La Guardia Civil cerca a Rato con la detención de dos estrechos colaboradores
La declaración de Rodrigo Rato ante la Guardia Civil este jueves es solo una de las tres patas sobre las que descansa una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) contra la trama de corrupción entre particulares que lideraba presuntamente el exvicepresidente del Gobierno. Según han informado a eldiario.es fuentes del caso, los agentes de la UCO detuvieron en la mañana del jueves a dos colaboradores de Rato, su secretaria, Teresa Arellano Carpintero, y a Miguel Ángel Montero, un empresario vinculado a Vivaway, que habrían participado en el entramado del cobro de comisiones.
Detenidos por la mañana e interrogados en las horas siguientes, ambos han declarado ante el juez durante la mañana de este viernes. Arellano es secretaria de Rato “de toda la vida”, precisan las fuentes consultadas. Montero es sospechoso de haber actuado de testaferro del que fuera director general del Fondo Monetario Internacional (FMI) desde su puesto en la compañía con sede en Londres.
Vivaway constituyó en noviembre de 2001 la mercantil española Kradonara SL, a través de la cual, según la Fiscalía, Rato ha recibido “6,5 millones de euros procedentes del extranjero cuyo origen se desconoce” entre 2006 y 2014. Según Hacienda, “no consta” que ni Rato ni sus empresas “hayan tributado por las rentas derivadas de estas transferencias”. Vivaway se administra desde las Islas Canal y las Islas Granadinas, dos paraísos fiscales.
Serrano-Arnal ha dejado en libertad al presunto testaferro y a la secretaria de Rato, pero les ha impuesto la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado. Ya son nueve los imputados en el denomiando caso Rato por los delitos de blanqueo de capitales, delito fiscal y corrupción entre particulares.
En prisión permanece desde agosto el empresario Alberto Portuondo, el otro extremo del hilo en la trama de corrupción entre particulares. Ante el juez declaró que Rato cobró más de 800.000 euros a cambio de supuestas asesorías verbales durante los años 2011 y 2012, cuando aún Bankia no había sido rescatada con 25.000 millones de euros de dinero público y el artífice del llamado “milagro económico” español presidía la entidad.
Se da la circunstancia de que Portuondo era dueño de Albisa Inversiones, empresa que recibió en las mismas fechas de los pagos a Rato 2 millones de euros de Publicis y Zenith por labores de asesoramiento. Esas dos empresas lograron adjudicarse finalmente sendos contratos de publicidad de Bankia. En las últimas horas, el juez Serrano-Arnal ha tomado declaración como imputados a varias personas vinculadas a esas empresas, informaron fuentes jurídicas.
En su declaración de este viernes ante la Guardia Civil, Rodrigo Rato negó haber intercedido por la adjudicación de esos contratos desde su sillón de presidente en Bankia. Según las citadas fuentes, hubo otras preguntas a las que el exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar simplemente se negó a responder.
Rato había sido citado el miércoles y acudió a la comandancia de Tres Cantos (Madrid) en compañía de su abogado. La Guardia Civil le acusa de un delito de corrupción entre particulares por las presuntas comisiones cobradas mientras estaba al frente de Bankia y, en ese sentido, obtenidas gracias a su puesto en la entidad. Ahora resta que el juez Serrano-Arnal cite a declarar a Rodrigo Rato para interrogarle por los mismos hechos y la acusación policial se convierta en una imputación judicial. Por el momento, Rato está imputado en el juzgado por fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Cerca de la detención
Rodrigo Rato ha esquivado por muy poco una nueva detención. Será el juez Serrano-Arnal quién decida si hay motivos para su ingreso en prisión con los nuevos indicios en su contra. El magistrado dejó marchar a Rato después de que el 22 de julio se negara a declarar ante él negando que no conocía toda la documentación incorporada a la causa. Con este precedente, la Guardia Civil optó porque fuera el juez quién decidiera sobre la situación de Rato.
El juez Serrano-Aranal ha embargado la pensión vitalicia de 80.000 dólares (71.192 euros) anuales que percibe este desde que abandonó la presidencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) en octubre de 2007. Esta cantidad se suma a los bienes por valor de 18 millones de euros que el magistrado le mantiene bloqueados desde junio. En la causa también estgá imputado el abogado Domingo Plazas, acusado de diseñar el entramado societario del expresidente de Bankia.
