Hacienda amenaza con recortar 900 millones en sueldos de funcionarios municipales
Unos 5.586 ayuntamientos españoles de hasta 20.000 habitantes están a punto de perder la gestión de los servicios que se brindan en sus municipios por “ineficientes”. Esa es una de las consecuencias de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que el Ministerio de Hacienda presenta este martes a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), “la norma más discutida de todas las que llevamos”, según la ha descrito el secretario de Estado de Administraciones Locales, Antonio Beteta. Y ya es decir.
Aunque el proyecto de ley fue aprobado el 15 de febrero en el Consejo de Ministros su tramitación ha sido toda una carrera de obstáculos. No sólo ha provocado el rechazo unánime de la oposición –todos los grupos del Parlamento menos el PP presentaron hace unas semanas un escrito en el que lo rechazaban– sino que también ha generado preocupación entre los propios populares, ya que son muchos los alcaldes del partido que han puesto pegas a los cambios con los que el ministro Cristóbal Montoro planea ahorrar 8.000 millones de euros. Si el establecimiento de baremos para los sueldos de alcaldes y concejales (que dejaría al 82% de ellos sin remuneración alguna) ha levantado ampollas, el desarrollo de medidas de eficiencia como la del coste estándar puede literalmente 'vaciar' de funciones al 72% de los Ayuntamientos españoles de hasta 20.000 habitantes.
Esto sumado al ahorro que el ministerio de Hacienda pretende obtener de unificar criterios para establecer los sueldos de los empleados públicos. “En la Ley de Presupuestos se establecerán rangos salariales, estableciendo horquillas con retribuciones mínimas y máximas”, ha explicado Beteta. Esto significaría un ahorro extra de casi 900 millones de euros, la diferencia entre los 7.129 millones de ahorro con los que se presentó el proyecto y los 8.000 con los que ha acabado su desarrollo. Esto afectaría a los sueldos de los trabajadores de las corporaciones locales y de las diputaciones provinciales.
El 'coste estándar' y los “ineficientes”
El ministerio tiene ya una vara para medir la gestión de los ayuntamientos, y aquellos que no cumplan con esos criterios se quedarán sin parte de sus funciones. Este baremo se calcula con el coste medio de los servicios en los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes (445,44 euros) y el de los municipios pequeños (1.219,98), y la diferencia entre ellos, a la que han aplicado algunas correcciones como por ejemplo la de densidad o dispersión de la población. Los ayuntamientos que hasta abril de 2014 no se ajusten a estos “estándares de eficiencia”, deberán ceder automáticamente sus competencias en la gestión de servicios obligatorios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas en los de menos de 5.000 habitantes. A estos se les suman parques públicos, bibliotecas, mercados y tratamiento de residuos en las de más de 5.000 y hasta 20.000. Si el consistorio entra en la 'lista negra' también deberá dejar de brindar automáticamente servicios no obligatorios, como los relacionados con la asistencia social. Los municipios de más de 20.000 habitantes no están obligados a renunciar a ellos, pero podrán hacerlo voluntariamente.
Las competencias las asumirán entonces las diputaciones, a las que irán también el dinero para financiar los servicios (independientemente de si son tasas municipales o de la aportación del Estado) y también parte de los recursos humanos, aunque no se sabe en qué medida. Las diputaciones tendrán la gestión de los trabajadores pero no la titularidad de sus contratos.
Así, los ayuntamientos podrán perder el control de todos o parte de los servicios que brinda. Lo que dejaría algunos de ellos “si no hay ninguna gestión eficiente, con ninguna financiación”, según ha explicado Beteta. Todos tendrán la posibilidad de recuperar sus funciones. Deberán presentar un plan de viabilidad que garantice una adecuada gestión. Aunque para ello deberán pasar cinco años. “Establecimos ese plazo para huir de los ciclos políticos”, ha asegurado Beteta.
El cambio de funciones en las administraciones y la complejidad que supone un entramado de 8.117 municipios, 1.021 mancomunidades, 81 comarcas y miles de entidades menores a los que afecta esta ley siembra dudas acerca de que su aplicación sea factible desde el primer momento. La diputación de Ourense “que ya estaba trabajando en este sentido” llevará a cabo una “prueba piloto” durante este año para garantizar que la puesta a punto del sistema en cuanto la ley entre en vigor. “No va a ser fácil pero es preciso avanzar en la senda del déficit publico”, ha zanjado Beteta.
