La Guardia Civil registró una cita entre Ignacio González y Gallardón tras los primeros escándalos del Canal
Los expresidentes de la Comunidad de Madrid Ignacio González y Alberto Ruiz-Gallardón, dos rivales políticos irreconciliables, dejaron a un lado sus diferencias y mantuvieron una reunión el 19 de mayo de 2016, tres días después de la destitución de Edmundo Rodríguez Sobrino, otro de los nombres clave de la Operación Lezo, de su puesto en el Canal de Isabel II.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que Ruiz-Gallardón y González sellaron “un pacto de silencio” para ocultar las irregularidades cometidas en tiempos del primero con la expansión del Canal por Latinoamérica y poder continuar con ellas durante el mandato del segundo.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron la visita de Ruiz-Gallardón y el productor Enrique Cerezo al despacho profesional de Ignacio González ese 19 de mayo. Los investigadores aún no habían colocado micrófonos en el despacho de Ignacio González con autorización del juez, por lo que no consta grabación del encuentro. Como muñidor del encuentro, el presidente del Atlético de Madrid, íntimo de González, y una y otra vez en los pinchazos telefónicos al tanto de las maniobras del expresidente para influir en la justicia.
La reunión se produjo cuando el Gobierno de Cristina Cifuentes había empezado ya a revolver los documentos sobre la gestión de sus antecesores en la Comunidad de Madrid. Un par de meses después de la cita en el despacho de González, el actual Gobierno autonómico presentó una denuncia ante Fiscalía. Para entonces, la Guardia Civil llevaba ya diez meses con la Operación Lezo.
El Canal de Isabel II dependió del Ejecutivo de Ruiz-Gallardón durante el mandato de éste como presidente de la Comunidad de Madrid, entre 1995 y 2003, año en el que Ignacio González tomó el control de la empresa pública como vicepresidente de Esperanza Aguirre, la gran rival en el PP de su antecesor.
González se encuentra en prisión desde el pasado 19 de abril como cabecilla de una organización criminal dedicada a saquear las arcas públicas, entre otros hechos delictivos. Gallardón no está imputado formalmente, pero la Audiencia Nacional investiga sus ingresos por si se hubiera enriquecido con fondos del Canal de Isabel II.
Tres días antes de la cita entre los expresidentes autonómicos, el Ejecutivo regional había destituido al hombre de González en Latinoamérica, Rodríguez Sobrino. Su nombre aparece vinculado a tres empresas en los Papeles de Panamá, la investigación sobre paraísos fiscales difundida en España por La Sexta y El Confidencial.
Edmundo Rodríguez Sobrino, hoy en prisión provisional, está acusado de inflar la compra de la brasileña Emissao para repartir las plusvalías entre distintos protagonistas de la operación. Esa compra se produjo en 2013, en época de Ignacio González, y doce años después de que el Canal de Isabel II arrancara su aventura hispanoamericana del mismo modo, comprando una sociedad por un precio muy superior a su valor real y, en ese caso, a través de una empresa radicada en el entonces paraíso fiscal de Panamá.
“Pacto de silencio y cooperación”
La compra de Inassa fue autorizada por el Consejo de Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, a pesar de no contar con el marco legal para ello. Los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá afirman en uno de sus escritos que, “presuntamente, Alberto Ruiz Gallardón tuvo el control de la adquisición fraudulenta (de Inassa en 2001) y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González”.
El 11 de noviembre de 2016, cuando los micrófonos de la Guardia Civil ya estaban escondidos en el despacho de Ignacio González, éste se reunió con Eduardo Zaplana y el abogado uruguayo Fernando Belhot. En un momento de la conversación, Zaplana se extraña de que “Alberto” no hubiera vendido en su época el Canal a los “Buines” (los informes concluyen después que se refiere a la familia Bouyges). “Claro, no se atrevía”, afirma González. “Le faltaron cojones”, se suma Zaplana.
El expresidente González apostilla: “No se atrevía porque Alberto hizo una operación de que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no valía ni treinta millones de dólares, por cien. Con una autorización del consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de veinte millones. Con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II”.
Y añade el que representa otro de los indicios del “pacto de silencio” entre Gallardón y González. “No soy como esta gilipollas que me ha sustituido, yo dije, yo me encontré a alguien muerto y dije: tenemos dos, o reventamos esto y es un escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes ni imaginar”, comenta Ignacio González.
La expansión por Latinoamérica que nadie fiscalizaba
Los investigadores han incluido en el sumario de la Operación Lezo cuatro informes de la Cámara de Cuentas (2002, 2003, 2013 y 2015) que alertan de la falta de fiscalización del conglomerado de empresas del Canal en Latinoamérica, un gigante que crecía lejos de cualquier control. El grupo de aguas es auditado por KPMG, pero se trata de un tipo de auditoria sobre las cuentas anuales, de tipo financiero, al que le basta constatar que las cuentas publicadas se corresponden con la verdad.
“Cabe preguntarse -dice uno de los informes de la Guardia Civil si la desatención llevada a cabo por parte de los responsables de la Comunidad Autónoma de Madrid a lo largo de los años respecto a los pareceres incluidos en los informes de la Cámara de Cuentas madrileña pudiera tener como intención final eludir los controles sobre el conglomerado internacional de empresas públicas”. La IGAE dejó por escrito en su informe del 8 de junio de 2016 que la falta de fiscalización del proceso de expansión por Latinoamérica que emprendió Gallardón y continuó González crea “una situación potencial de riesgo y de falta de control”.
El 29 de noviembre de 2001, el Consejo de Gobierno de Madrid aprobó la constitución de una “sociedad vehículo mercantil” denominada Canal Extensia y a su vez autorizaba a ésta a adquirir acciones de la colombiana Inassa por un total de 83 millones de euros. Pero no fue hasta el 4 de abril siguiente, cinco meses después, que el Decreto 51/2002 introdujo una modificación en su artículo 3 para ampliar la actuación del Canal “fuera de dicho ámbito territorial (Madrid), previa la realización de los estudios, obras y servicios necesarios, y de la suscripción de los oportunos convenios”.
Según esto, Ruiz-Gallardón tomó primero una decisión y después se dotó del marco normativo necesario. En el decreto de modificación se especifica: “El Canal de Isabel II podrá participar en sociedades, en posición mayoritaria o minoritaria, previa autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid”. La Guardia Civil concluye en un informe de abril de 2017 que “parece que se trata de un decreto aprobado ad hoc, ya que precisamente viene a ampliar las funciones del CYII de manera expresa para algo que ya se había producido meses atrás y que podría sugerir dudas sobre la cobertura legal de dicha operación”.
