Homs alega en el Supremo que “la consulta no se podía suspender”
El exviceconsejero de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, ha declarado este lunes ante el Tribunal Supremo que el Govern no podía suspender la consulta del 9N tras la prohibición del Tribunal Constitucional (TC). “No había forma humana de saber cuál era el alcance de la providencia”, se ha defendido ante las preguntas del fiscal Jaime Moreno.
“La consulta no se podía suspender”, ha dicho, porque se traba de un proceso participativo. “Lo que hacíamos era un proceso participativo, con voluntarios y esas cosas, porque estaba en juego el ejercicio de derechos fundamentales”, ha añadido, que tampoco podía anularse porque la decisión del Constitucional era imprecisa, por lo que decidieron mantener los preparativos: “No podíamos hacer otra cosa”.
El Supremo juzga a Homs por su papel en la organización de la consulta del 9N cuando esta ya había sido anulada por el Tribunal Constitucional. El juicio contra el resto de acusados por esta misma causa, Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, se ha celebrado en la Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque están aforados ante él.
A Homs se le acusa de, en su papel de consejero de Presidencia y como máximo responsable de los servicios jurídicos, articular “una estrategia de desafío completo y efectivo de la suspensión del Tribunal Constitucional” junto con el resto de acusados. Según el Supremo, Homs no suspendió ninguno de los actos previstos para la celebración de la consulta.
El ahora diputado del CDC en el Congreso ha insistido en que la providencia no anulaba el proceso participativo “El TC demostró que era capaz de alterar su agenda para deponer aquello que el Gobierno le pedía en horas”, ha criticado, al tiempo que ha reconocido que la Generalitat recibió la providencia el mismo día en que se acordó.
A partir de ese momento, el Govern pidió, mediante un recursos, “una aclaración” sobre la decisión del tribunal que nunca llegó, ha precisado. Pero no se acordó suspender ninguno de los trámites previstos para celebrar la consulta del 9N: “Sería incongruente”.
Las constantes interrupciones entre Homs y el fiscal han provocado la intervención del presidente de la sala, Manuel Marchena. “No intente usted hacer una glosa sobre la pertinencia o impertinencia de las preguntas del ministerio fiscal”, le ha advertido.
Una carta “legitimando” los trabajos para la consulta
Según la Fiscalía, Homs “impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria”. Para sustentar su acusación, se apoya en que envió una carta a la empresa encargada del soporte tecnológico de la consulta “legitimando” sus trabajos para el 9N y aclarando que no se veían afectados por la decisión del Constitucional.
Homs ha contestado que la providencia no prohibía “expresamente” esos trabajos. “Teníamos la certeza de que eran actuación que se podían llevar a cabo”, ha añadido. También ha admitido que advirtió a la empresa de que “si no cumplían con lo que teníamos contratado”, los servicios jurídicos de la generalitat actuarían en consecuencia.
Una segunda carta compromete a Homs. Tras la celebración de la consulta, el entonces consejero de Presidencia informó al Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) que determinados medios de comunicación no difundieron gratuitamente la publicidad institucional de la Generalitat para la consulta soberanista.
“Si no hubiera hecho esto estaría incurriendo en prevaricación”, ha alegado Homs, que ha asegurado que no entendió que este hecho estuviese anulado por la decisión del Constitucional. El fiscal le ha recordado que el CAC no sancionó a los medios basándose, precisamente, en la decisión del TC.
Actuaría de la misma manera
Durante su declaración, Homs ha insistido que asume todos los hechos de los que se le acusa, incluso de los que no. “Asumo todos los hechos”, ha dicho, y ha añadido que lo que se juzga es si cometió “un ilícito penal”, algo que ha negado.
“Lo hubiera vuelto a hacer”, ha dicho al fiscal, si conociese en ese momento la sentencia del Constitucional que, en 2015, ratificó la ilegalidad de la consulta. Lo haría, ha dicho, utilizando los argumentos del Supremo en su archivo de la querella que presentó contra el gobierno de Mariano Rajoy por incumplir sentencias del TC.
“Ustedes admiten que el Gobierno de España incumple sentencias, pero que como no hace nada para incumplirlas, no es motivo para presentar una querella, un argumentación interesante (...) Si vale este argumento para el Gobierno de España, vale para las instituciones catalanas, si no, sería un trato desigual”, ha explicado.
La defensa de Homs han insistido al inicio del juicio en pedir que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, comparezcan como testigos. El tribunal ha vuelto a rechazar la petición por “no forma parte del objeto de esta causa la opinión institucional acerca de los hechos que se están aquí enjuiciando”.
Ya en el turno de preguntas de su abogada, el diputado catalán ha comenzado haciendo un repaso de los hechos, en los que se ha remontado hasta la aprobación del Estatut en 2006, hasta asegurar que el 9N el Gobierno le ofreció no emprender “actuaciones de ningún tipo” si la Generalitat no daba una rueda de prensa esa noche.
Al terminar el interrogatorio, Marchena ha ofrecido a Homs, que es abogado de profesión, una toga para que se siente junto a su letrada durante el resto del juicio, y asista en esta condición durante los próximos días y no en el banquillo de acusados. Tras aclarar que es abogado no ejerciente, ha aceptado.
