HRW le pide a Macri liberar a Milagro Sala y modificar la definición de sedición

La organización Human Rights Watch (HRW) pidió hoy al presidente argentino, Mauricio Macri, que atienda la decisión de la ONU y libere a la diputada del Parlasur Milagro Sala, al tiempo que le instó a impulsar cambios en la definición de “sedición” del Código Penal.

En una misiva enviada también a los medios, el director de HRW para América, José Miguel Vivanco, insta a Macri a “adoptar medidas para asegurar la inmediata liberación de la prisión preventiva de Milagro Sala, a la luz de la reciente decisión adoptada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU”.

HRW se suma así a otros referentes de derechos humanos, como la Comisión Interamericana (CIDH), en pedir a Macri que atienda el pedido de liberación de la diputada emitido por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria en octubre.

El grupo determinó que la detención de la parlamentaria desde el 16 de enero es “arbitraria y violatoria” de los estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Argentina es parte.

“Si bien el Grupo de Trabajo no tiene facultades legales para obligar a su gobierno a cumplir con su decisión, se trata de un grupo de expertos independientes especializados en materia de detención arbitraria y sus opiniones tienen gran peso en la interpretación de las obligaciones jurídicas internacionales que deben cumplir los estados en este ámbito”, sostiene Vivanco.

HRW celebra en su carta la invitación del Gobierno argentino al Grupo de Trabajo y a la CIDH para que hagan una visita al país y analicen el caso, pero advierte de que esas visitas no pueden reemplazar la liberación de la diputada.

“Estas visitas no sustituyen -ni pueden permitir postergar- las medidas que su gobierno debe adoptar para cumplir a la mayor brevedad con la decisión del Grupo de Trabajo de liberar a Sala”, señala.

El Gobierno argentino mantiene que no puede intervenir en el caso porque eso violaría la separación de poderes al meterse en lo que hace la Justicia de una provincia, la de Jujuy, donde fue detenida la parlamentaria.

“Si bien reconocemos las dificultades prácticas que plantea la estructura federal de Gobierno en este caso, su Gobierno tiene la responsabilidad jurídica de adoptar todas las medidas a su alcance para asegurar que Sala no permanezca detenida arbitrariamente”, argumenta Vivanco.

“Las obligaciones de derechos humanos -subraya- se extienden a todas las provincias o estados de una estructura federal de gobierno, sin exclusión”.

“Asimismo, los Estados -se trate de los Estados Unidos, de Argentina o de cualquier otro- no pueden invocar disposiciones de su derecho interno, como su sistema federal, para justificar el incumplimiento de sus obligaciones jurídicas internacionales”, agrega.

En su misiva, fechada hoy en Washington, Vivanco insta “una vez más” al Ejecutivo argentino “a presentar una propuesta legislativa para modificar la definición de sedición en el Código Penal, con el propósito de prevenir que este tipo de casos ocurran en el futuro”.

Según el análisis de HRW, “los cargos contra Sala por participar en una manifestación pacífica violan el ejercicio de la libertad de expresión”.

“Los señalamientos contra Sala, aun si fueran ciertos, no constituyen sedición conforme a ninguna definición legítima de este delito. (...) El delito de sedición está definido de manera excesivamente amplia en el Código Penal de Argentina, y esto facilita su uso para limitar gravemente el ejercicio de la libertad de expresión”, señala Vivanco.

La diputada del Parlamento de Mercosur por el kirchnerista Frente para la Victoria permanece en la cárcel desde el pasado 16 de enero, cuando la Justicia jujeña ordenó detenerla por presunta instigación al tumulto durante una protesta contra el mismo Morales.

Trece días después, un juez provincial ordenó su excarcelación, pero, en contra de esa decisión, Sala permaneció detenida preventivamente por un caso abierto el día anterior en la que se le imputaron delitos de fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión.