Grupos de Derechos Humanos piden que Armada chilena también rompa pactos de silencio

Agrupaciones de Derechos Humanos de Valparaíso pidieron hoy a la Armada chilena que también rompa los pactos de silencio como ocurrió con un recluta del Ejército que permitió reabrir el denominado caso quemados y detener a 12 exmilitares acusados de participar en el criminal hecho.

Según difunde la página electrónica del diario El Mercurio, familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) hicieron llegar una carta al comandante en jefe de la Armada, Enrique Larrañaga, donde hacen un llamado a dar a conocer “de forma pública o anónima” los hechos que conoce la institución.

En la carta señalan que el denominado caso quemados viene a corroborar que dentro de las Fuerzas Armadas existen pactos secretos.

“Dentro de las Fuerzas Armadas de Chile existen pactos secretos sobre la no divulgación de actos cometidos por agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar y que impide aclarar los hechos y la consiguiente justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad”, dicen en la misiva.

En el texto indican que la Armada, al igual que las otras instituciones de la defensa nacional “necesitan recuperar su prestigio republicano, hoy menoscabado por los diversos procesos en que son imputados funcionarios de la institución y que se prolongan artificialmente por la nula cooperación de los acusados”.

Por otro lado, las agrupaciones propusieron al Ejecutivo reformar el Código de Justicia Militar para que cualquier militar pueda rehusar una orden criminal dada por un superior.

En el caso quemados, dos jóvenes fueron interceptados por los militares el 2 de julio de 1986 en un barrio de Santiago, rociados con gasolina y quemados, para después ser arrojados a una zanja en un camino rural en las afueras de la capital chilena.

Rodrigo Rojas murió posteriormente y Carmen Gloria Quintana logró sobrevivir, pese a tener el 62 por ciento del cuerpo quemado.

El caso fue reabierto tras el testimonio del exrecluta Fernando Guzmán, quien después de 29 años rompió el pacto de silencio que protegía a los autores, y quien señaló que el principal autor del crimen fue el excoronel Julio Castañer, un oficial perteneciente al Servicio de Inteligencia del Ejército.

Durante la dictadura de Pinochet, según informes oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, y unos 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.