Hallan muerto al fiscal que acusó a la presidenta argentina de encubrir el atentado de la AMIA

El fiscal argentino Alberto Nisman, que denunció a la presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento de Irán en el atentado de 1994 contra una mutua judía, fue hallado muerto en el baño de su vivienda de Buenos Aires. Según las primeras informaciones, su cuerpo presentaba un disparo en la cabeza de un revólver de pequeño calibre.

El Ministerio de Seguridad informó en un comunicado que había un arma en el baño: “Junto al cuerpo de Nisman, que se hallaba en el suelo, se encontró un arma de fuego calibre 22, además de un casquillo de bala”.

Fueron los escoltas del fiscal los que se pusieron en contacto con su secretaria en la tarde del domingo porque Nisman no respondía a las llamadas telefónicas. Más tarde, la madre de Nisman se presentó en la casa, acompañada por los policías. “Al intentar ingresar, la mujer constató que la puerta se encontraba cerrada con la llave colocada en la cerradura por dentro”, según la versión oficial, por lo que hubo que llamar a un cerrajero.

Los datos aportados por el Ministerio llevan a pensar en el suicidio como causa de la muerte de Nisman.

El fiscal tenía que comparecer esta misma tarde en la Comisión de Legislación Penal del Parlamento por su denuncia contra la presidenta y varios miembros cercanos al Gobierno, a los que acusaba de haber negociado con Irán la impunidad de los sospechosos por el ataque terrorista a la mutua judía AMIA, que causó 85 muertos.

El fiscal especial de la causa AMIA decía contar con más de 300 CD con grabaciones de conversaciones telefónicas entre las autoridades iraníes y agentes de inteligencia y mediadores argentinos.

Nisman presentó una denuncia penal el pasado miércoles contra la presidenta y el canciller de Argentina, Héctor Timerman, por los delitos de “encubrimiento agravado, incumplimiento de deber de funcionario público y estorbo del acto funcional”.

El oficialismo ha cerrado filas alrededor de la presidenta y ha rechazado la denuncia, en especial la acusación de que el Gobierno argentino intentó que Interpol retirara las circulares rojas que pesan sobre los presuntos autores del atentado tras la aprobación del Memorándum de Entendimiento firmado con Irán en 2013.

Ese memorándum nunca entró en vigor por la negativa del Parlamento a ratificarlo.

“El acuerdo con Irán es un acuerdo absurdo, en el que cedimos facultades y soberanía judicial y no avanzamos en lo más importante: ponerle punto y final a la sensación de impunidad con la que conviven familias argentinas que perdieron amigos y familiares en la causa AMIA”, dijo el líder del Frente Renovador, el peronista disidente Sergio Massa, en declaraciones al diario Clarín.

“El acuerdo de Irán lo denunciamos en su momento porque alejaba la posibilidad de saber la verdad. Era una falta de respeto a la comunidad judía y a los argentinos”, subrayó el alcalde de Buenos Aires por la conservadora Propuesta Republicana (Pro), Mauricio Macri.

El líder socialista Hermes Binner destacó hoy que se trata de una denuncia grave “porque está involucrada la presidenta” y pidió a la Justicia “un profundo y rápido tratamiento”.

La presentación judicial no será evaluada por la Justicia hasta febrero, después de que la magistrada María Servini de Cubría dictaminase el pasado jueves que no interrumpirá el descanso judicial por las vacaciones de verano por considerar que la demanda no se ha acompañado de “elementos probatorios”.

El juez titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 de Buenos Aires, Ariel Lijo, deberá decidir en febrero si admite a trámite la denuncia y si la vincula con la causa AMIA.

El atentado contra la mutua causó 85 muertos y 300 heridos el 18 de julio de 1994, dos años después de que una bomba explotara frente a la embajada de Israel en Buenos Aires y provocara 29 víctimas mortales.

La investigación y la comunidad judía atribuyen a Irán y al grupo libanés Hizbolá la planificación y ejecución de ambos atentados.