La Guardia Civil señala a Marta Rovira, Mas, Anna Gabriel y el resto del “comité estratégico” ante el Supremo
La Guardia Civil señala a la número dos de la candidatura de ERC, Marta Rovira, al expresidente Artur Mas y al resto del “Comité Estratégico” que incluía el documento Enfocats de ser quienes “diseñaron, orientaron, dirigieron y controlaron la implementación de sus planes para la creación de un estado soberano y quienes movilizaron los recursos humanos y materiales para ello”.
Esa afirmación aparece en el informe solicitado a la Guardia Civil por el magistrado para que concretara, entre otras actuaciones, el papel de cada uno de los protagonistas del proceso soberanista y poder dirimir así las posibles responsabilidades penales de cada uno en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo y en la que, por el momento, Rovira y otros miembros del citado comité no están imputados. El informe, que lleva fecha de 15 de diciembre, se refiere a la votación en varias ocasiones como “pseudoreferéndum”.
Ese Comité Estratégico al que apunta la Guardia Civil también está compuesto, y aparece detallados el informe, por otros responsables políticos como el propio Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Anna Gabriel, Marta Pascal o Carme Forcadell.
Los investigadores sitúan en un “segundo nivel de importancia” a todos los consejeros del último Govern y “muy posiblemente a los responsables civil y policial de Mossos d'Esquadra, César Puig i Casañas y Josep Lluis Trapero Álvarez, resultaron fundamentales para ejecutar las normas de desconexión y llevar a cabo el referéndum del 1-O planeados desde el Comité Estratégico”. Trapero es investigado en la Audiencia Nacional, pero el Supremo no ha asumido todavía la causa contra él.
La Unidad de Policía Judicial de la Zona de Cataluña comienza por señalar a Artur Mas, bajo cuyo gobierno, dice, “se formalizaron el acuerdo de transición nacional y la declaración de soberanía”. “Además, se creó el CATN y se elaboró el libro blanco, que contemplaba la estrategia y los objetivos de los ideólogos de una Cataluña independiente”“, añade el documento.
Los agentes también destacan de la época de Mas la celebración del 9-N y la aprobación del “plan ejecutivo, al tiempo que los actores independentistas suscribieron una hoja de ruta unitaria cuyo objetivo era alcanzar la independencia sin supeditar sus decisiones al Estado español y sus instituciones”.
El Govern que salió de las urnas después “ha ido adoptando acuerdos” en ese sentido, siempre con el respaldo de ANC, Omnium, Asociación de Municipios Independentistas (AMI) y los Comités de Defensa de la República (CDR), añade el informe. Todos ellos y los partidos independentistas (PDeCAT, ERC y la CUP) avanzaron en la “hoja de ruta que recogía el libro blanco” actuando en “simbiosis absoluta” y “unidad de acción”.
Esos avances, añade, aparecen en Enfocats, el documento incautado a Josep Maria Jové, el número dos de Junqueras en Economia, y en el que basa Llarena su investigación.
Enfocats no es solo “unos deseos de grandeza”
La Guardia Civil también aluden a Enfocats y defienden su importancia si se pone en concurso con la agenda de Jove. “Si bien podría pensarse que el documento Enfocats refleja únicamente los deseso de grandeza del imaginario independentista es evidente, como se acredita de las múltiples reuniones que se anotaron entre los años 2015 y 2016 en la agenda de Josep Maria Jove Lladó y las comparecencias y actos públicos notoriamente conocidos acaecidos en Cataluña, que los actores independentistas han hecho todo lo necesario para ponerlos en marcha”, recoge el atestado policial.
Medio millón de euros de dinero público
Los agentes también aseguran que los responsables del proceso independentista -Comité Estratégico y Comité Ejecutivo- se valieron de sus cargos públicos para “financiar y sustentar” la creación de estructuras de Estado y la organización del referéndum. Recuerda que incumplieron “de forma generalizada” las prohibiciones de los tribunales y cifra en al menos 502.639 euros el dinero destinado a estos fines. Esa cantidad, dicen los agentes, “presumiblemente se incrementará según vaya avanzando la investigación”.
El juez Llarena había rechazado imponer fianzas a los imputados por rebelión al no encontrar “ninguna base probatoria” de que desviaron 6,2 millones de euros, como señalaba la querella de la Fiscalía. Ahora los agentes señalan que está probado que al menos se valieron de medio millón de euros de dinero público para sustentar los avances del procés.
La cifra se divide entre los 277.804 euros se se pagaron a TV3 por la campaña de publicidad del 1-O y los 224.835 euros que se invirtieron en la campaña para fomentar el voto entre los catalanes residentes en el extranjero. La cantidad final aumentará, insisten los agentes, porque la investigación aún está en fase preliminar.
Así, los agentes señalan una serie de actuaciones pendientes para determinar el coste todo del dinero público empleado, como investigar los gastos en papeletas, urnas y sobres, el desarrollo de webs y software, informes relacionados con la celebración de la consulta, los actos electorales y el dinero investido en el Consejo de Diplomacia Pública de Catalunya (Diplocat).
Control de los Mossos
Asimismo, la Guardia Civil sostiene que los dirigentes independentistas “necesitaron tener el control” de los Mossos d'Esquadra para llevar a cabo su estrategia, algo que para el instituto armado “explica el modo de actuación antes, durante y después” del 1-O de la policía catalana.
En este sentido, remarcan que están analizando todas las transmisiones de los Mossos los días previos y el día del referéndum para “acreditar la inacción” del cuerpo policial y “la posible responsabilidad de Josep Lluís Trapero”.
Sobre los Comités de Defensa del Referèndum y de la República (CDR), la Guardia Civil realiza una breve reseña, en la que destaca que cuentan con el apoyo de partidos como la CUP aunque el partido es “orgánicamente independiente” de ellos. También da cuenta al juez de las dos reuniones a nivel catalán que han mantenido todos los 172 CDR municipales.
