Ignacio González pidió sacar otro millón de euros del Canal de Isabel II para financiar el PP de Aguirre
Ignacio González se encontró con un grave inconveniente cuando Esperanza Aguirre le entregó el 23 noviembre de 2011 la llave de la secretaría general del PP de Madrid. Su antecesor en el puesto, compañero de Gobierno y enemigo íntimo, Francisco Granados, no solo había dejado la caja vacía, sino que también había generado importantes deudas en las campañas de las autonómicas y municipales de ese año.
El contexto no era propicio para Aguirre y González en la batalla interna del PP: Mariano Rajoy venía de ganar las elecciones generales con mayoría absoluta a Alfredo Pérez Rubalcaba tres días antes y la presidenta de Madrid había impuesto un cambio de rumbo en su formación con la defenestración definitiva de quien había sido mano derecha en el Gobierno y el partido.
Poco después de acceder a su nuevo despacho, González comprobó que en la lista de facturas por pagar del PP regional había empresas de sondeos como Demométrica, a la que se debían 20.000 euros; una consultora electoral –SWAT, habitual de las campañas electorales del PP y vinculada a la red Gürtel– que reclamaba facturas por otros 90.000, y una larga lista de proveedores a la cola para cobrar.
El sumario de la Operación Lezo, que envió el pasado viernes a prisión al expresidente madrileño, acusado de urdir una organización criminal y de una ristra interminable de delitos, revela cuál fue el plan de González para enjugar las deudas. Como vicepresidente del Gobierno de Aguirre, reclamó al entonces consejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, que inflase contratos con proveedores para obtener “en torno a un millón de euros” para sanear las cuentas del Partido Popular.
Una fuente clave en la investigación que coordina el juez Velasco ha revelado a eldiario.es que esa petición se realizó en un despacho de la Asamblea de Madrid el 7 de junio de 2012 y que Martínez Nicolás no fue el único directivo de una empresa pública que recibió la instrucción. A la cita acudió también un alto cargo del Canal de Isabel, que la fuente de eldiario.es no ha querido identificar, y a quien Ignacio González realizó el mismo encargo.
La presencia de ese segundo directivo del Canal, al que González le pidió recaudar otro millón de euros para trasvasar al PP, no figura en los autos judiciales que el magistrado Eloy Velasco ha dictado en las últimas horas.
Una fuente conocedora de aquella reunión asegura que los dos directivos de las empresas públicas salieron pálidos de la Asamblea de Madrid por lo que implicaban las órdenes que González les había transmitido. El vicepresidente de la Comunidad, secretario general del PP de Madrid, y hombre de confianza de Aguirre, les había pedido directamente que robasen para el PP.
En el sumario de Lezo abundan las evidencias de que al menos la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid hizo los deberes. Según contó un exdirectivo de la agencia pública en la Audiencia Nacional, para llevar a cabo el encargo de González fue clave el papel de la multinacional Indra, una de las principales contratas que recibió millones de euros en adjudicaciones de ICM en los últimos años, y también la consultora PWC.
El relato que hace el juez Velasco en el auto que ha enviado a prisión a Ignacio González concluye que Martínez Nicolás -ahora acusado de graves delitos y que tendrá que pagar una fianza de 100.000 euros para evitar la cárcel- hinchó presupuestos de determinados proveedores para lograr liquidez para el partido.
Los informes policiales revelan que solo de Indra, salieron 700.000 euros para pagar trabajos que el PP de Madrid contrató a nueve proveedores de sus campañas como las consultoras Swat y Sintra o empresas de publicidad como Troyano Marketing y Diseño o Braveheart Management.
El caso Púnica, otro de los sumarios que indagan sobre la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid, ya sacó a la luz en su día cómo los altos cargos del Gobierno de Madrid daban órdenes a la empresa tecnológica para que afrontasen los gastos del PP.
Indra dobló el precio del recuento electoral en 4 años
A fin de cuentas Indra había facturado cantidades millonarias a la Comunidad a través de la Agencia Informática, que le encomendó el recuento de las elecciones en Madrid en 2007, 2011 y 2015. El primero de los contratos fue de 1,5 millones de euros y cuatro años más tarde el presupuesto de la adjudicación que ahora se investiga en el caso Lezo se duplicó hasta los tres millones, pese a que el pliego de condiciones era muy similar. En los comicios de 2015 ICM había preadjudicado de nuevo a Indra el recuento electoral en Madrid por 4,45 millones de euros pero la detención en la Operación Púnica del consejero delegado, José Martínez Nicolás, frustró el contrato.
Su sucesor Blas Labrador, decidió cancelarlo ante las protestas del partido UPyd en la Asamblea regional donde llevaba meses denunciando la corrupción en la Agencia Informática. Al final la Comunidad de Madrid acabó pagando por el mismo trabajo dos millones de euros al Ministerio del Interior, que tradicionalmente ya venía prestando ese servicio en elecciones a la gran mayoría de comunidades autónomas.
Las relaciones de Indra, ICM y el PP vienen de lejos. A Santiago Roura, entonces director general de la multinacional, hasta que fue imputado en Púnica, lo fotografió la Guardia Civil cuando entregaba 10.000 euros en un aparcamiento de la lujosa urbanización de La Moraleja, al noreste de Madrid, al conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro. Estaba pagando trabajos para mejorar la reputación en Internet de cargos del PP madrileño.
Los investigadores del caso Lezo también siguen ahora el rastro de las distintas operaciones del Canal de Isabel II para comprobar si el dinero de algunas inversiones en el extranjero acabaron también en las arcas del Partido Popular.
El foco sigue puesto en la ruinosa compra de la empresa de ingeniería Emissao en la que una filial internacional del Canal de Isabel II invirtió 31 millones de euros pese a que su valor contable meses después fue de solo cinco. Tanto Velasco como los fiscales de Anticorrupción han mirado con lupa esa adquisición, pero el magistrado sostiene en los autos de prisión que ha entregado a los principales imputados que de momento no hay evidencias del desvío del dinero hacia el PP o el patrimonio particular de González y su familia, pese a que algunos de los fondos acabaron a través de intermediarios en cuentas suizas.
