueble, tengo mi contrato de alquiler, pagaba religiosamente mis alquileres y como también dije en su momento, mi intención era poder comprar ese inmueble”, ha admitido González, quien ha señalado que estaba “en conversaciones” con el propietario pero que no lo pudo “formalizar en su momento porque no estaba inscrita en el Registro de la Propiedad”, y, por lo tanto, el banco en el que él tramitaba su crédito “no podía formalizar esa compra”.

Sin embargo, ha añadido que esa “situación ya se regularizó”, que se hizo la inscripción y que “a finales del año pasado y una vez puesto de acuerdo con el vendedor”, formalizó “la compra que está pendiente de inscribirse por parte de la gestora del banco” en el que ha suscrito un crédito.

El presidente de la Comunidad de Madrid ha denunciado que fue objeto de “una investigación ilegal” por este tema y ha recordado que por este motivo presentó una denuncia ante la Fiscalía en abril de 2012 para que se aclararan los hechos.

Precisamente hoy se ha conocido que una juez de Estepona ha decidido investigar la compraventa del ático que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, asegura ocupar en régimen de alquiler durante sus vacaciones. El propietario oficial del inmueble es una sociedad estadounidense cuyo propietario se anuncia en Internet como testaferro pero la magistrada acaba de ordenar a la Agencia Tributaria que recabe toda la información fiscal existente sobre esa sociedad, Coast Investor Llc.

Uno de los informes policiales incorporados a la causa subraya que la operación, efectuada en 2008, presenta visos de que “pudiera estar tratándose de ocultar la identidad de las personas” que realmente adquirieron el ático, oficialmente vendido por 750.000 euros pero cuyo cambio de titularidad no consta en el Registro Mercantil.

Las diligencias judiciales se abrieron tras una denuncia del Sindicato Unificado de Policía que detalla la operación de compraventa del ático, efectuada en 2008, pero sin mencionar a Ignacio González. El SUP ya intentó hace meses que la justicia abordase el controvertido asunto. No solo no lo consiguió sino que dos mandos policiales fueron destituidos.

Según González, “lo único” que ha reclamado el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) es información para conocer si el antiguo propietario del inmueble ha cumplido sus obligaciones fiscales y ha reiterado que “en nada” tienen que ver con él ni con la Comunidad de Madrid estas averiguaciones.

Ha agregado que él, en este caso, ha sido objeto de una investigación “ilegal” durante casi un año por parte de algunos miembros de la policía, como según ha indicado ha “acreditado” el ministro del Interior en varias ruedas de prensa, y que esta investigación fue archivada por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

También ha recordado que, en abril de 2012, ante estos hechos “gravísimos”, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en la que confía para que se aclaren esos hechos “tan graves”.