La obsesión de González por no ser grabado costó a Madrid 117.000 euros en teléfonos cifrados pero no evitó las escuchas
El teléfono móvil que Ignacio González entregó el pasado miércoles a los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil cuando lo arrestaron en su chalet de Aravaca ha sido clave en la investigación de la Audiencia Nacional que ha mandado al expresidente madrileño a una celda de presos comunes en la prisión de Soto del Real.
Las conversaciones que González, una vez que salió de la Comunidad, mantuvo con sus socios, amigos y testaferros, y los mensajes que envió ocupan decenas de páginas en el sumario de la Operación Lezo, que desmanteló una “organización criminal” en la que también estaba su hermano, Pablo, su cuñado, y varios de los directivos de confianza en la empresa pública.
Las escuchas telefónicas incorporadas al caso lo delatan buscando fórmulas para blanquear dinero junto al exministro Eduardo Zaplana, según los autos judiciales, y también han sido claves para descubrir que la investigación había tenido fugas y chivatazos.
González ha caído hablando por teléfono, pese a las obsesivas cautelas que durante la última década había adoptado para preservar sus comunicaciones y las de los miembros de su Gobierno. Las guerras intestinas en el PP de Madrid hicieron aflorar varios casos de espionaje, que todavía se investigan en los tribunales, en el que el bando de Francisco Granados, acusaba a González de pagar por realizarle seguimientos y dosieres, y viceversa.
En ese contexto, quien fue el vicepresidente de Esperanza Aguirre ideó un sistema de teléfonos prepago en 2007 que obligaba a los consejeros del Gobierno a cambiar de móvil cada semana y exigía que las comunicaciones entre altos cargos se hicieran a través de esos aparatos seguros. Varios de los consejeros decidieron guardar esos móviles en los cajones y no hacer uso de ellos. Con el paso de los años, los teléfonos se cambiaban cada 15 días.
Cada consejero que recibía un aparato tenía en la memoria los números nuevos de sus compañeros de gabinete. El sistema se dejaba en manos de un pequeño grupo de funcionarios de la máxima confianza de Ignacio González, quien ya había sido grabado en un viaje sospechoso a Cartagena de Indias, Colombia, precisamente en compañía de quien ahora los investigadores señalan como su testaferro, Edmundo Rodríguez, el hombre del Canal de Isabel II en Latinoamérica.
Cuando González sustituyó a Esperanza Aguirre en la presidencia de la Comunidad, extremó todavía más esas cautelas y a través de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), contrató un sistema en 2013 con el objetivo de encriptar los teléfonos que costó a las arcas públicas 117.394 euros, según adelantó la cadena SER.
Para sufragar su coste, la agencia pública ICM, que llegó a manejar presupuestos anuales de más de 200 millones de euros y con unos controles de gasto más laxos que el Gobierno regional, pidió tres ofertas y acabó adjudicando el contrato a su proveedor favorito, Indra, una empresa habitual cuando se trata de hacer favores al PP que tiene a altos directivos imputados por la Operación Lezo y antes por el sumario Púnica.
Para no dejar rastro, el expediente de contratación de los teléfonos encriptados fue declarado confidencial por el consejero de Presidencia y mano derecha de González en el Gobierno, Salvador Victoria. Todo ese gasto estuvo rodeado de un enorme secretismo en el Gobierno y tuvo fecha de caducidad.
Cuando el presidente del PP, Mariano Rajoy, eligió en marzo de 2015 a Cristina Cifuentes como candidata para la Comunidad en sustitución de González, el Gobierno regional canceló el contrato con Indra. La explicación oficial alegó que ya había en el mercado dispositivos que garantizaban la seguridad de las comunicaciones.
González pasó después a la actividad privada. Abrió un bufete de abogados en el centro de Madrid y empezó a facturar por artículos al periódico La Razón. En la vida civil intensificó sus negocios y descuidó sus rutinas con el teléfono. La Guardia Civil ya le estaba grabando.
