Ruz envía a juicio a Ana Mato por lucrarse con dinero de la trama corrupta Gürtel

Cinco años después de que estallara el caso Gürtel, la deflagración alcanza al corazón del Gobierno de Mariano Rajoy. El juez Pablo Ruz ha enviado este miércoles a juicio a 43 imputados dentro de la pieza central de la causa, entre ellas una veintena de excargos del PP. En esa lista no figura la actual ministra de Sanidad, Ana Mato, quien, sin embargo, es señalada en el auto por el juez como responsable a título lucrativo de una parte del que percibió su exmarido, Jesús Sepúlveda, de la trama corrupta. Una condena al exalcalde de Pozuelo supondría que la ministra tuviera que devolver una parte de ese dinero.

La decisión de Ruz obligará a Ana Mato a sentarse en el banquillo –siempre que su decisión no sea rectificada por la Sala– aunque no lo haga en condición de acusada. Si se atiende a acusaciones similares en otros juicios celebrados en la Audiencia Nacional, Mato no se sentará junto a los acusados. En la misma situación se hallará Gema Matamoros, mujer del exalcalde de Majadahonda Gillermo Ortega, y el Partido Popular, a través de un representante legal. Todos ellos se habrían beneficiado de dinero generado por la trama liderada presuntamente por Francisco Correa.

En el caso de Mato, el juez habla directamente de que ella “habría disfrutado o se habría beneficiado, sola o en compañía de otros miembros” de la familia, de fondos procedentes de la caja B que tenía la organización de Correa. La investigación ha determinado que Sepúlveda obtuvo 732.640,37 euros de la trama corrupta. Mato deberá designar abogado y procurador.

El auto del juez detalla los métodos por los que la familia Mato Sepúlveda se benefició de fondos de la trama. Un apartado está dedicado a los viajes que en realidad pagó la sociedad Pasadena, parte del entramado de Correa. En este caso son 50.331,82 euros en viajes de tren, avión, alquiler de coches y estancia en hoteles. De todo ello, dice el juez, “fueron beneficiarios Jesús Sepúlveda y/o distintos miembros de su círculo familiar o doméstico, tales como su mujer, Ana Mato Adrover, y los hijos de ambos, así como otras personas vinculadas a la unidad familiar”.

Entre las 205 páginas del auto se encuentran tablas con el detalle de los gastos de la familia a cuenta de la Gürtel. En otro apartado, dedicado a regalos y pago de fiestas familiares, aparece el bolso de Louis Vuitton por valor de 610 euros del que Ruz señala como beneficiaria a la ministra. Sumado a una fiesta de cumpleaños, otra de payasos y una comunión por valor de 5.107,9 euros.

En cualquier caso, el juez Ruz señala que la cuantía de la que deberá responder Ana Mato en caso de condena a su marido será determinada durante el juicio. Se trata de una responsabilidad civil, no penal, por lo que la ministra no se beneficia de su condición de aforada.

Cuando el juez separó esta pieza con el nombre 'Época I, 1995-2005' señaló a 45 personas, a las que después se sumó el exministro del Interior Ángel Acebes, imputado por apropiación indebida en grado de cooperación. Acebes, Julia López Valladares y Carlos Ignacio Hernández Montiel se caen ahora de la lista de procesados.

Acebes no vigiló a Bárcenas

Las diligencias practicadas, escribe Ruz, “no arrojan mayores indicios sobre el eventual conocimiento” por parte de Ángel Acebes de la suscripciones de acciones de Libertad Digital con dinero negro del partido. Ruz levanta la imputación de Acebes y aprovecha para dejar un mensaje: está acreditada por los estatutos del partido la “superioridad jerárquica” que tenía el ex secretario general sobre Bárcenas. Ruz dice que Acebes debería haber ejercido “un deber especial de control o de vigilancia en relación con las actividades propias atribuidas al gerente”.

Esto significa que Acebes deja de estar imputado en la pieza llamada 'Época I' y continúa estándolo, al menos formalmente, en los 'papeles de Bárcenas'. Al tratarse de los mismos hechos, que deje de estar imputado también en la segunda depende de un trámite.

Ruz da un plazo de 30 días a la Fiscalía y a las demás partes personadas para que soliciten la apertura de juicio oral o, en su caso, el sobreseimiento de la causa. En la lista están tres ex tesoreros nacionales del PP –Ángel Sanchís, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta–; el exviceconsejero de Presidencia en Madrid, Alberto López Viejo; y el entonces alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda.

El criterio para elegir a estos imputados es temporal. Ruz ha bautizado como “Época I” a los delitos cometidos por la trama Gürtel, y en torno a ella, entre 1999 y 2005. Dentro de este espacio temporal, el juez incluye en su auto las operaciones investigadas en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y la localidad malagueña de Estepona, siempre que estas no hayan continuado en el tiempo más allá del periodo señalado.

La historia de 'don Vito'

En el auto notificado hoy, Ruz construye todo un relato de la trama que creó Francisco Correa, sobre quien dice que comenzó siendo botones turístico a los 14 años. Pero el relato arranca en los años noventa, cuando Correa ya tenía una red de sociedades de las que ocultaba la titularidad real.

Correa se comenzó a especializar en organizar eventos y campañas del Partido Popular. El juez dice que utilizó sus contactos en la formación para amañar adjudicaciones de las administraciones controladas por el PP. Políticos y funcionarios recibían dádivas a cambio, que el entorno de Francisco Correa les entregaba. Esta dinámica constituye un círculo de la trama. El otro se sitúa en el exterior, donde una complicada madeja societaria ocultaba el dinero negro obtenido antes de regresarlo a España y blanquearlo a través de, entre otros, el negocio inmobiliario. Al final, Correa terminó compartiendo este círculo creado por Luis de Miguel con los cargos del Partido Popular que también querían esconder su dinero.

Poco a poco, 'don Vito' –como le gustaba que le llamaran– fue ampliando su negocio por la Comunidad de Madrid y Castilla y León. En Madrid obtuvo concesiones irregulares en la capital, Majadahonda y Pozuelo. Los contratos, dice el juez, fueron adjudicados sin seguir “los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia, llevándose a cabo la tramitación de los diferentes expedientes de contratación pública durante los años investigados”.

En cuanto a Castilla y León, Ruz destaca el papel de Jesús Merino y Luis Bárcenas. Ambos recibieron regalos y comisiones por actuar de intermediarios con las empresas de Correa, asegura el juez a título indiciario.Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan atribuir al extesorero en la pieza que investiga la presunta financiación irregular del PP.

Los hechos descritos por el juez suman 11 delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración Pública, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.