HRW critica la ley marroquí sobre el adulterio “que viola derechos básicos”

La organización pro derechos humanos Human Right Watch (HRW) recordó hoy en un comunicado que la penalización del adulterio por la ley marroquí “viola los derechos básicos” y da lugar a persecuciones judiciales “que parecen tener motivaciones políticas”.

HRW se hace así eco del último juicio celebrado la pasada semana en una instancia de apelación en Rabat contra Hicham Mansuri, miembro de la Asociación Marroquí de Periodistas de Investigación (AMJI, siglas en francés), condenado a diez meses de cárcel por “complicidad en adulterio” con una mujer casada, aunque separada, y que también fue condenada a la misma pena por adulterio.

La penalización del adulterio, castigado en el Código Penal con hasta dos años de prisión, es contradictoria con el derecho a la vida privada que reconoce la Constitución marroquí de 2011, y también contraria al derecho internacional en materia de derechos y libertades, señala la organización.

En el mismo comunicado, HRW recuerda el caso de Mustafa Errik, un dirigente de la organización islamista Justicia y Caridad, también detenido el pasado marzo durante tres días en compañía de una mujer no casada, pero finalmente puesto en libertad.

En ambos casos, HRW recuerda que la policía infringió la propia ley marroquí que establece que las persecuciones por adulterio se inician por una denuncia del cónyuge que se considera traicionado: en los dos casos citados, la policía irrumpió en domicilios privados, tomó fotografías y declaraciones y más tarde contactó con los cónyuges, con resultados distintos.

También en ambos casos, HRW denuncia que la policía obligó a los detenidos a posar desnudos en una cama y ser fotografiados para disponer así de pruebas incriminatorias, ya que en el sistema judicial marroquí el informe policial tiene más fuerza probatoria que las declaraciones de los acusados, algo que siempre ha denunciado la organización.

Más allá de las posibles motivaciones políticas tras los casos de adulterio, la organización denuncia “el carácter intrusivo de las investigaciones policiales”, así como “la penalización de las relaciones consentidas entre adultos, sea cual sea su estatus marital”.

Además, lamenta que el anteproyecto de reforma del Código Penal, sobre el que trabaja el Gobierno, no solo no despenaliza el adulterio, sino que endurece aún más las multas que acompañan a las penas de cárcel.