La Guardia Civil implica a Cifuentes en la financiación irregular del PP de Madrid
Varios informes de la Guardia Civil incorporados al sumario del caso Púnica vinculan a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con la financiación irregular del PP de Madrid. La actividad sospechosa de Cifuentes tuvo lugar mientras desempeñaba el cargo de vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y el empresario hostelero Arturo Fernández obtuvo varios contratos de suministro y servicio a la Cámara regional.
A su vez, Fernández habría entregado dinero a Fundescam que fue utilizado para financiar campañas electorales del PP. Para cuadrar el círculo acusatorio, la Guardia Civil destaca que Cifuentes era miembro del comité de campaña del Partido Popular.
“Puede constatarse la coincidencia de Patrono de la Fundación Fundescam de María Cristina Cifuentes Cuencas con su pertenencia al Partido Popular de Madrid y a los comités de campaña de esa formación política -cuando se efectuaron aportaciones económicas-, y también con el hecho de pertenecer al comité de expertos que efectuó las valoraciones de las ofertas de las empresas licitadoras de los contratos de Cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid en los años 2009, 2011 y 2013, donde resultó ser la adjudicataria final la empresa Grupo Cantoblanco Colectividades S.L, y en donde desempeñó también de manera simultánea la Presidencia de la Mesa de Contratación en esas licitaciones”, recoge un párrafo del informe de la UCO, al que ha tenido acceso eldiario.es.
En otro informe, también de la pieza secreta que investiga la financiación irregular del PP de Madrid, la Guardia Civil explica que Fundescam, la fundación del PP, recibía en una cuenta corriente “importantes cantidades de dinero” de empresarios en 2007. Esas cantidades, añade, fueron utilizadas para sufragar “gastos electorales no declarados como tales, detectándose en relación con los referidos hechos, sólidos indicios que acreditaran cómo algunos de esos empresarios como Arturo Fernández fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes”.
En la adjudicación de esos contratos para Arturo Fernández “habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas, como es el caso de María Cristina Cifuentes Cuenca”, añaden los informes.
La Guardia Civil concluye que los “elementos probatorios” que ha podido reunir contra Cifuentes y otros miembros del comité de expertos que concedía los contratos “podrían ser constitutivos de la comisión de los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho”.
En cuanto a Cifuentes, la Guardia Civil incide en que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid compatibilizó su pertenencia al órgano de contratación de la asamblea y el comité de expertos con el patronato de la Fundación Fundescam y el comité de campaña electoral del PP. Esta circunstancia, añaden los investigadores, es “contraria a la legalidad y vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la presidenta de la mesa de contratación”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, como recuerda la Guardia Civil en sus informes, está “sujeta al aforamiento preceptivo, según los estatutos de la Comunidad de Madrid”. Esto implica que, si el juez Eloy Velasco atiende a los “elementos probatorios” presentados por la Guardia Civil, debe elevar exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ante el que está aforada.
Dos horas antes de que trascendieran los informes de la Guardia Civil sobre Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha aceptado la dimisión del viceconsejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz, después de que los agentes registraran su despacho también en el marco del caso Púnica.
Cifuentes y los expertos “favorecieron” a Cantoblanco
Otro informe de la Guardia Civil recoge sus conclusiones tras interrogar al resto de integrantes del comité de expertos que avalaron la adjudicación al Grupo Cantoblanco. Concluyen los agentes que existió “una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida” a la empresa de Fernández.
La UCO acusa a Cifuentes y al resto de integrantes de ese comité de llevar a cabo “conductas arbitrarias que derivaron en actos injustos”. Esas conductas consistieron en inflar de puntos la oferta del empresario para darle un margen suficiente cuando se abriese la valoración económica, donde el comité no podía intervenir.
Fue uno de los expertos, Isaac Arturo Zubiri, quien mintió en la asignación de puntos al obviar de forma consciente la oferta presentada por otra empresa que aspiraba al servicio de cafetería. Alegó para ello que no había aportado documentación alguna, “una falsa argumentación”, según los agentes.
Esta operativa, que permitió a Cantoblanco hacerse con la licitación, era conocida por el resto de integrantes del comité de expertos. “Tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité expertos -María Cristina Cifuentes y María Merino-; lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada”, concluye el informe de la UCO.
Para llegar a esta conclusión, los investigadores citan fragmentos literales de las declaraciones de algunos integrantes de ese comité de expertos. Zubiri explicó a los agentes que se reunieron todos en el despacho de Cifuentes para compartir las valoraciones que habían hecho sobre la oferta de Cantoblanco. Merino propuso algunas modificaciones que llevaba escritas en un papel. “Cifuentes dijo que se hicieran las modificaciones y que una vez terminado, dijo que muy bien, que se firmase el acuerdo”, relató Zubiri.
