Griñán afirma que el interventor general nunca advirtió de “fraude ni de mala utilización de recursos públicos”

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha querido dejar claro este martes, durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE) del Parlamento, que no ha tolerado ni tolerará “jamás una irregularidad” y que solo espera que la justicia “haga su trabajo”, al tiempo que ha defendido la legalidad del procedimiento de concesión de ayudas sociolaborales, aunque pudiera ser “manifiestamente mejorable”, apuntando que el interventor general nunca advirtió de “fraude ni de mala utilización de recursos públicos”.

“El interventor no sabía que había menoscabo de fondos públicos”, ha sentenciado Griñán, quien ha puesto de manifiesto que a él nunca le llegaron los “informes de la Intervención” en su etapa como consejero de Economía y Hacienda. “Nadie sabía en el año 2005, 2006, 2007 y 2008 que se estaban produciendo irregularidades y nadie las denunció”, ha sentenciado Griñán, quien ha expresado su coincidencia con las afirmaciones acerca de la legalidad del procedimiento que el expresidente Manuel Chaves ha hecho también este martes en la comisión de investigación.

Ha querido dejar claro además que el Gobierno andaluz, en ningún momento, ha mirado para otro lado ni ha pretendido tapar ni justificar el fraude que se haya podido cometer en la concesión las ayudas sociolaborales, sino que fue el primero en acudir a la justicia para denunciar los hechos y colaborar para su esclarecimiento. “Esa es la tranquilidad total de conciencia con la que comparezco en esta comisión”, ha apuntado.

José Antonio Griñán también ha aprovechado para denunciar el “juego sucio” del PP, ya que no ha dudado a la hora de utilizar estos hechos para poner en marcha una “causa general” y no le “ha importado hacer política en el juzgado ni judicializar la política en el Parlamento, a través de informaciones que se han demostrado ”inciertas en esta comisión“.

José Antonio Griñán ha manifestado que ha quedado demostrado que el programa presupuestario 31L (ayudas sociolaborales) era aprobado año tras año por las respectivas leyes del Presupuesto. Ha agregado que frente a la acusación permanente de que las transferencias de financiación eran ilegales, ha quedado claro que el “procedimiento era y es perfectamente legal y contaba con el respaldo de cada ley del presupuesto”.

Según Griñán, frente a la acusación de que las ayudas sociolaborales, “que no son subvenciones”, se destinaban a beneficiar a militantes del PSOE, se comprueba que la inmensa mayoría de los beneficiarios “tenían derecho a ellas, con independencia militancia política o sindical” y frente a la afirmación de que los fondos no se sometían a control, “a mí me ha quedado demostrado que siempre estuvieron al sujetos al control de la Intervención, que nunca detectó, como dijo el interventor, ni fraude ni menoscabo de fondos públicos ni reparos de legalidad”.

DISCREPANCIA DEL INTERVENTOR CON EL PROCEDIMIENTO

A su juicio, es evidente que si el interventor hubiera detectado las irregularidades “habría puesto procedimientos adecuados en marcha de forma inmediata”. “No me diga que el interventor conocía las irregularidades porque no es verdad y solo emitió discrepancia con el procedimiento, que se puede resolver de muchas maneras”, ha expresado Griñán a la diputada de IULV-CA Alba Doblas.

Ha recalcado que en cuanto hubo algún indicio de que había situaciones que podían ser constitutivas de delitos, el Gobierno andaluz fue el primer denunciante de posibles y determinadas irregularidades en los juzgados. “Investigamos, denunciamos, colaboramos y nuestro fin último ha sido y es restituir los fondos que hayan sido percibidos de forma indebida”.

José Antonio Griñán ha recordado que él mismo pidió comparecer ante la comisión de investigación para colaborar con ella, y ha resaltado su firme compromiso con la verdad, la transparencia, la legalidad, el fomento de la calidad democrática, con la denuncia y con la punición de las irregularidades o delitos que pudieran cometerse en el ejercicio de las funciones públicas.

LAMENTA ACUSACIONES DE PP-A CONTRA ÉL

En cuanto al PP-A, ha lamentado que lo haya acusado de “permitir fondos reptiles, de conocer y tapar los falsos ERE, de ser el padre de los ERE, de ser el presidente de los ERE o de haber ordenado la destrucción documentos, todo ello sin pruebas de ningún tipo”. Ha llegado a retar a los representantes del PP-A para que le dijeran mirándole a los ojos algunas de las acusaciones que han lanzado, como que ordenó destrucción de documentos. Ha indicado que aún está esperando una “reparación” por esa acusación.

Ha asegurado que le duele como socialista que se hayan producido actuaciones ilícitas en la utilización de fondos públicos, algo que hay que asumir en toda su extensión pidiendo disculpas a la ciudadanía, corrigiéndolas y tratando de impedir con los medios a nuestro alcance que se vuelvan a producir en futuro. Ha recalcado que a él y a su Gobierno le indigna y detestan cualquier forma de corrupción.

Griñán ha defendido la política de ayudas sociolaborales del Gobierno andaluz, porque la mayor parte de estos fondos se ha dirigido a un objetivo muy importante, el apoyo a trabajadores que perdieron su empleo y que difícilmente se podían reintegrar en el mercado laboral.

A su juicio, lo importante de esta comisión es saber lo que ha pasado, atribuir responsabilidades políticas y, sobre todo, sacar conclusiones “para que lo que se ha producido no vuelva a producirse”, algo para lo que ha ofrecido su total colaboración. Ha indicado que su Gobierno no puede evitar que alguien puede aprovecharse de lo público, pero sí puede impedir que “se salga con la suya”.

Los representantes del grupo socialista en la comisión han rehusado formular preguntas a Griñán, al igual que hicieron previamente en la comparecencia de Manuel Chaves.

PP-A LE PIDE QUE ASUMA RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Por su parte, el portavoz del PP-A, Carlos Rojas, ha preguntado a Griñán si cree que ha ejercido su responsabilidad política con diligencia, a lo que el presidente ha contestado que “no le cabe la menor duda” porque una vez conocidas las irregularidades se han denunciado y se ha abierto la Consejería de Empleo “de principio a fin” para el conocimiento de todas las ayudas, lo que ha llevado a que fuera la Junta quien denunciara, entre otras cuestiones, las irregularidades en empresa de la Sierra Norte de Sevilla.

Rojas ha criticado que Griñán estuviera en “la sala de máquinas” durante el periodo en el que produjera el fraude en las ayudas sociolaborales y no asuma responsabilidad política al respecto y se refugia en “departamentos estancos”.

A preguntas de la diputada de IULV-CA Alba Doblas sobre los informes de la Intervención de la Junta, Griñán han indicado que este organismo “nunca” advirtió fraude o menoscabo de fondos públicos. “Si la Intervención hubiera detectado fuego, tendría que haberlo apagado porque tiene los medios para apagar fuegos, al ser quien tiene que dar las alarmas y suscitar el procedimiento adecuado”.

Doblas ha trasladado a Griñán que si en su coche se enciende una luz que le advierte de que no tiene líquido de frenos, “no espera a darse a darse la torta” para reponerlo. Si bien, el presidente de la Junta ha contestado que “si es el coche del vecino quien no tiene líquido de frenos, será éste quien tenga que solucionar el problema”.

Griñán ha reconocido que podría haber habido “una mejor vigilancia” para que no se produjeran estas irregularidades y que por ello hay que entonar el 'mea culpa' desde la administración andaluza. Si bien, ha destacado que la Intervención lo que dijo es que “la escalera de incendios podía ser mejor, pero nunca que hubiera fuego”.