Hacienda y Anticorrupción se reúnen para zanjar sus diferencias por el caso Rato
Aliados en todos los casos por corrupción que se investigan en España, la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria (AEAT) han decidido poner fin cuanto antes a los recelos surgidos con motivo de la investigación a Rodrigo Rato. Para ello, el jefe de la fiscalía especializada, Antonio Salinas, y la directora de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Mar García-Valdecasas, han mantenido un encuentro este miércoles en la sede de Anticorrupción para hacer borrón y cuenta nueva, según informaron a eldiario.es fuentes conocedoras de la reunión.
García-Valdecasas ha acudido a la reunión acompañada de la inspectora jefe de Investigación de la ONIF, Ángela Carrasco, mientras que Salinas se ha acompañado de algunos de los fiscales al cargo de las investigaciones más relevantes que se siguen en estos momentos por corrupción. Las mismas fuentes hicieron una valoración positiva de la reunión y dieron por acabadas las suspicacias entre ambos organismos.
Para poder llegar a este punto, Anticorrupción ha debido aparcar que Hacienda recurriera a la Fiscalía de Madrid cuando no encontró acogida a su investigación en la fiscalía especializada. Al tiempo, la ONIF ha optado por 'perdonar' que Anticorrupción reclamara la causa cuando se enteró de la detención de Rato, dos meses después de haberla rechazado. Estas cuestiones no fueron abordadas durante la reunión, precisaron las citadas fuentes.
La Agencia Tributaria, de la que depende la ONIF, recurrió a la Fiscalía de Madrid después de que Anticorrupción considerara hace dos meses que su investigación sobre Rato estaba todavía lejos de merecer la apertura de diligencias, según fuentes próximas al caso. La versión de Antifraude es otra. Según un escrito dirigido por la ONIF al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía Anticorrupción y a la Fiscalía de Madrid, los responsables de la ONIF se reunieron el 21 de enero con el fiscal del caso Bankia, Alejandro Luzón, quien les informó de que sus indagaciones no tenían conexión con la causa que se sigue en la Audiencia Nacional.
“En ningún momento manifestó que lo que allí se le explicaba estuviera en estado embrionario sino que entendía que no era el sitio adecuado para realizar la denuncia, dada la falta de conexión con su caso”, explican en el citado escrito, del que informó El País. Según esta versión, Luzón habría argumentado también que Rato había pagado la fianza de tres millones de euros por las tarjetas 'black', “por lo que no tenía sentido plantearse un posible delito de alzamiento de bienes”.
El pasado 16 de abril, el fiscal jefe Anticorrupción conocía por los medios de comunicación que el exvicepresidente del Gobierno había sido arrestado por funcionarios de Vigilancia Aduanera, con intervención de la Fiscalía de Madrid. Al telefonear a la fiscala general, Consuelo Madrigal, Salinas descubrió que Hacienda había acudido a la fiscalía de delitos económicos de Madrid un mes después de visitar a Anticorrupción. En ese momento, sobre Rato pesaba ya el pago de 133 millones de euros en la pieza principal del caso Bankia, que investiga la salida a bolsa de la entidad. Esa cantidad fue rebajada el pasado viernes por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a 5,6 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción y Hacienda son dos instancias condenadas a entenderse. Funcionarios de la Agencia Tributaria están adscritos a la fiscalía especializada y trabajan en sus dependencias. No hay investigación por corrupción en la que no participe el Ministerio de Hacienda, a través de la AEAT y la ONIF.
En estos momentos, la colaboración entre la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria es clave en casos que atraviesan momentos álgidos de su instrucción, como el que investiga el titular del Juzgado número 31 de Barcelona referente a los fondos de la familia Pujol en Andorra. El presunto blanqueo de capitales por parte de Banco Madrid, el caso Bankia y sus piezas separadas o el tramo final del caso Gürtel son algunos de los casos en los que la Fiscalía y la Agencia Tributaria llevan el peso de la instrucción.
Al entendimiento entre Hacienda y Anticorrupción ha ayudado la decisión de la fiscal general de decantarse por la fiscalía especializada para investigar el caso Rato. Aún está pendiente que el juez Fernando Andreu decida si asumen la investigación al exvicepresidente, por su conexión con el caso Bankia, o rechaza la causa en favor del juzgado de Madrid, que previamente se había inhibido en favor de la Audiencia Nacional.
Consuelo Madrigal ya ha adelantado que el Ministerio Público no encuentra dicha conexión y opta por que sea el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid el que investigue a Rato por fraude fiscal, blanqueo y alzamiento de bienes. Anticorrupción colaboraría con el juez Serrano en este caso y con Andreu en los delitos que se atribuyen a Rato por la salida a bolsa de Bankia y las tarjetas ‘black’.
Otros frentes por el arresto del exvicepresidente
El desencuentro entre Anticorrupción y Hacienda es solo uno de los frentes que ha abierto el caso Rato. La actuación del departamento de Cristóbal Montoro provocó sorpresa y malestar también en Interior. El Ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz supo de la investigación de Hacienda cuando los policías que forman la escolta a Rato se percataron de que estaban siendo vigilados. Al informar a sus superiores, estos descubrieron que se trataba de agentes de Vigilancia Aduanera, dependientes de Hacienda.
El revuelo continuó con la intención de los investigadores de que Rato pasara la noche en comisaría, extremo que finalmente no tuvo lugar, aunque el comisario de Chamberí ya había recibido instrucciones para habilitar un calabozo al exvicepresiente. Las unidades especializadas en corrupción de la Policía y la Guardia Civil también conocieron por la prensa la investigación, registro y arresto de Rato.
Otro frente se encuentra abierto en el seno del Ministerio Público. La Fiscalía de Madrid ha visto cómo el Gobierno recurría a sus fiscales especialistas en delitos económicos para investigar el caso Rato y cómo, al producirse la detención y el consiguiente terremoto mediático, la fiscala general se decantó por Anticorrupción en cuanto Salinas expresó su sorpresa y malestar por los hechos.
